Laboral

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO


ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN,
CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO*

Juan García Vara

A priori

Sumario

1.- Objeto.
2.- Ámbito de Aplicación.
3.- Consulta y Participación.
4.- Disposiciones Transitorias, Derogatorias y Finales: 4.1 Transitorias. 4.2 Derogatorias. 4.3 Finales.
5.- Innovaciones.
6.- Impacto Económico. 6.1 Cotizaciones. 6.2 Adecuación. 6.3 Indemnizaciones.  6.3.1 Discapacidad temporal. 6.3.2 Discapacidad  parcial permanente. 6.3.3 Discapacidad total permanente para el trabajo habitual. 6.3.4 Discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de actividad laboral. 6.3.5 Gran discapacidad. 6.3.6 Muerte. 6.3.7   Violación de la normativa legal sobre seguridad y salud en el trabajo. 6.3.8 Secuela o deformaciones permanentes. 6.4 Multas. 7.- Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales. 7.1 Definiciones. 7.1.1 Accidentes de trabajo. 7.1.2 Enfermedad Ocupacional. 7.1.3 Secuelas o Deformidades Permanentes. 7.1.4 Discapacidades en los casos de accidentes de trabajo o de enfermedades ocupacionales. 7.2 Accidente in itinere. 7.3 Declaración del accidente y la enfermedad. 7.4 Calificación del origen profesional. 7.5 Revisión de la calificación.
*(Esta colaboración fue publicada parcialmente
en edición del Tribunal Supremo de Justicia)

Conclusiones.
A PRIORI:

Con el fin de precisar el alcance de los criterios expuestos en este trabajo, resulta apropiado resaltar que el mismo está referido a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.236, de fecha 26 de julio de 2005.

Igualmente, aplicando la aclaración de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo[1], al referirnos en este trabajo a personas naturales –trabajador- y jurídicas –empleadores- en masculino, debe comprenderse en sentido genérico y, por tanto referido  también en sentido femenino –trabajadoras y empleadoras. 

Donde se lee “Ley” y “LOPCYMAT” y en las notas al pie que sólo indican el número de un artículo, y no se haya hecho la apropiada observación en el texto de este trabajo, están referidas, en todos los casos, a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, vigente.

Se hace necesario señalar que al momento de redactarse este trabajo no se ha(n) decretado el(los) Reglamento(s) a que alude la LOPCYMAT.


 1. OBJETO.

            El objeto de la LOPCYMAT viene establecido en la misma [2], señalándolo claramente. En tal sentido, presenta cuatro grupos de objetivos a conseguir con dicho texto laboral.

En este orden de ideas, precisa como objetivos el establecimiento de instituciones, normas, lineamientos y órganos que garanticen a los trabajadores sus derechos sobre condiciones de trabajo, los relativos a seguridad y salud, así como los programas necesarios para garantizar la recreación en el tiempo libre, esto es, fuera de la jornada.

Adicionalmente dicha Ley persigue como objetivo velar por el bienestar del ambiente de trabajo, que contempla la realización de las labores dentro de las condiciones que permitan ejercer con seguridad las facultades físicas y mentales del trabajador, que incluye todo un programa para prevenir –evitar- los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales y, para el caso de que ocurran estos, su reparación.

Además, en el contenido de la Ley  se consideran –a los fines de evitar que ocurran los accidentes de trabajo o las enfermedades ocupacionales y se logre el aprovechamiento del tiempo libre o fuera de las jornadas de trabajo- toda una regulación de los derechos y deberes de trabajadores y empleadores, que incluyen el desarrollo de los derechos comprendidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, estableciendo las sanciones, responsabilidades y consecuencias jurídicas, tanto para trabajadores como para los dadores de trabajo, en caso de incumplimiento de la normativa  contenida en la LOPCYMAT.

La Ley trata, además, lo relativo a la responsabilidad material y objetiva del empleador en los casos en que ocurran accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, regulando también la carga de esa responsabilidad en los representantes legales del patrono.

Como puede advertirse, el legislador en esta materia abarcó como objetivos –principalmente- la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, y, adicionalmente, el desarrollo de los principios constitucionales y legales sobre esta materia y los programas de recreación, la responsabilidad de las empleadoras y de sus representantes legales y los organismos y entes encargados de garantizar los derechos de los laborantes en el ámbito de la prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo.

Pero suplementariamente, el texto normativo contempla un pronunciamiento determinante e indubitable, en el sentido de establecer que las disposiciones de la LOPCYMAT son de orden público[3], no pudiendo ser modificadas por las partes –trabajadores y empleadores- salvo que acuerden mayores beneficios y que éstos no modifiquen el “Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”[4].

En resumen, en nuestro criterio, de todos los objetivos señalados en precedencia, el que da vida y justificación a la Ley, sin desmeritar los otros, es la promoción del trabajo seguro, con la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, pudiéndose afirmar, sin lugar a dudas, que es el patrono quien debe crear un medio ambiente de trabajo seguro, que evite los accidentes de trabajo e impida las enfermedades ocupacionales.


2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El legislador estableció un amplio ámbito de aplicación en el sector público y privado[5], casi total, con algunas excepciones, entre las que se cuenta a los miembros de la Fuerza Armada Nacional[6], por tener éstos un régimen de seguridad social integral propio a establecerse en su ley orgánica y, además, porque no puede establecerse un régimen de accidentes de trabajo o enfermedad ocupacional en una actividad destinada a defender, entre otros, la integridad nacional, que puede involucrar, en ocasiones, estados de guerras.

            En tal sentido incluyó  en la aplicación de la LOPCYMAT a todos los trabajadores que prestan labores en relación de dependencia con un patrono, cualquiera sea la naturaleza de la prestación y el lugar donde se lleva a cabo la misma en el espacio territorial, sin discriminar el interés o fin del empleador, esto es, si persigue o no con la labor del trabajador un lucro o provecho económico, tanto para las empresas constituidas para el momento de la vigencia de esta Ley, como para aquellas que surgieran posteriormente

También contempla el legislador que esta Ley es de aplicación obligatoria en aquellas tareas cuyo patrono revista la condición de actividad pública –nacional, regional, municipal-, en cuyo caso, estos organismos están obligados por esta Ley a cumplir las condiciones en ella establecidas y asumen la responsabilidad de acuerdo con lo establecido en esta normativa. No existe en materia de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo discriminaciones o desigualdades entre un trabajador del sector privado y otro del sector público, salvo las excepciones puntuales establecidas en al Ley.

Se incluye entre los sectores que deben aplicar la Ley, los relativos a los trabajadores a domicilio, los domésticos y los de conserjería, sólo que en estos casos, por prestarse la labor en el sitio que prácticamente sirve de hogar al laborante, resulta para el patrono difícil la supervisión, control y prevención durante 24 horas de cada día, para poder precisar si el accidente es de trabajo o de otra naturaleza, si ocurrió dentro de las horas de la jornada o fuera de ella, si hubo o no culpa de la víctima, si se observaban o no las normas de prevención y condiciones de trabajo.

Abraza de igual forma la LOPCYMAT la actividad llevada a cabo por trabajadores no dependientes a que alude la LOT, siempre y cuando “sea compatible con la naturaleza de sus labores”, porque, como hemos reseñado supra, se presenta compleja la supervisión para precisar si se cumplen o no las normas de prevención y condiciones de trabajo; resulta, para el que recibe el producto de la labor, difícil la supervisión y la imposición de normas que impidan ocurran los accidentes de trabajo o las enfermedades ocupacionales.

Por último, se incluyen como sujetos de esta Ley, quienes presten servicios en cooperativas u otras formas asociativas, comunitarias, de carácter productivo o de servicio.


3. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

            La ley se refiere a dos derechos-deberes: el de consulta y el de participación[7]; para  ser desarrollados en los organismos públicos y privados en los que se aplican las disposiciones de la LOPCYMAT.  

Ésta establece como uno de sus principios básicos el derecho-deber de los destinatarios de la misma –trabajadores, empleadores y organizaciones que agrupan a éstos- en  los lugares que se desempeñan –organismos públicos y privados con atribuciones en la Ley- a ser consultados sobre la aplicación de la normativa que integra la Ley, pero también establece como un derecho-deber de ser consultados y participar –trabajadores, empleadores y organizaciones que agrupan a éstos- en la “formulación, puesta en práctica y evaluación” de la política sobre seguridad y salud en el trabajo, a nivel nacional, estadal, municipal y por rama de actividad, según se trate, y en la vigilancia de los organismos públicos que están encargados del cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

            También constituye un derecho-deber de los trabajadores, empleadores y organizaciones que los agrupan, ser consultados y participar  en la planificación, ejecución y evaluación de los programas para la prevención y promoción de las empresas donde prestan el servicio.

            Ahora bien, estos principios de consulta y participación deben desarrollarse en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo[8] y en el  Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los términos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

            La participación de los trabajadores se lleva a cabo mediante “delegados de prevención”, que serán los representantes de aquellos en el Comité de Seguridad y Salud Laboral, designados mediante los mecanismos democráticos de elección establecidos en la presente Ley.     Estos delegados tendrán las atribuciones y facultades que estableció el legislador y gozarán de protección y garantías, que incluyen la inamovilidad[9]; además tendrán obligaciones adicionales a las indicadas en precedencia, como las contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, cuya trasgresión pudiera acarrear el despido justificado. El número de delegados de prevención en cada empresa, explotación o establecimiento será establecido por el reglamentista, tomando en cuenta para ello varios factores, que representen una conformación integrada por trabajadores de todas las áreas, localidades, peligrosidad de las labores y turnos de trabajo. A los fines de la determinación en el Reglamento de la Ley, el legislador estableció límites mínimos y máximos de los delegados a ser electos en cada centro de trabajo. La participación de los empleadores en este Comité de Seguridad y Salud Laboral se materializa mediante la designación por éstos de sus representantes, en un número igual a los delegados de prevención que representan a los trabajadores.

            También podrán acudir a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud Laboral –con voz, sin voto- delegados sindicales, personal adscrito al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, trabajadores cuya presencia sea necesaria para un determinado asunto, y, asesores, cuando, en este último caso, lo solicite alguna de las representaciones, la de los trabajadores o bien la de los empleadores


4. DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES

4.1 TRANSITORIAS

Se acuerda transferir al Instituto  Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales –en un plazo máximo de 6 meses a partir de la publicación de la Ley en la Gaceta Oficial, que venció el 26 de enero de 2006-, “las funciones de vigilancia y control del área de seguridad y salud en el trabajo y de condiciones y ambiente de trabajo” que estaban encargadas a otros organismos de la administración pública, “con excepción de las Unidades de Supervisión del Ministerio con competencia en materia de trabajo”[10].
 
Los funcionarios del Sistema de Seguridad Social se regirán por la Ley del Estatuto de la Función Pública, mientras no se dicta la ley especial que los tutele –Estatuto Especial de la Carrera del Funcionario del Sistema de Seguridad Social[11].

            Se trasferirán al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales –en un plazo máximo de 6 meses a partir de la publicación de la Ley en la Gaceta Oficial, que venció el 26 de enero de 2006- los recursos humanos y los bienes muebles e inmuebles de los organismos de la administración pública encargados de la vigilancia y control de las condiciones  y ambiente de trabajo, salvo las unidades de supervisión del hoy Ministerio del Trabajo[12].

            Continua vigente el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo[13], así como otras normas que no contradigan esta Ley, hasta que se dicte el Reglamento de la LOPCYMAT, acordando un plazo hasta el 26 de julio de 2006 para dictar las normas técnicas en materia de “seguridad y salud en el trabajo”[14].

            Se continua con la obligación para los empleadores , hasta que sea creada la Tesorería de Seguridad Social, de cotizar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en las mismas condiciones establecidas en la Ley del Seguro Social y en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social; asimismo los afiliados continuarán recibiendo las prestaciones contenidas en dichos textos legislativos[15].

            Se mantienen vigentes los artículo del 560 al 585 del Título VIII de la Ley Orgánica del Trabajo, en lo que no contraríe lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, hasta tanto se solicite expresamente su derogatoria, luego que conste el pleno funcionamiento de la Tesorería de Seguridad Social, a que alude esta Ley[16]

            Se atribuye a los Juzgados Superiores del Trabajo, actuando como primera instancia, la competencia por la materia, para decidir los recursos contenciosos administrativos contemplados en la presente Ley. La competencia por el territorio viene dada por la circunscripción judicial del Tribunal Superior donde se encuentra ubicado el ente que dictó el acto administrativo contra el cual se acciona[17].

            La decisión dictada en primera instancia por el Tribunal Superior del Trabajo tendrá recurso ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.
           
            Sobre el punto relativo al recurso, somos del criterio, aunque no lo indica así la disposición legal, que se trata de una apelación por ante el Tribunal Superior del Trabajo para ante la Sala y no el ejercicio de un recurso de control de la legalidad, ni un recurso de casación, con lo cual se mantiene el principio de la doble instancia, que caracteriza a nuestro ordenamiento jurídico procesal.

            Se contempla en estas disposiciones transitorias que los empleadores seguirán para su orientación los criterios universales aceptados sobre salud, higiene, ergonomía y seguridad en el trabajo, hasta tanto se establezcan las normas para la “elaboración, implementación, evaluación y aprobación de la política y programa de seguridad y salud en el trabajo”[18].

            En materia de privación de la libertad por no informar el patrono el fallecimiento de un trabajador, con ocasión de un accidente de trabajo –omisión-, o si se trata de haber suministrado datos o informado o presentado pruebas falsas en la declaración de un accidente de trabajo o de enfermedad ocupacional al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales –información falsa-, hasta tanto no se reforme el Código Penal, se establece una pena de uno a dos años, independientemente de las multas que se impusieren[19]

            Sobre la aplicación de la pena de privación de la libertad, el legislador omitió referirse sobre el caso donde se omita informar sobre el fallecimiento de un trabajador debido a una enfermedad ocupacional, pero pensamos que pudiera asimilarse a la omisión del fallecimiento por causa de accidente de trabajo.

            La competencia para condenar privando de la libertad, corresponde únicamente al Tribunal con competencia en materia penal; mientras que la imposición de la multa es atribución del órgano administrativo correspondiente.
           
            Por último, se establece, como otra disposición transitoria, que en los casos de elección de los delegados de prevención, hasta tanto no se dicte el Reglamento de la Ley, se designará el número de ellos por el mínimo establecido en el artículo 41 de esta Ley, según se trate, como referimos supra[20].
           

4.2 DEROGATORIAS

Contempla la Ley tres disposiciones derogatorias:

            Una, referida a la abrogación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo publicada en al Gaceta Oficial N° 3.850 Extraordinario de fecha 18 de julio de 1986; y de cualquier otra disposición, legal o reglamentaria –y  agregaríamos: o por convenio entre las partes- en materia de seguridad y salud en el trabajo, que contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley.

            También resulta derogada la Ley del Instituto de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), publicada en el Gaceta Oficial N° 24.487 del 09 de julio de 1954. Esta Ley deviene suprimida porque, como hiciéramos referencia al tratar el objeto de la LOPCYMAT, también se ocupa de la recreación de los laborantes en el tiempo libre y fuera de la jornada, asumiendo esta Ley la materia contenida en aquella, –la derogada.

            Como tercera disposición derogatoria, contempla la abrogación de los artículo 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, publicada en al Gaceta Oficial N° 5.292 Extraordinario de fecha 25 de enero de 1999, relativos todos a las empresas de trabajo temporal (ETT).

            Por último, alude concretamente a las empresas de trabajo temporal registradas ante la autoridad competente, declarando “la condición de intermediarias” de éstas, esto es, considerarlas patrono en la relación de trabajo[21].

            Independientemente que estemos de acuerdo en que  por lo regular o generalmente las empresas de trabajo temporal son intermediarios, no entendemos por qué hubo de ubicarse esta consideración en las disposiciones derogatorias de esta Ley. Pero ahí está.


4.3 FINALES

En primer lugar, se acuerda el establecimiento por el Ejecutivo Nacional de una política de créditos para el financiamiento de inversiones destinadas al mejoramiento de las condiciones y ambientes de trabajo, en cuyo caso, pensamos, todos los empleadores tienen derecho a aspirar al otorgamiento de ese crédito, porque, visto por el fin perseguido, va directamente en favor de los prestadores de servicio, y a su vez, a favor del patrono que ve protegidos sus trabajadores.

En segundo término, se establece la vigencia de la Ley a partir de su publicación en la Gaceta Oficial –26 de julio de 2005-, salvo las disposiciones relativas a las prestaciones dinerarias a cargo de la Tesorería de Seguridad Social, hasta que ésta se ponga en funcionamiento.


 5. INNOVACIONES

            Por lo que se refiere a las innovaciones, comparando la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de fecha 18 de julio de 1986 –hoy derogada- con la LOPCYMAT de fecha 26 de julio de 2005, encontramos que en la vigente se adicionan varias materias que la complementan, entre los cuales podemos anotar:

            Se incluye en su contenido lo relativo a la recreación de los laborantes, tanto en su tiempo libre dentro de la jornada, como en su tiempo fuera de la jornada, incluyendo el turismo social, lo que justificaría, en nuestro criterio, la derogatoria de la Ley del Instituto de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET).

Se crean organismos y normativas especiales, que sustituyen al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y a la Ley del Seguro Social Obligatorio,

Se establece un mandato para incorporar en la política nacional de seguridad y salud, entre otros, aspectos relativos a normas sobre el tiempo libre, descanso y turismo social a nivel nacional, regional, municipal y local; la formación, educación y comunicación en relación con la seguridad y salud en el trabajo; promoción de organizaciones de trabajadores, empleadores y trabajadores con discapacidad laboral; amparo de los trabajadores que actúen en defensa de sus derechos laborales; igualdad de oportunidad para las trabajadoras, impidiendo las discriminaciones; protección de los niños, adolescentes y aprendices, garantizando el desarrollo de sus capacidades; adopción de medidas en las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y asociaciones comunitarias, para mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo; adopción de métodos para el control y vigilancia epidemiológicos.

Se establece una conformación del régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo, integrado por organismos públicos, encargados de la supervisión e inspección de los sitios donde se presta la labor.

Se contempla un régimen de cotizaciones a cargo exclusivamente del patrono, quedando liberado el laborante de cotizar para su seguridad social.

Acuerda esta Ley del 26 de julio de 2005, un lapso de prescripción de cinco años para reclamar las prestaciones –ante la Tesorería de Seguridad Social- e indemnizaciones –ante el empleador- por accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. El hecho contradictorio surge porque en el proyecto de la Ley Orgánica del Trabajo, aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional y la presentación para la segunda discusión a llevarse a cabo en el curso del año 2006, se contempla una prescripción para los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales de diez años.

Otra de las innovaciones consiste en cambiar en las enfermedades el término profesional por ocupacional, lo cual, en nuestro criterio, resulta más apropiado, se ajusta más a la realidad, por varias razones, entre las que se destacan: las enfermedades no surgen por el ejercicio de una profesión, sino por desarrollar una ocupación, aunque ésta incluya a aquella; pareciera que se califican a las enfermedades como profesionales, cuando no existen enfermedades inexpertas, ineptas o incompetentes; quizá la más importante de las razones es que el término profesional surge de la elaboración de una lista o rol que clasificaba las enfermedades profesionales, de acuerdo con los agentes determinantes –físicos, químicos y biológicos-, pero cualquiera que fuera la razón adoptada, siempre se concluye que la enfermedad se origina por el desempeño de una ocupación con ocasión del trabajo.

En el aspecto jurisdiccional, luego de haberse logrado por doctrina de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia[22] excluir de la competencia por la materia de los Juzgados del Trabajo las nulidades de los actos administrativos, se atribuye a los Juzgados Superiores del Trabajo la competencia por la materia, actuando como primera instancia, aunque temporalmente, mientras se crea la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social, para decidir los recursos contenciosos administrativos contemplados en la presente Ley, como se refirió supra.

Otra innovación es que la Ley le da el carácter de “documento público” al informe que emana del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, que califica el origen del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional, con lo cual se abandona el criterio de que los informes sobre los motivos, causas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional eran simples “documentos administrativos con carácter público”.


6. IMPACTO ECONÓMICO

            Representa un aspecto importante dentro de la puesta en vigencia de la Ley, el impacto económico de la misma en la parte patronal o empresarial.

            Las cargas económicas establecidas en la Ley están representadas por las cotizaciones, la adecuación de las instalaciones, las indemnizaciones y las multas.

6.1 COTIZACIONES

            El artículo 7 de la LOPCYMAT establece de manera clara y determinante, que la cotización para el régimen prestacional es exclusivamente por cuenta del empleador. No contempla la Ley una forma de cotización compartida entre laborante y dador de trabajo, ni siquiera bajo distinta proporción.

La cotización sólo es por cuenta de la persona –natural o jurídica- que recibe el resultado del servicio, bien se trate de un empleador que mantiene una actividad con o sin fines de lucro, una cooperativa u “otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio”.

El monto de la cotización que deberán enterar las personas indicadas en precedencia  esta representado por un porcentaje del ingreso del trabajador, el cual no podrá ser inferior al 0,75% del mismo, hasta el 10%. Cuando se trata de cooperativas u otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios, el porcentaje se aplicará a la renta que obtenga el socio.

También puede constituir un impacto económico para el empleador, cooperativa o asociación comunitaria de carácter productivo o de servicios, los programas dirigidos a la utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, aunque en este caso concreto éstos, en la contratación colectiva, podrán acordar formas de financiamiento, conjuntamente con los trabajadores.

            El incumplimiento en el pago de las cotizaciones acarrea para el infractor la imposición de una multa, como se determina infra.


6.2 ADECUACIÓN DE INSTALACIONES

            La persona natural o jurídica que recibe el producto de la labor del trabajador, está obligada a mantener las condiciones necesarias para que la labor se preste en óptimas circunstancias, con el menor riesgo posible, de manera que el escenario, entorno, medio de trabajo y ambientes de trabajo sean de la aprobación del órgano respectivo.

            Para la consecución de tales fines, debe el empleador adecuar y acondicionar los sistemas de trabajo, la maquinaria y herramientas a las características de las condiciones intrínsecas de los trabajadores y de los cargos o funciones a desarrollar en donde se presta la labor, mediante los estudios técnicos que sean necesarios, para adecuar y actualizar los existentes y programar los nuevas actividades de trabajo.

            Todo ello conlleva al diseño de nuevos programas que garanticen la seguridad y salud de los prestadores de servicio, avalados por el Ministerio con competencia en la materia, que permitan la identificación de las condiciones de trabajo, la evaluación de la inseguridad y el control de las condiciones.

Ahora bien, la adecuación de las instalaciones requiere de una inversión por parte del empleador, cooperativa u otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios, comprometiéndose  el Ejecutivo Nacional –en la Ley, disposiciones finales- a establecer una política de créditos para el financiamiento de estos gastos.

Por último resulta imperativo hacer alusión a la circunstancia de que en la adecuación, el empleador está obligado a seguir las normas aprobadas por el organismo público con competencia en la materia de seguridad y salud en el trabajo.


6.3 INDEMNIZACIONES.

            Las indemnizaciones que correspondan al trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, se conceden independientemente del número de cotizaciones que se hayan enterado a nombre del laborante. El monto de la pensión no se mermará por la inflación, pues deberá adecuarse a la tasa de inflación, de manera que el trabajador suspendido no pierda la capacidad adquisitiva para la satisfacción de sus necesidades básicas.

Las indemnizaciones de que trata la Ley se pagan en moneda nacional y en el territorio de la República.

Las indemnizaciones han sido clasificadas por el legislador en varias categorías, dependiendo del daño sufrido por el trabajador “afiliado”, debido a un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional.

            En tal sentido las ha catalogado así: Discapacidad temporal, discapacidad parcial permanente, discapacidad total permanente para el trabajo habitual, discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de actividad, gran discapacidad y, por último, la muerte.

            No nos ocuparemos en esta parte del trabajo de opinar sobre las características de cada daño, sino sobre la indemnización que en cada caso corresponde por un determinado daño, concebidas por el legislador.


6.3.1 DISCAPACIDAD TEMPORAL

            Cuando el trabajador, como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, sufra un daño que le produzca una  discapacidad  temporal, la relación de trabajo queda suspendida, como se contempla en la Ley Orgánica del Trabajo, por el tiempo que dure la incapacidad. El legislador no distinguió entre parcial y total, por lo que debemos entender que comprende ambas.

            En estos casos, le corresponde al trabajador incapacitado una prestación en dinero, equivalente al cien por ciento (100%) del salario referido en la cotización que hace el patrono; más un cincuenta por cien adicional, en el caso previsto por el artículo 79. Este salario será pagado durante los primeros tres días por el empleador, incluyen todos los beneficios socioeconómicos que le hubiesen correspondido de estar prestando la labor;  a partir del cuarto día inclusive, la indemnización corre por cuenta de la Tesorería de la Seguridad Social, con cargo a los fondos del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si por la incapacidad el trabajador deba recibir atención constante de otra persona, la indemnización se incrementará hasta un cincuenta por ciento.

            El tiempo durante el cual se deba pagar la indemnización dependerá de la rehabilitación, readaptación, curación, discapacidad permanente o muerte; pero, salvo por la muerte, el período de suspensión será hasta de un año, pudiendo extenderse por otro lapso igual.

            Cuando el patrono adelante a los trabajadores el pago de prestaciones diarias por discapacidad temporal, tiene derecho a recibir del laborante los reembolsos de los pagos que después le hagan a éste, con ocasión del pago de la indemnización por el accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional.


6.3.2 DISCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE

La discapacidad parcial permanente es aquella que incapacita al trabajador, como consecuencia del accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional, física o intelectualmente para el trabajo que venía desempeñando, en un porcentaje menor al sesenta y siete por cien (67%).

En estos casos de discapacidad parcial permanente, si ésta no supera el veinticinco por cien (25%) de la capacidad física o intelectual, la indemnización está representada por un pago único, al cual tiene derecho el trabajador desde el momento que se inicia la relación de trabajo. 

Para obtener el monto en dinero del pago único, se multiplica el porcentaje de incapacidad por el valor de cinco anualidades del último salario referido en la cotización que hace el patrono.

            Si supera el veinticinco por cien (25%), pero no excede del sesenta y siete por cien (67%), la indemnización está representada por catorce (14) mensualidades anuales, de manera vitalicia, a determinarse multiplicando el porcentaje de incapacidad por el último salario referido en la cotización que hace el patrono; pero no desde la fecha de inicio del vínculo de trabajo –como se expreso en el caso precedente-, sino a partir que termine la discapacidad temporal y se convierte en permanente.


6.3.3 DISCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE PARA EL TRABAJO HABITUAL

            En los casos de discapacidad total permanente para el trabajo habitual, el trabajador, por causa de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, pierde la capacidad física, intelectual o ambas, en un porcentaje superior o igual al sesenta y siete por cien (67%), para desempeñar la ocupación u oficio habitual, pero manteniendo la capacidad para ocuparse de otras tareas de carácter laboral.

            En estos casos el patrono deberá reinsertar al trabajador en otro cargo en la misma empresa donde sufrió el accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional.

            Mientras ello no ocurre, el trabajador recibirá como indemnización el cien por cien (100%) de su salario referido en la cotización que hace el patrono. Al producirse la reinserción laboral, el monto recibido por indemnización –100%- se reducirá al porcentaje real de la discapacidad y se procederá conforme está establecido en la Ley.


6.3.4 DISCAPACIDAD ABSOLUTA PERMANENTE PARA CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD LABORAL
           
Si estamos frente a una discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de actividad laboral, es porque el trabajador ha disminuido total y permanente su capacidad física o intelectual, o ambas, con ocasión de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, en un porcentaje igual o superior al sesenta y siete por cien (67%).

En este caso la indemnización para el trabajador está representada por un monto equivalente al cien por cien (100%) del salario referido en la cotización que hace el patrono, pagadera en catorce (14) mensualidades por año.


6.3.5 GRAN DISCAPACIDAD

Cuando el trabajador, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional, se ve obligado a auxiliarse de otras personas “para realizar los actos elementales de la vida diaria” –comer, asearse, trasladarse-  estamos frente a una gran discapacidad. En estos casos el trabajador tiene derecho a recibir las indemnizaciones contempladas en los artículos 79 y 82 de la Ley y, además, una suma adicional de hasta el cincuenta por cien (50%) de la prestación que representan las disposiciones mencionadas supra.

Si por la calificación de gran discapacidad al trabajador se la otorga una pensión, los montos recibidos como pago adicional –50%-, no se computan al de la pensión.


6.3.6 MUERTE

            En caso de muerte del trabajador, si ello ocurre como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, los sobrevivientes calificados obtendrán un pago único, distribuido entre ello de manera equitativa, equivalente al monto de veinte (20) salarios mínimos urbanos vigente para la fecha de la defunción.

            Además, la persona –natural o jurídica- que demuestre haber pagado los gastos de entierro del trabajador fallecido por causa de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, tendrá derecho a recibir como compensación el equivalente a un pago único por el monto de diez (10) salarios mínimos urbanos vigentes al momento “de la contingencia”.


6.3.7 VIOLACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

            También contempla la Ley el caso donde ocurre un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, al haber violado el empleador una normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, deberá pagar al trabajador  o a sus derechohabientes, según se trate, una indemnización de acuerdo con la gravedad de la falta y el daño ocurrido al laborante, para lo cual el pago referido a salarios es el integral devengado en el mes inmediato anterior al accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional.

            En tal sentido, si fallece el trabajador, la indemnización será equivalente a no menos del salario de cinco años, ni más de ocho años, contados por días continuos.

            Si el daño ocurre por la violación, por el patrono, de una normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo y, por ello, el trabajador resulta con una discapacidad absoluta permanente, el empleador deberá pagar una indemnización equivalente a no menos del salario de cuatro años, ni mas de siete años, contados por días continuos.

Si con ocasión del accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, el trabajador resulta con una discapacidad total permanente para el trabajo habitual, deberá pagar una indemnización equivalente a no menos del salario de tres años, ni más de seis años.

Si se trata de una discapacidad parcial permanente, mayor del veinticinco por ciento (25%) de su capacidad física o intelectual para la profesión u oficio habitual, la indemnización será equivalente a no menos del salario de dos años, ni más de cinco años.

Si se trata de discapacidad parcial permanente  de hasta el  veinticinco por ciento (25%) de su capacidad física o intelectual para la profesión u oficio habitual, la indemnización será equivalente a no menos del salario de un año, ni más de cuatro años.

Si la discapacidad es temporal, el patrono deberá pagar el doble del salario correspondiente a los días de reposo.

Si estamos frente a una gran discapacidad, asociada a la discapacidad absoluta permanente, la indemnización será la misma acordada para el caso de muerte del trabajador. Si la gran discapacidad esta asociada a una discapacidad  temporal, la indemnización será equivalente al triple del salario por los días en que el trabajador estuvo incapacitado.

6.3.8 SECUELA O DEFORMACIONES PERMANENTES

Por último, en los casos de secuela o deformaciones permanentes, originadas por la violación de la normativa legal sobre seguridad y salud en el trabajo, con ocasión de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, que represente para el trabajador la pérdida de la capacidad de ganancias, la indemnización a pagar por el empleador es equivalente al salario de cinco años computados por días continuos.


6.4 MULTAS

            Las infracciones a la presente Ley acarrean para el infractor sanciones, que se traducen –las sanciones- en la imposición de multas, conforme a un determinado número de unidades tributarias (U. T.).

            Las infracciones a que alude la LOPCYMAT están previstas únicamente para aquellas que correspondan a acciones y omisiones imputables a los empleadores, en materia de seguridad y salud laborales, como consecuencia del incumplimiento de normas legales o reglamentarias, y también, pudiéramos agregar, convencionales o contractuales en esta materia, siempre, en todos los casos, que se trate  de infracciones administrativas, e independientemente de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o disciplinarias, si fuere el caso.

            Ha establecido el legislador un primer grupo de infracciones, integrado por lo que el propio texto legal concibe como: leves, graves, muy graves, de las empresas en el área de seguridad y salud en el trabajo, en materia de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, en materia de cotizaciones y afiliación.

            Las infracciones leves se sancionan con multa de hasta 25 U. T. por cada trabajador, cuando la conducta del empleador pueda subsumirse en uno cualquiera de los supuestos previstos por el legislador, con prescindencia de si con ello se produjo o no algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Por el sólo hecho de no haber cumplido con la obligación, se hace acreedor a la sanción de multa.

            Las infracciones graves se sancionan con multa de hasta 75 U. T. por cada trabajador, en los supuestos establecidos en la norma. También en estos casos, el empleador se hace merecedor a la sanción, independientemente de que el trabajador sufra algún daño, por estar su conducta –la del empleador- subsumida en los supuestos establecidos por el legislador.

            En cuanto a las infracciones muy graves, el legislador ha previsto multas entre 76 y 100 U. T. por cada trabajador, en los casos en que la conducta del empleador pueda incluirse en alguno de los supuestos establecidos por el legislador.
           
Por lo que se refiere a las infracciones de las empresas del área de seguridad y salud en el trabajo, no están referidas a la condición de empleador de éstas, sino por el hecho de prestar servicios en el área específica de la seguridad y salud en el trabajo.

Estas empresas deben cumplir ciertos requisitos para realizar su objeto comercial o mercantil, como serían estar autorizadas por el INPSASEL, no realizar tareas o actividades distintas a las autorizadas por INPSASEL, suministrar a éste o al Ministerio correspondiente, información falsa o errada sobre datos o medios de prueba o impedir u obstaculizar la actuación de inspección y supervisión llevadas a cabo por INPSASEL.

Estas empresas –las del área de seguridad y salud en el trabajo- también están sometidas al cumplimiento de sus obligaciones como empleadoras frente a sus trabajadores, pudiendo estar incursas, de no cumplir, en infracciones leves, graves y muy graves.

Para la aplicación de una multa, la gradación de ésta            depende de varios supuestos establecidos por el legislador, pudiendo incrementarse en caso de reincidencia, siempre que la falta ocurra dentro de los 12 meses siguientes a la primera infracción.

Si la falta ocurriere transcurrido el lapso señalado supra, el legislador considera que se trata de otra falta y no de una reincidencia, por lo que no habría lugar a incrementar, aumentar la sanción, duplicando su monto.

7. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

7.1 DEFINICIONES

7.1.1 ACCIDENTES DE TRABAJO

            La LOPCYMAT[23] se refiere, en las definiciones, en primer lugar a la relativa a los accidentes de trabajo, entendiendo por éstas aquellas que producen en el trabajador una lesión funcional o corporal –que puede ser permanente o temporal, total o parcial, de presencia inmediata o de aparición posterior- o que puede ser la causa del fallecimiento del trabajador.

Así tenemos que el texto normativo considera como un accidente de trabajo las lesiones internas “por un esfuerzo violento o producto de la exposición a agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales, condiciones metereológicas (sic)” que sufra un trabajador, determinada o sobrevenida en el curso del trabajo o con ocasión de éste; sólo que en estos casos, pareciera que se está refiriendo más a enfermedades ocupacionales que a accidentes de trabajo.

            Pero, además de los accidentes que se originan por la prestación del servicio o labor, el legislador incluyó aquellos accidentes que pudieran ocurrir con ocasión del trabajo, los cuales vincula directamente como si se tratara de los accidentes que ocurren por la prestación del servicio. En tal sentido, la LOPCYMAT contempla en su articulado los casos en los cuales también se consideran accidentes de atrabajo aquellos que ocurren en momentos en los cuales no se está prestando exclusivamente la labor para la cual fue contratado el laborante.

            También incluye como un accidente de trabajo las lesiones que se originen –o posteriormente aparezcan- como consecuencia de labores “de salvamento o en otros de naturaleza análoga cuando tengan relación con el trabajo”, tal como ocurriría, por caso, si un trabajador interviene en labores de extinción de un incendio en la empresa donde presta servicios, no siendo integrante del cuerpo de bomberos  de la misma, y es víctima de un accidente –quemaduras, asfixia.

            Contempla el legislador el accidente ocurrido en el trayecto del trabajador a su sitio de trabajo o de regreso –el accidente in itinere- , tema que trataremos infra[24].

Por último, se hace alusión en la Ley a otros hechos que cataloga de accidentes de trabajo, referidos también a aquellos sufridos por el trabajador que desempeña un cargo de elección, pero ocurridos “al ir o volver del lugar donde se ejecuten funciones propias de dichos cargos”; se refiere a las funciones sindicales, siempre que dicho accidente se pueda ubicar con la concordancia cronológica y topográfica habitual en el recorrido desde y hacia el sitio donde estaba desempañando las funciones sindicales acostumbradas, frecuentes, reiteradas. En este supuesto el trabajador no estaba en sus labores habituales como laborante de un patrono, sino en funciones propias de su actividad gremial “con ocasión del desempeño de cargos electivos en organizaciones sindicales”.

En efecto, si se trata de una actividad desarrollada por el trabajador, en función de un cargo dentro del sindicato, el cual ha asumido en virtud de unas elecciones, sin distinguir el legislador si el ejercicio del cargo sindical es a tiempo completo o compartido con sus labores de trabajador de un determinado empleador, y aquel fuera víctima de un suceso que le ocasiona una “lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte”, el legislador ha incluido tal supuesto en los accidentes de trabajo. Valga para estos casos las mismas reservas anotadas infra[25], con las similares aspiraciones anotadas.


7.1.2 ENFERMEDAD OCUPACIONAL.

            El legislador trata este punto en la LOPCYMAT[26] estableciendo una especie de inventario de enfermedades ocupacionales –llamadas en la Ley abrogada: enfermedades profesionales- previendo la incorporación de otras enfermedades que en el futuro pudieran calificarse de ocupacionales.

            En un primer intento la norma se refiere a “los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes.”

            Del texto copiado en precedencia surge una primera conclusión que el legislador previó, cual es que puede tratarse de una enfermedad ocupacional, no solamente la contraída con ocasión del desempeño de la labor para la cual fue contratado el trabajador, sino la “agravada” por el trabajo.

            Surge aquí la consideración obligada de entender entonces que el patrono que vaya a incluir en su nomina a una persona como trabajador, debe –previamente-  someterlo a exámenes médicos y psicológicos que permitan descartar cualquier enfermedad ocupacional, de modo tal que no se haga responsable por una enfermedad ocupacional contraída en otra relación de trabajo y que se agrave con ocasión de la nueva relación.

            También consideró el legislador la posibilidad que surgieran nuevas enfermedades, no previstas en la relación o lista enumerada en la disposición en comento y en las normas técnicas, encargando a organismos públicos la revisión periódica para ajustar, adaptar y actualizar el inventario de las enfermedades ocupacionales.


7.1.3 SECUELAS O DEFORMIDADES PERMANENTES.

            La LOPCYMAT[27] también se ocupa de aquellas consecuencias o resultados permanentes en el trabajador, como consecuencia de una enfermedad ocupacional o un accidente de trabajo, cuando más allá de la pérdida de la capacidad para generar ingresos, dicha condición –la lesión- traiga como resultado una alteración de la “integridad emocional y psíquica” del prestador de servicios.

            En estos casos, la Ley considera dicha situación como una “discapacidad permanente”, que acarrea la responsabilidad subjetiva del empleador “en el grado que señale el Reglamente de la presente Ley”. Habrá que esperar dicho Reglamento para poder cuantificar la responsabilidad del patrono y precisar quién el encargado de hacer tal ponderación.


7.1.4 DISCAPACIDADES EN LOS CASOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO O DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

            Ahora bien, los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, pueden producir discapacidades que van, a los efectos de las prestaciones dinerarias, (prestaciones dinerarias sólo exigibles a partir de la puesta en funcionamiento de la Tesorería de Seguridad Social[28]) desde la simple temporal –imposibilita al trabajador amparado para trabajar por un tiempo determinado que no excederá de 12 meses continuos[29]-, pasando por la parcial permanente –produce en el trabajador una disminución parcial y definitiva menor del 67% de su capacidad física o intelectual para el trabajo[30]-, siguiendo con la total permanente, –produce en el trabajador una disminución parcial y definitiva mayor o igual al 67% de su capacidad física o intelectual para el trabajo habitual[31]-,  la absoluta permanente –causa al trabajador una disminución total y definitiva mayor al 67% de su capacidad física o mental[32]-, la gran discapacidad –obliga al trabajador amparado a auxiliarse de otras personas para realizar los actos elementales de la vida diaria[33]- y, por último, la muerte –genera el derecho a los sobrevivientes del trabajador fallecido a recibir una indemnización[34].


7.2 EL ACCIDENTE IN ITINERE (en el trayecto)

            Considera el legislador como un accidente de trabajo aquel ocurrido sin estar prestando el trabajador la labor para la cual fue contratado, pero con ocasión de aquella, al tratarse de un accidente acontecido en el trayecto del trabajador a su sitio de trabajo o en su regreso. En estos casos limita tal consideración a ciertos requisitos, como serían que el hecho causante del accidente ocurriere en el trayecto habitual hacia o desde el sitio donde presta servicios, o si ha habido algún cambio de trayecto, que éste –el cambio- “haya sido necesario” por causas no imputables al trabajador “y exista concordancia cronológica   y topográfica en el recorrido”.

            Este supuesto no deja de preocupar, ante el volumen de casos que pudiéramos figurarnos, pero de fácil materialización, que traerían como consecuencia la responsabilidad del patrono, al considerarse como un accidente de trabajo el ocurrido “en el trayecto habitual hacia o desde el sitio donde presta servicios”.

Imaginemos que un trabajador aborda un transporte diariamente para presentarse a su trabajo –metro, autobús- o toma un ascensor para llegar al piso donde se encuentra instalada la empresa para la cual labora y, sin culpa, intromisión, importunación ni participación del empleador, ocurre un accidente –choque de vehículos, descarrilamiento del vagón del tren o desprendimiento del ascensor- que trae como consecuencia en contra del trabajador de una “lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior”, nos preguntamos ¿tendría el patrono responsabilidad en un accidente ocurrido a su trabajador cuando no le estaba prestando un servicio, y, adicionalmente, calificado como accidente de trabajo?

La afirmación a la pregunta resulta fácilmente comprensible cuando se trata de una empresa que tiene como obligación –legal o convencional-  transportar a los trabajadores al centro de labores y su regreso, pero se presenta dubitativa la afirmación cuando no está en manos del patrono el control de vehículo o medio que utiliza el prestador de servicios para llegar a su trabajo o retornar del mismo.

Tuvimos conocimiento de un caso en el cual un trabajador que vive a cuatro cuadras del sitio de trabajo, cuando iba a pie del trabajo a su casa –trayecto habitual y concordancia cronológica y topográfica en el recorrido- fue mordido por un perro que salió de una casa ubicada entre la empresa y la habitación del laborante: fue declarado como accidente de trabajo.

Aspiramos que la jurisprudencia y la doctrina vayan aclarando los diferentes supuestos que se puedan dar, el tratamiento legal en cada caso y la responsabilidad, si así fuera, del empleador, a la luz de la nueva LOPCYMAT. Ya la Sala de Casación Social, por sentencia N° 396,        de fecha 13 de mayo de 2004 –bajo la vigencia de la LOPCYMAT abrogada-, expediente 2004-181 (C. A. Cervecería Regional), se ha pronunciado sobre el tema, sentando que la trabajadora había alterado voluntariamente el camino habitual del trabajo a su residencia, ocurriendo un accidente que  “no puede considerarse como un accidente ‘in itinere’, no puede considerarse como un accidente con ocasión del trabajo, no puede considerarse como un accidente de trabajo”.


7.3 DECLARACIÓN DEL ACCIDENTE Y LA ENFERMEDAD.

            La ley establece[35] en sus disposiciones lo relativo a la declaración de los accidentes de trabajo, imponiéndole tal obligación a la parte empresarial[36]; dicha declaración debe ser exacta con los hechos sucedidos, pues de lo contrario el patrono es merecedor de una sanción pecuniaria, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal que le corresponda por los daños y perjuicios que pudiere haber causado a sus trabajadores[37].

Es el patrono el obligado primario de notificar a los organismos correspondientes la ocurrencia de un accidente de trabajo y también –aunque no se lee en el encabezamiento de la disposición legal, pero se deduce del primer aparte de la misma- de una enfermedad ocupacional.

            De acuerdo con el texto de la disposición legal, podemos entender como organismos a los cuales hay que informar del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, al Comité de Seguridad y Salud Laboral y, de existir, al sindicato.

            Señala la Ley como oportunidad para hacer la “declaración formal” del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ocurra el accidente o del diagnóstico de la enfermedad[38].

Consideramos que las veinticuatro horas deben computarse continuas, pero dentro de los días laborales, esto es, que si el accidente ocurre en una hora determinada, el lapso para informar vence a la misma hora del día hábil siguiente. Recordemos que el informe se presenta a organismos que pueden no estar funcionando en días no hábiles y por ello debe diferirse hasta el día hábil siguiente.

En cuanto al lapso para informar de la enfermedad ocupacional, el legislador señaló que se computarían las veinticuatro horas a partir “del diagnóstico”, pero debe entenderse, por razones obvias, como comienzo del lapso, el momento en el cual el patrono se entera o es puesto en conocimiento del diagnóstico.

            Ahora bien, el propio legislador consideró prudente extender a otras personas –naturales o jurídicas- la posibilidad, no como obligación –que es del empleador- sino como potestad, de poner en conocimiento de los organismos competentes, la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional. En este sentido incluyó al propio trabajador, víctima del accidente o de la enfermedad, los familiares de éste, al Comité de Seguridad y Salud Laboral, a otros trabajadores o al sindicato[39] y, agregaríamos, cualquier persona que tenga conocimiento del hecho, aunque no sea trabajador de la empresa en la cual labora o laboraba el trabajador a quien le ocurrió el hecho.

También consideró el legislador la posibilidad de que el Instituto, al tener conocimiento del accidente o de la enfermedad iniciara, de oficio, la investigación[40].

Por último, se estableció la obligación para los cuerpos policiales u otros organismos que hayan intervenido en un accidente de trabajo[41] –CICPC, Tránsito, DISIP, Policía Metropolitana, Policías Regionales y Municipales, Medicatura Forense, Cuerpo de Bomberos, entre otros-  de informar al Instituto, de tales hechos.


7.4 CALIFICACIÓN DEL ORIGEN PROFESIONAL.

            La Ley asigna al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales la función, con exclusividad, de calificar el origen del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional. No es una atribución que puede compartir con el Comité de Seguridad y Salud Laboral o con el sindicato, ni con algún otro organismo.

El informe que contenga la calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional tiene el carácter –ope lege- de documento público, en cuyo caso, para su invalidación no podrá ocurrirse mediante un recurso contencioso administrativo, como si se tratar de un simple acto administrativo, sino que deberá procederse en la forma anotada en el ordenamiento jurídico para la invalidación de los documentos públicos.

Para la calificación del origen de un accidente de trabajo, el Instituto se valdrá de los informes suministrados por el patrono, así como los de otros organismos que hubiesen intervenido y de los informes que voluntariamente se hayan presentado. Cuando se trata de una enfermedad ocupacional, diagnosticada al trabajador, éste está en la obligación de acudir al Instituto para que se le hagan “las evaluaciones necesarias”, a los fines de la ratificación o convalidación del diagnóstico presentado, para poder calificar y certificar el  origen de la enfermedad ocupacional[42].


7.5 REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN.

            En cuanto a la revisión de la calificación declarada por el Instituto, sobre el origen del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional, la Ley sólo hace referencia a los sujetos titulares de ese derecho a solicitar la revisión[43].

De esta manera incluye en los mismos al trabajador víctima del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional, al empleador del trabajador afectado, los hijos solteros menores de dieciocho (18) años o de veinticinco (25) años si cursan estudios universitarios o técnicos superiores, debidamente acreditados, o de cualquier edad si tienen discapacidad total permanente que dependan económicamente del causante; así como el hijo nacido con posterioridad, de acuerdo con los lapsos que establece el Código Civil, el viudo o viuda en unión estable de hecho, los ascendientes, los hermanos solteros menores de dieciocho (18) años o de veinticinco (25) años si cursan estudios universitarios o técnicos superiores, debidamente acreditados, o de cualquier edad si tienen discapacidad total permanente y otros familiares o personas dependientes del causante que fallece, previamente registrados ante la Tesorería de Seguridad Social[44]..

            También faculta la Ley a la Tesorería de Seguridad Social para solicitar la revisión de la calificación.

            Ahora bien, la cuestión estriba cuando se examinan conjuntamente los textos de los encabezamientos de los artículos 76 y 77 de la Ley.

            Se lee en dichas disposiciones:

Artículo 76. “El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, previa investigación, mediante informe, calificará el origen del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional. Dicho informe tendrá el carácter de documento público.
(…).”

Artículo 77. “Podrán ejercer los recursos administrativos y judiciales contra las decisiones del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales:
 (…).”

De acuerdo con la letra de la Ley, en primer lugar se señala, de manera indubitable, que el informe que califica el origen del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional tendrá “el carácter de documento público” y luego establece que se podrán ejercer los “recursos administrativos y judiciales” contra las decisiones del Instituto.

Se lee en la Ley que el artículo 77 trae como título “Interesados para solicitar revisión de la calificación”, con lo cual pareciera se trata de los recursos contra la calificación del origen del accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional, pero luego indica que se podrán ejercer los recursos administrativos y judiciales contra las decisiones del Instituto.

Una primera interpretación presenta la posibilidad de entender que contra el informe que califica el accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional pudiera intentarse un recurso administrativo, pero el artículo 76 de la Ley establece que el informe tendrá el carácter de documento público, y nos preguntamos ¿puede intentarse un recurso administrativo –revisión, reconsideración, jerárquico- o el propio organismo acordar la revocación de oficio o el judicial –nulidad-  contra un acto que la ley califica de documento público?

Una segunda interpretación consistiría en sostener que cuando en el artículo 77 la Ley se habla de los recursos administrativos, se refiere a las otras decisiones del Instituto, distintas a la calificación del origen del accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional, pero entonces ¿por qué se titula este artículo “Interesados para solicitar revisión de la calificación”, si debemos entender que se trata de los pronunciamientos del Instituto diferentes a las calificaciones?

También pudiera entenderse que cuando se refiere a “revisión” es porque se trata de un recurso administrativo donde el organismo puede reexaminar, repasar, considerar nuevamente, revisar sus propios pronunciamientos y modificarlos o anularlos.

Pensamos que el entendimiento de ambas disposiciones debe centrarse en que el informe que se produce para la calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional es, como establece la norma, un documento público, que no puede   accionarse en nulidad mediante un recurso administrativo; mientras que contra las otras decisiones emanadas del Instituto, se podrán intentar recursos administrativos o judiciales, según se trate.


 CONCLUSIÓN

            Con la LOPCYMAT ahora se dispone de una normativa, no sólo para las condiciones y ambiente de trabajo, salud y seguridad, sino también para los programas que garanticen a los trabajadores el entretenimiento, esparcimiento y recreación en sus tiempos libres –descanso diario, semanal y anual.

            Se encuentran en dicho cuerpo legal todo lo concerniente a los deberes y derechos de trabajadores y empleadores, estableciendo las consecuencias y sanciones en caso de incumplimientos.

            Regula la LOPCYMAT lo relativo a los accidentes in itinere –durante el trayecto-, sus consecuencias y la responsabilidad por el patrono; aunque pensamos, deberá la doctrina de casación, de manera precisa, fijar los alcances, requisitos y limitaciones, por lo casuístico de los hechos en que pueden ocurrir esos accidentes de ida y vuelta al trabajo.

            Se establece el carácter de orden público de las disposiciones de esta Ley y del documento que emana del Instituto sobre la calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional.

            La aplicación de las normas a todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, salvo, por disposición constitucional, el sector de la Fuerza Armada, sin importar el interés o fin del empleador, ni la ubicación dentro del territorio nacional; incluye los trabajadores no dependientes, a domicilio, domésticos y de conserjería, “siempre que sea compatible con la naturaleza de sus labores”.

            Los trabajadores, como delegados de prevención, participan y son consultados en la regulación y formación de las normas que se aplican sobre prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo.



1 Parágrafo Primero del artículo 1
[2] Artículo 1
[3] Artículo 2
[4] Artículo 3
[5] Artículo 4
6 Artículo 328, parte in fine, CRBV

[7] Artículo 5

8Artículos 36, 37 y 38
[9] Artículo 44, en concordancia con el artículo 449 de la LOT
[10] Disposiciones Transitorias Primera
[11] Disposiciones Transitorias Segunda
[12] Disposiciones Transitorias Tercera
[13] Gaceta Oficial N° 1.631 Extraordinario de fecha 31 de diciembre de 1973
[14] Disposiciones Transitorias Cuarta
[15] Disposiciones Transitorias Quinta
[16] Disposiciones Transitorias Sexta
[17] Disposiciones Transitorias Séptima
[18] Disposiciones Transitorias Octava
[19] Disposiciones Transitorias Novena y Décima
[20] Disposiciones Transitorias Décima Primera
[21] Artículos 49 y 54 de la LOT
[22] “(…) debe concluir esta Sala Plena que, ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos contencioso administrativos competentes.” Sentencia 09, de fecha 02 de marzo de 2005, expediente 2003-034
[23] Artículo 69, ordinales 1, 2, 3 y 4
[24] Ver 7.2 de este trabajo
[25] Ver 7.2 de este trabajo
[26] Artículo 70
[27] Artículo 71
[28] Disposiciones Finales Segunda
[29] Artículo 79
[30] Artículo 80
[31] Artículo 81
[32] Artículo 82
[33] Artículo 83
[34] Artículo 85
[35] Título VI, Capítulo II
[36] Artículo 73
[37] Artículo 128
[38] Artículo 73
[39] Artículo 74
[40] Artículo 74, in fine
[41] Artículo 75
[42] Artículo 76, Único Aparte
[43] Artículo 77
[44] Artículo 86