Laboral

PROCEDIMIENTO LABORAL EN VENEZUELA (Parte II)

8. Reproducciones, copias y experimentos

El Capítulo X de la LOPT está referido a las reproducciones, copias y calcos por cualquier medio, incluso por fotografía, así como la realización de inspecciones, reconstrucciones, experticias y pruebas de carácter científico.
8.1 Procedencia

Esta prueba puede ser solicitada por cualquiera de las partes en su escrito de pruebas consignado al inicio de la audiencia preliminar, o puede también acordarla de oficio el Juez de Juicio, claro está, luego de finalizada la audiencia preliminar, cuando el expediente pasa a su conocimiento, al vencer la oportunidad para la contestación de la demanda.

8.2 Objeto

El objeto de la prueba se circunscribe a reproducir objetos, documentos o lugares, por los medios mecánicos de que se disponga, incluyendo reproducciones cinematográficas o de otra especie. Asimismo, para demostrar un hecho ocurrido o que pudo ocurrir puede ordenarse la reconstrucción de ese hecho, ordenado si lo considera conveniente que sobre el hecho se haga una muestra fotográfica o cinematográfica; puede también ordenar la obtención de radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos y cualquier otro de orden científico, para lo cual el Juez de Juicio designará la persona del experto que se ocupe de obtener la prueba.

8.3 Negativa de la parte a prestar colaboración material en la realización de la prueba

Si para la realización de la prueba (obtención de radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos y cualquier otro de carácter científico) se requiriese la colaboración de una parte y ésta se negare, el Juez de Juicio le intimará a que facilite la realización de la prueba; si a pesar de ello, rehusara colaborar, el Juez dejará sin efecto las actuaciones que debía llevar a cabo para completar la prueba y podrá estimar que es cierta la afirmación del promovente de la prueba.281

En concreto participamos de la idea de que la prueba referida en el artículo 109 de la LOPT no es la prueba ideal para establecer los hechos en una relación de trabajo, no demuestran la existencia o no de las características bajo las cuales se cumplió la labor o el modo en que se llevó a término, pues son más bien pruebas para demostrar o comprobar otros extremos, distintos al vínculo de trabajo, aunque no se descarta su utilización en los casos de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo.

9. Inspección judicial

9.1 Procedencia

Las partes podrán promover en sus escritos de pruebas, presentados al inicio de la audiencia preliminar, una inspección judicial para que el Juez de Juicio deje constancia de cosas, lugares o documentos. También el Juez podrá acordar la realización de una inspección judicial con el mismo propósito.

9.2 Procedimiento

El Juez de Juicio, en la oportunidad de pronunciarse sobre la admisión de la prueba –dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del expediente– de ser admitida, deberá fijar expresamente el día y hora que ha dispuesto para practicar la evacuación de la prueba, designando uno o más prácticos, si fuere el caso, para que lo asesoren en la inspección sobre lo que el Juez les solicite. Llegado el momento para la evacuación de la inspección, deberá el Juez de Juicio trasladarse al sitio o lugar, personalmente y acompañado por el Secretario o quien haga las veces, para dejar constancia de los hechos que se le han referido en el escrito de promoción; también debe concurrir la parte promovente, porque en caso contrario se considera desistida la prueba.282, 283
Si el Juez de Juicio no puede asistir a la evacuación de la prueba, podrá comisionar a otro Juez de la jurisdicción para que concurra y lo supla, de esta manera, con esta disposición adjetiva284 sí puede comisionarse la práctica de una inspección judicial dentro de un proceso y en la misma jurisdicción.285 Si la evacuación de la prueba ha de efectuarse en una jurisdicción donde el Juez de Juicio no tenga competencia territorial, deberá comisionar para que otro Juez, del lugar, proceda a evacuar la prueba.

Estando en la práctica de la inspección, las partes presentes pueden hacer al Juez las observaciones que creyeren convenientes y podrán solicitar que su petición sea incorporada en el acta que se levante al efecto.

Para dejar constancia de los hechos objeto de la inspección judicial, el Juez elaborará un acta que contendrá la identificación de las personas intervinientes, lugar y oportunidad de la práctica de la inspección y de los hechos sobre los cuales dejó constancia, firmará el acta conjuntamente con el Secretario, la hará leer por éste y exigirá a las personas intervinientes que firmen el acta; si alguna de éstas no quisiera firmar, así lo hará constar en el acta. También podrá acordar la reproducción de algún hecho por cualquier medio, si ello fuere posible, y lo agregará al acta, formando parte de éste.

 Luego regresará a la sede del tribunal y quedará la inspección judicial practicada dispuesta para ser analizada y valorada en la oportunidad de la audiencia de juicio.

9.3. Honorarios de los prácticos

El Juez de Juicio, como habíamos señalado, en la oportunidad de llevar a cabo la inspección judicial podrá hacerse acompañar por uno o varios prácticos.
Los honorarios de estos prácticos son fijados por el Juez y son a cargo de la parte promovente de la prueba, salvo que la prueba se haya acordado por el Juez de Juicio, en cuyo caso los honorarios serán sufragados, a partes iguales, por accionante y accionado.

10. Indicios y presunciones

La LOPT trae todo un Capítulo destinado a los indicios y a las presunciones, señalando que son auxilios probatorios de que se vale el Juez para lograr coadyuvar en la prueba de los hechos, corroborando o complementando el valor o alcance de los medios probatorios.286

10.1 Indicios

El indicio es un hecho que consta en autos a través de los medios probatorios y conducen al Juez a la veracidad de un hecho desconocido.

10.2 Presunciones

Es un razonamiento lógico, a partir de un hecho probado o conocido, que conducen al Juez a la veracidad del hecho investigado o desconocido.

La presunción se identifica en disposiciones legales a través de frases, como: se presume, se entiende, se considera, se tendrá.

En el derecho laboral el legislador ha establecido presunciones a favor del trabajador, con el fin de facilitar la demostración de la existencia de la relación de trabajo. La Sala de Casación Social, por sentencia de fecha 16 de marzo de 2000, sentó:

“A fin de determinar la existencia de una relación de trabajo el legislador considera que ante las dificultades probatorias que normalmente surgen en los procesos laborales, era necesario establecer, por política procesal, un conjunto de presunciones legales para proteger al trabajador, quien es el débil jurídico en la relación obrero-patronal, en consideración, además del hecho generalmente aceptado, de que es el patrón la persona que tiene en su poder la posibilidad de probar muchos, sino todos los extremos que normalmente debe concurrir para determinar la existencia de una relación de trabajo.
Entre este conjunto de presunciones legales se encuentran las establecidas en los artículos 65, 66, 129 y 133 de la Ley Orgánica del Trabajo (…)”.287 

10.2.1 Carácter de las presunciones
Las presunciones pueden ser de carácter absoluto cuando no aceptan prueba en contrario (juris et de jure) o pueden ser de carácter relativo cuando permiten prueba en contrario (juris tantum).

En el primer caso (carácter absoluto) la persona beneficiada por la presunción sólo tiene que demostrar “la realidad del hecho que le sirve de base”.288 Como ejemplo de éstas en el ordenamiento jurídico venezolano, tenemos la falta de participación del despido en el procedimiento de estabilidad relativa,289 en cuyo caso al trabajador le basta con demostrar el despido y si el patrono no participó el despido, éste debe refutarse como injustificado, independientemente de que hubiesen causas para la terminación con justa causa por parte del patrono.

En el segundo caso (carácter relativo) la persona contra la cual opera la presunción tiene la carga de desvirtuar los efectos de ésta.290 En nuestra legislación tenemos un ejemplo típico como es la presunción de existencia de la relación de trabajo,291 que puede ser desvirtuada por su carácter relativo.

10.2.2 La conducta de las partes
La conducta de las partes en el proceso puede traer conclusiones al Juez,292 como sería la falta de colaboración para lograr la finalidad de los medios probatorios; es el caso contemplado por el artículo 110 de la LOPT.293

11. Tachas y reconocimiento

11.1 Tacha de Instrumentos

La tacha de instrumentos públicos y privados –reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos– se puede proponer por la falsedad de los mismos

11.1.1 Oportunidad
De acuerdo con las disposiciones adjetivas incluidas en el Capítulo IV del Título VI de la LOPT, se aprecian dos momentos: uno, en el curso de la causa,294 el otro, en la audiencia de juicio.295

Ahora bien, si tenemos en cuenta que la tacha contemplada en el texto legal se refiere únicamente a la tacha incidental, pues no es posible en materia laboral incoar un juicio sólo para tachar un documento público o privado reconocido o tenido legalmente por tal; que los documentos se presentan al juicio en el inicio de la audiencia preliminar y que éstos no son válidamente aceptados como pruebas a valorarse en juicio sino luego de finalizar la audiencia preliminar, sin que se haya logrado la conciliación, la mediación o el sometimiento de la causa a arbitraje, y que el Juez de Juicio, dentro de los cinco días siguientes al recibo del expediente, se pronuncie sobre su admisión, tenemos necesariamente que concluir que la tacha de estos documentos es posible cuando comienza su consideración en la audiencia de juicio.

En conclusión, la tacha de falsedad se propone solamente en la audiencia de juicio y no en el curso de la causa.

11.1.2 Causales
El legislador establece seis (6) causales o motivos por los cuales se pueden tachar los documentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos,296 los cuales podemos resumir en la falsificación de firmas del funcionario o del otorgante; que no compareció el otorgante o que se le atribuyen declaraciones que no hizo; por alteraciones materiales que pueden cambiar el sentido del documento; y por constar falsamente la oportunidad o lugar en que se llevó a cabo la firma del documento.297

11.1.3 Procedimiento
El tachante, en la audiencia de juicio, oralmente expondrá los motivos y fundamentos para demostrar la falsedad del documento, lo que viene a constituir la formulación de la tacha.

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la formulación de la tacha, las partes promueven las pruebas que consideren convenientes, sin que puedan proponerse en algún otro momento, con lo cual se precisa que el lapso es preclusivo.

Esta oportunidad de promoción de pruebas es una de las excepciones a que hace referencia la LOPT, cuando señala que las pruebas deben promoverse en la audiencia preliminar “salvo las excepciones establecidas en esta Ley”.298

El Juez al recibir las pruebas de las partes, procederá, en ese momento a fijar la oportunidad para su evacuación, previo pronunciamiento sobre la admisión de las mismas; el lapso de evacuación no será mayor de tres (3) días hábiles siguientes a la admisión y fijación del lapso de evacuación.

Si no fuera suficiente el lapso para la evacuación de las pruebas promovidas, el Juez de Juicio podrá prorrogar dicho lapso hasta por dos (2) días hábiles más, de manera que el total del tiempo de evacuación no excederá los cinco (5) días hábiles siguientes a la oportunidad en que se inició el lapso de evacuación, esto es, del inicio de la audiencia para la evacuación de las pruebas en la tacha.

11.1.4 Sentencia
La sentencia definitiva, en todo caso, deberá dictarse el día hábil en que finalice la evacuación de las pruebas de la tacha y en la misma se incluirá el pronunciamiento sobre la tacha del o de los documentos.

La tacha de los documentos referidos en precedencia constituye una excepción al principio que establece la obligación del Juez de Juicio de pronunciarse una vez finalizada la audiencia de juicio.299

El día que finalice el lapso de evacuación de las pruebas de la tacha, el Juez, como se dijera, dictará su sentencia oralmente y las partes deberán estar presentes para oír el fallo; en esa oportunidad el Juez de Juicio pronunciará la sentencia definitiva y se referirá a la tacha. Si no está presente el tachante se entenderá que desistió de la tacha y el documento tiene pleno valor, si no está presente el consignante del documento, éste –el documento– quedará desechado y no habrá necesidad de pronunciarse sobre la procedencia de la causal invocada para tachar, todo lo cual se reducirá a un acta. En cuanto al fondo, siendo la oportunidad para dictar la sentencia oral por el Juez de Juicio, se aplica la consecuencia jurídica prevista por el legislador en los casos en que no esté presente el actor o el demandado, según se trate.

En resumen: a) si están presentes las partes al momento de dictar la sentencia, ésta incluirá en su contenido tanto lo referente al fondo como lo que alude a la tacha; b) si no está presente el tachante o el consignante del documento tachado, el Juez de Juicio dejará constancia por auto expreso, aplicando la consecuencia jurídica advertida supra; c) si no está presente alguna de las partes, en cuanto al fondo, se considerará desistida la acción o admitidos los hechos narrados en el libelo, según la incomparecencia provenga del actor o del demandado.

11.2 Tacha de testigos

La tacha de testigos se puede proponer únicamente en la audiencia de juicio, frente al Juez de Juicio. No hay otra oportunidad procesal para ello, pues si se hiciera antes de la declaración, deberá tomársele la deposición si la parte promovente insistiera en ello: la sola presencia del promovente en la audiencia de juicio, al momento de declarar, equivale a insistir en que se le tome declaración.

11.2.1 Impedimentos y consecuencias

a) La parte que haya promovido un testigo no podrá tacharlo, aunque la parte contraria se valga de su declaración;

b) El testigo que haya sido sobornado no será apreciado a favor de ninguna de las partes y el Juez deberá solicitar su enjuiciamiento y el del sobornador por ante “el Tribunal competente”300; sin embargo somos del criterio que en estos casos a quien debe dirigirse el Juez es al Ministerio Público para que inicie el procedimiento, de considerar que existe la responsabilidad del testigo sobornado y del sobornador.

11.2.2 Procedimiento
De acuerdo con la norma adjetiva, el procedimiento a seguir es el pautado en los artículos 84 y 85 de la LOPT.301

11.2.3 Sentencia
La decisión sobre la tacha de testigos se pronunciará en la sentencia definitiva. Ninguna otra consideración hace el legislador, por lo que opinamos que entonces en este caso se aplica la misma modalidad establecida en los casos de la tacha de documentos, con el correspondiente ajuste, que establece que: a) si están presentes las partes al momento de dictar la sentencia, ésta incluirá en su contenido tanto lo referente al fondo como lo que alude a la tacha; b) si no está presente el tachante o el promovente del testigo tachado, el Juez de Juicio dejará constancia por auto expreso, aplicando la consecuencia jurídica advertida supra; c) si no está presente alguna de las partes, en cuanto al fondo, se considerará desistida la acción o admitidos los hechos narrados en el libelo, según la incomparecencia provenga del actor o del demandado.

11.3 Reconocimiento de instrumento privado

Contempla la LOPT un procedimiento para el caso de que una parte desconozca la firma que se le atribuye en algún documento, aportado al juicio como prueba de los hechos. Se señala en el articulado302 la oportunidad para el desconocimiento y el procedimiento a seguir para validar la firma.
11.3.1 Oportunidad para el desconocimiento
De acuerdo con la norma adjetiva, la parte contra quien se produzca un documento deberá manifestar expresamente si lo reconoce o lo niega. Ante el silencio el legislador presume la aceptación del mismo.

Cuando la parte consigne en la audiencia preliminar –no hay otro momento–, junto con su escrito de pruebas, algún documento como emanado de la contraparte o del algún causante de ésta y esta contraparte pretenda negar la autoría de la firma, deberá manifestarlo en la audiencia de juicio, en la oportunidad en que se proceda con el análisis y valoración del mismo.303 Esta manifestación consideramos que debe hacerse de forma oral en dicha audiencia.

11.3.2 Oportunidad para solicitar el cotejo
Desconocida la firma en forma oral, en la audiencia de juicio, como se dijera en precedencia, la parte que produjo el documento tiene la carga procesal de demostrar la autenticidad de la rúbrica desconocida, para ello deberá promover –solicitar dice la norma–304 la prueba de cotejo, también en forma oral, en la misma oportunidad en que la contraparte negó la autoría de la firma.

11.3.3 Procedimiento
Negada la firma y promovido el cotejo, se procede por el Juez de Juicio a la designación del experto cotejador, quien tiene un lapso de hasta cinco (5) días hábiles siguientes a la oportunidad del desconocimiento –que también es la oportunidad de la promoción del cotejo y de la designación del experto– para consignar en autos su informe, a los fines de su consideración por el juzgador.


Para la promoción del cotejo, la parte que quiere hacer valer la firma, además de manifestarlo así oralmente en la audiencia de juicio, deberá señalar el documento o documentos indubitados que le servirán de fundamento al experto para realizar la labor encomendada.

A los efectos de la evacuación de la prueba, el legislador consideró como indubitados para el cotejo los siguientes documentos: los documentos que reconozcan de común acuerdo las partes; los documentos suscritos ante un funcionario que da fe de su autenticidad, como serían un registrador, un notario; instrumentos privados reconocidos por la persona que a su vez desconoció el que se trata de comprobar; y, por último, la parte reconocida o no negada del mismo documento que se trata de validar.

A su vez señala el legislador que los documentos cuya firma se haya negado o no reconocido por la misma persona que lo hace ahora, a pesar de que se haya validado la firma con antelación, no podrá considerarse como indubitado a los efectos del cotejo.

Si no fuera posible obtener un documento indubitado a los efectos del cotejo, el legislador previó otra forma, cual es que el presentante del documento cuya rúbrica se desconoce, solicite al Juez de Juicio que la contraparte escriba o firme en su presencia –en la presencia del Juez– lo que éste le dicte; si la parte se niega a hacerlo, se tendrá por reconocido el instrumento, a menos que exista una causa que impida al obligado escribir lo que le dicte el Juez.305 

De acuerdo con el texto de la Ley, podemos concluir que esta forma prevista por el legislador es supletoria, no sustituye los documentos indubitados, si éstos existen, y además podemos ultimar que la utilización de la escritura o de la firma –en presencia del Juez de Juicio– por la persona que desconoció la autoría de la misma no puede utilizarse en el caso de que el desconocedor de la rúbrica se encuentre en juicio con el carácter de heredero o causahabiente.
La incidencia del reconocimiento de un instrumento privado es otro momento de excepción en el procedimiento laboral, en el cual una vez finalizada la audiencia de juicio no procede el Juez de Juicio a dictar la sentencia, sino que ha de esperar a la presentación del informe del experto en relación con el cotejo o el vencimiento de los cinco (5) días hábiles que se le concedieron a éste para consignar el resultado de su experticia y, por tanto, no dará cumplimiento a la prescrito por el legislador sobre la oportunidad para dictar la sentencia.306 Idéntica situación se presenta en los casos de la tacha de documentos y la tacha de testigos.307

11.3.4 Sentencia
La decisión sobre el reconocimiento de instrumentos privados se pronunciará en la sentencia definitiva.308 Ninguna otra consideración hace el legislador, pero opinamos que el Juez de Juicio, al dictar su fallo, cuando analice y valore el documento cuya firma se desconoció, lo considerará o desechará dependiendo del contenido del informe del experto. Si la firma está validada, entonces examinará el contenido del documento; en caso contrario, lo desestimará sin considerar su redacción.

 11.3.4.1 Costas
En el reconocimiento de instrumento privado el legislador previó la imposición de costas a la parte que desconociese una firma en un documento privado que luego resultare veraz, por la prueba de cotejo,309 con lo cual se frenó un poco la práctica desleal de desconocer documentos, “apostando” a que la contraparte, sobre todo si era el trabajador, no dispusiera del dinero suficiente para pagar a los expertos cotejadores los honorarios que les correspondían por su experticia, o a la extemporaneidad en la promoción de la prueba, porque al no poderse demostrar la autenticidad de la firma, el documento quedaba desechado del juicio.

Sin embargo, para esta imposición de costas, si fuera el trabajador quien desconoció y luego resultó confirmada la firma, el Juez de Juicio tendrá que estimar la limitación establecida por el legislador.310 

12. Apreciación de las pruebas

El artículo 10 de la LOPT establece que el Juez debe apreciar las pruebas según las reglas de la sana crítica.

Inicialmente, en lo que pudiéramos llamar el “pre-anteproyecto”, cuando se habló de Código y no de Ley Orgánica, se otorgó al Juez la facultad de apreciar las pruebas por las reglas de la libre convicción; posteriormente, con el anteproyecto311 y con el proyecto312 se propuso la apreciación por las reglas de la sana crítica y así fue acogido por el legislador, con lo cual también quedó excluido el de la prueba tarifada.

Cuando se habla de apreciar las pruebas por el método de la sana critica, se hace referencia evidentemente a reglas de lógica, conocimientos científicos y máximas de experiencia.

Pero además, debemos considerar que el Juez también puede apreciar las pruebas de acuerdo con la conducta procesal de las partes o de sus apoderados, sacando de dicha conducta elementos de convicción.

13. Término extraordinario
  para la evacuación
  
(término ultramarino)

La LOPT no contempla la posibilidad de conceder un término extraordinario para la evacuación de una prueba en el exterior; sin embargo, en nuestro criterio, no es posible aplicar por analogía, con fundamento en el artículo 11 de la LOPT, el contenido del artículo 393 del CPC.

Aplicando el contenido de la disposición de procedimiento civil en los juicios del trabajo, se estarían trastocando los principios rectores que orientan el nuevo procedimiento del trabajo, pues la celeridad, brevedad, sumariedad, gratuidad, mediación, que inspiran estas normas de procedimiento, se encontrarían contrariadas por el lapso de evacuación de hasta seis meses; la evacuación de una prueba tomaría más tiempo que la sustanciación de todo el juicio (fase preliminar, fase de juicio, recurso ante la alzada y recursos de casación o recurso de control de la legalidad). La prueba a evacuarse en el exterior, con la concesión de un término acorde con lo contemplado en el artículo 393 del CPC, no tiene cabida en el procedimiento laboral, pues retrasaría el juicio del trabajo de tal forma que no sería célere, breve, sumario, gratuito; la aceptación de este término para la evacuación de una prueba convertiría los juicios del trabajo en lentos e indefinidos en el tiempo.313



DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIO



1. Generalidades. 2. Pronunciamientos del Juez de Juicio antes de la audiencia de juicio. 2.1 Verificar la consignación del escrito de contestación de la demanda. 2.2 Pronunciarse sobre la admisión de pruebas. Recurso contra la decisión de no admitir una prueba. 2.3 Señalar la oportunidad para la evacuación de pruebas. 2.4 Fijar la oportunidad para la realización de la audiencia de juicio. 3. Audiencia de juicio. 3.1 Verificación de la comparecencia de las partes. 3.1.1 Incomparecencia del accionante o del accionado. 3.1.1.1 Recursos. 3.2 Incomparecencia a la vez de accionante y accionado. 4. Realización de la audiencia de juicio. 4.1 Presencia del Juez de Juicio. 4.2 Acto para oír a las partes. 4.3 Evacuación de las pruebas. 4.4 Observaciones de las partes a las pruebas evacuadas. 4.5 Prolongación de la audiencia de juicio. 5. Sentencia. 5.1 Oportunidad para dictar la sentencia definitiva. 5.1.1 Diferimiento. 5.1.2 Consecuencias de no dictar el fallo oportunamente. 5.2 Contenido de la sentencia definitiva. 5.2.1 Sentencia oral. 5.2.2 Sentencia escrita. 5.2.3 Costas. 5.2.4 Corrección Monetaria (indexación). 5.2.5 Intereses de mora. 5.2.6 Aclaratoria y ampliación. 5.3 Motivos de nulidad de la sentencia. 6. Reproducción de la audiencia. 7. Recursos. 7.1 Apelación. 7.2 Recurso de hecho.

1. Generalidades

El conocimiento por el Juez de Juicio es la segunda fase que se cumple en la primera instancia, siempre que no haya habido conciliación, mediación, arbitraje y que las partes hubiesen comparecido a la audiencia preliminar para que no se produjera un desistimiento o una admisión de hechos, según se trate, por parte del actor o del demandado. Este Juez no había tenido contacto con el expediente, pues es distinto al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, no tiene conocimientos de las tratativas que desarrollaron las partes, ni las actuación de mediación sugeridas por el Juez en la audiencia preliminar. El Juez de Juicio debe rechazar, desechar, todo intento que tenga por fin la demora del proceso o que busque con el procedimiento fines distintos a simplemente obtener una sentencia justa, orientada por las actas procesales. Se busca resolver la controversia, pero no mediante la habilidad procesal, sino mediante la verdad, lo que no significa que debemos obviar todo tipo de formalidades o normativa procesal, porque con ello –ciertas formalidades– es que se logra el ejercicio del derecho a la defensa; de ahí que el procedimiento exige una forma de contestación en la que las pruebas sean presentadas por quien las tiene y no con base a una teoría de la carga procesal, prevista para los juicio civiles.

Esta es la fase de juzgamiento, en la cual el Juez de Juicio decide, previo examen y análisis, sobre las pruebas que se evacuaron en su presencia. El Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, cuando alguna de las partes no concurre a la audiencia preliminar también decide el pleito, pero lo hace aplicando la consecuencia jurídico-procesal prevista por el legislador, sin proceder a analizar pruebas, pues como veremos más adelante, la oportunidad para tachar documentos, desconocer firmas, tachar testigos es en la audiencia de juicio y entonces ¿cómo valorar una prueba cuya posibilidad de impugnarla por la contraparte no ha tenido ocasión?

En esta fase nos encontramos con varios aspectos interesantes a decidir por el Juez de Juicio, que evidentemente tienen gran importancia en la causa. Este Juez –el Juez de Juicio– es quien se pronuncia cuando el demandado no cumple su obligación de contestar oportunamente la demanda; cuando no comparecen las partes o una de ellas a la iniciación de la audiencia de juicio; para admitir o no las pruebas promovidas en la audiencia de juicio o aquellas documentales que se agregaron al libelo de la demanda y, por último, para dictar la sentencia definitiva en la primera instancia.

El Juez de Juicio, salvo muy contadas excepciones –acción de amparo, los asuntos contenciosos del trabajo relacionados con los intereses colectivos o difusos–, recibe el expediente proveniente del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, previa distribución por sorteo, y procede, entonces, a examinar el expediente para pronunciarse sobre los diferentes aspectos considerados en la Ley.

2. Pronunciamientos del Juez de Juicio antes de la audiencia de juicio

2.1 Verificar la consignación del escrito
de contestación de la demanda

La primera función que debe llevar a cabo el Juez de Juicio es precisar si el demandado dio contestación a la demanda en la oportunidad prevista por el legislador,314 consignando el escrito contentivo de la misma, sin tener que analizar si el demandado siguió para la contestación la forma prescrita por el legislador, esto es, entre otros, si expuso el fundamento del rechazo e indicó cuál es el hecho cierto.315

El Juez lo único que tiene que hacer en este momento –recibido el expediente del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución– es verificar si se contestó la demanda oportunamente, es decir, si se hizo dentro de los cinco (5) día hábiles siguientes a la conclusión de la audiencia preliminar. En caso contrario, si no se contestó o lo hizo luego de vencido el lapso para ello, el Juez de Juicio declarará confeso al accionado y lo condenará de acuerdo con las pretensiones del actor, en cuanto éstas no fueran contrarias a derecho; si alguna petición es contraria a derecho, la excluirá de la condenatoria.

En nuestro criterio, si el demandado no da contestación oportuna a la acción que le fuera incoada, el Juez de Juicio no puede, dentro de su análisis, proceder a analizar los documentos públicos o privados que se hayan promovido en la audiencia preliminar, porque éstos no han podido atacarse por el actor –desconocer firmas o tachar documentos–, ya que ello sólo es posible en la audiencia de juicio y ésta –la audiencia– no tiene lugar por la falta de contestación.

Este pronunciamiento tiene que hacerlo el Juez de Juicio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del expediente, 316 en distribución por sorteo.

Si el demandado consignó tempestivamente su escrito contentivo de la contestación, no se requiere, a nuestro entender, ningún pronunciamiento expreso que así lo haga saber, pues ello sólo es exigido por la norma adjetiva cuando no se diera contestación a la demanda; sin embargo, de hacerlo, no constituiría violación del debido proceso ni conducta contradictoria con alguna norma adjetiva concreta.

2.2 Pronunciarse sobre la admisión de pruebas

De acuerdo con lo dispuesto por el legislador en la LOPT, la única oportunidad que tienen las partes para promover pruebas es en la audiencia preliminar; el criterio de los jueces, expuesto en autos y providencias, ante el vacío de la Ley, partiendo de que la audiencia preliminar puede extenderse hasta por cuatro (4) meses, 317 ha impuesto que los escritos de pruebas y sus elementos probatorios se consignan –con consecuencias de preclusión– en el instante que comienza o se inicia la audiencia preliminar, con lo cual, si no comparece una de las partes, no da lugar a la audiencia preliminar y, por tanto, el que asiste no tiene que consignar escrito de pruebas con los elementos probatorios, porque, entre otras razones, no se van a llevar a cabo las gestiones de mediación.

Ahora bien, esas pruebas consignadas al dar inicio a la audiencia preliminar, entregadas al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, no son para que éste se pronuncie sobre ellas, admitiéndolas o valorándolas, esta tarea esta reservada exclusivamente para que sea cumplida por el Juez de Juicio.

De acuerdo con la disposición procesal al efecto,318 el Juez de Juicio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del expediente “providenciará las pruebas”, rechazando las que a su juicio sean ilegales o impertinentes o aquellas que se refieran a hechos admitidos expresamente por las partes; las demás pruebas, por interpretación en contrario, resultan legales y pertinentes y serán admitidas para su posterior evacuación.

2.2.1 Recurso contra la decisión de no admitir
                   una prueba
En atención al contenido de la disposición que se refiere a la apelación,319 sobre el pronunciamiento de la admisión, somos del criterio que el legislador sólo concedió el recurso a quien promueve una prueba que luego no le es admitida, por lo que debemos deducir que no hay apelación contra el auto que admite las pruebas de la contraparte. Esta es una particularidad del procedimiento laboral, que no entenderemos si nos empeñamos en compararlo con otros procedimientos de otras materias, nacionales o extranjeras. Igualmente participamos de la idea de que el recurso, como trataremos posteriormente, se debe oír a un efecto y no en doble efecto.320

2.3 Señalar la oportunidad para la evacuación
de pruebas

Al recibir el Juez de Juicio el expediente se inician dos lapsos paralelos para cumplir actos procesales: uno, referido a la admisión de pruebas; el otro, relativo a la fijación de la audiencia de juicio. Ambos tienen directa relación con la evacuación de pruebas.

En el punto uno, cuando se admite una prueba cuya evacuación tiene que llevarse a cabo inexorablemente en la audiencia de juicio, será en esa oportunidad y no en otra que debe realizarse el acto; por ejemplo: testimoniales, consideraciones sobre las documentales –públicas o privadas– exhibición, observaciones a las pruebas.

Pero hay otras pruebas cuya evacuación debe llevarse a cabo en el transcurso del tiempo que transcurra desde la admisión de las pruebas hasta la audiencia de juicio, de manera tal que al realizarse dicha audiencia ya se encuentren evacuadas, para oír las observaciones de las partes. Si estas pruebas se evacuan en la audiencia de juicio impondrían una suspensión o interferencia que obligaría a diferimientos no queridos ni auspiciados por el legislador. Como ejemplo de esta situación mencionamos la inspección judicial, la experticia –diferente al cotejo por desconocimiento de firma–, reproducciones, copias y calcos, cuya evacuación antes de la audiencia de juicio, con la participación de las partes, abonaría la celeridad que hoy reclaman las causas laborales.
De esta manera las partes no deben limitar su actuación procesal únicamente a enterarse de las pruebas admitidas y de la fijación de la audiencia de juicio, sino que deben estar muy diligentes para acudir al Tribunal de Juicio y asistir en la evacuación de pruebas –que conlleva designación de expertos, fijación de los actos y traslado para propia evacuación de la prueba–, de lo contrario se exponen a que la prueba se evacue sin su presencia, no pudiendo coadyuvar a su realización, o tenerse por desistida, como sucedería con la inspección judicial, por ejemplo.

2.4 Fijar la oportunidad para la realización
de la audiencia de juicio

El Juez de Juicio, al quinto (5º) día hábil siguiente al recibo del expediente, por auto expreso, deberá fijar la oportunidad –día y hora– para que se lleve a efecto la audiencia de juicio, la cual deberá tener lugar en un plazo máximo de hasta 30 días hábiles siguientes a ese quinto (5º) día hábil en que fija la audiencia de juicio.321

En ese auto, como se señalara en precedencia, se fija la audiencia de juicio; y de considerarlo necesario, el Juez ordenará la concurrencia de las partes para que pueda interrogarlas mediante la prueba de declaración de parte, en ejercicio de una de las facultades que le concede el legislador.

3. Audiencia de juicio

3.1 Verificación de la comparecencia de las partes

La primera actuación del Juez de Juicio para el inicio de la audiencia de juicio es verificar la asistencia de las partes, para lo cual identificará a las partes y constatará las representaciones. Si están presente las partes se da inicio a la audiencia.

3.1.1 Incomparecencia del accionante o del accionado
Si la incomparecencia surge de la parte demandante se considerará que éste desiste de la acción,322 y, como consecuencia de ello, no podrá volver a intentar la demanda. En este caso el Juez de Juicio dictará un auto oralmente, declarando la incomparecencia y sus efectos, todo lo cual reducirá de inmediato a escrito, que agregará al expediente, dándose por terminado el juicio.

Si no comparece el demandado, el Juez de Juicio aplicará la disposición procesal correspondiente,323 en cuyo caso tendrá por confeso al accionado en relación con los hechos narrados en el libelo de la demanda, en cuanto no sean contrarios a derecho, procediendo inmediatamente a sentenciar en forma oral la causa y reduciéndola a la forma escrita en la misma audiencia de juicio.

En este supuesto, como en el que surge cuando el demandado no asiste a la audiencia preliminar, el juez no decide con base a las pruebas de autos, sino que condena por aplicación de la disposición adjetiva que se lo impone, no hace ningún tipo de examen o consideración sobre la demostración de los hechos, sólo que en este caso aplica la consecuencia jurídica establecida por el legislador y que surge del supuesto de hecho previsto en la norma, con el único cuidado que la petición no sea contraria a derecho.

3.1.1.1 Recursos
La parte perjudicada podrá recurrir del auto para ante el Tribunal Superior, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al auto que contiene en forma escrita el desistimiento de la acción o la confesión, según se trate. La decisión del Juez de Juicio tiene apelación para ante el Tribunal Superior; y la de éste tiene recurso de casación, si alcanzare la cuantía prefijada para recurrir en casación.324

Si la decisión recurrida fuere revocada, porque considerara quien dictare la decisión firme –Tribunal Superior o Sala de Casación Social del TSJ– que hubo razones para la parte, que justificaron su inasistencia, por caso fortuito o fuerza mayor,325 se ordenará al Tribunal de Juicio que fije nueva oportunidad para la realización de la audiencia de juicio, su pronunciamiento –el revocado– no puede considerarse como adelantamiento de opinión, porque el fundamento de su fallo está en la aplicación de la sanción impuesta por el legislador, no surge del examen y análisis de las pruebas, no viola el artículo 57 de la LOPT.

También puede apelar el actor en los casos de incomparecencia de la parte demandada, si el Juez de Juicio al considerar la confesión, en cuanto a que la petición no sea contraria a derecho, niegue al accionante conceptos que éste considere corresponderle.

En esta suposición, no se apela para que se realice la audiencia de juicio, sino para que se acuerde por la alzada el concepto que le fue negado por la primera instancia y que el perjudicado sostiene le pertenece; también tendrá recurso de casación si por la cuantía se permitiese.

Asimismo puede apelar la parte demandada de la decisión que acordó en su contra la petición del accionante, cuando considere que alguno de los conceptos condenados es contraria a derecho. Al igual que en el caso del actor, no se recurre para que se realice de nuevo la audiencia de juicio, sino para que se determine que alguno de los conceptos declarados con lugar en su pago, es contrario a derecho.

3.2 Incomparecencia a la vez de accionante
y accionado

Si la incomparecencia es de las dos partes, no asistiendo a la audiencia de juicio, el proceso se extingue, haciéndolo constar el Juez de Juicio en acta que levantará inmediatamente e integrará las actas procesales.326 Consideramos que esta decisión también es apelable por los perjudicados, pues en los casos de inasistencia a la audiencia de juicio las consecuencias son fatales –desistimiento de la acción y confesión, según sea– y, por supuesto tendría recurso de casación, si la cuantía lo permitiera.327

3.3 Incomparecencia del Juez de Juicio

Si las partes están presentes en la hora y día para la audiencia de juicio y el Juez de Juicio no ha llegado, se dejará transcurrir un lapso prudencial (corto, breve) para que llegue y se verifique el acto, a menos que el Juez llamara indicando su imposibilidad de concurrir, en cuyo caso se expondrá en el diario que “el juez no estuvo” y el acto se llevará a cabo en el primer día hábil siguiente, estando notificadas las partes.

3.4 Incomparecencia de alguna de las partes
y el Juez de Juicio

¿Qué pasa si a la hora de la audiencia de juicio no está presente alguna de las partes, tampoco está presente el Juez de Juicio y luego éste llama para indicar su imposibilidad de concurrir por razones de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Se aplica la consecuencia procesal al incompareciente o simplemente el acto se verifica en el primer día hábil siguiente? ¿Se notifica a las partes? Somos del criterio de que en este caso puntual, al no haber estado presente el Juez de Juicio se tiene que considerar que no hubo audiencia de juicio y por tanto el acto se tiene que verificar en el primer día hábil siguiente, estando las partes a derecho y sin aplicar consecuencias jurídico-procesales al incompareciente porque no estaba presente el Juez para aplicarlas.

4. Realización de la audiencia de juicio

4.1 Presencia del Juez de Juicio

La audiencia de juicio tiene que ser presidida necesariamente por el Juez de Juicio y se llevará a cabo en forma pública –principio de publicidad–, salvo que el Juez, por excepción, considere que por razones de orden público, o de protección a la personalidad de alguna de las partes deba celebrarse en forma privada. Éste ordenará la audiencia de manera que cada parte pueda ejercer sus derechos, sin atropellos ni desigualdades, con la fluidez necesaria para que la sustanciación de las pruebas se cumpla con la normalidad necesaria, para lo cual el Juez está investido de autoridad suficiente, con facultades disciplinarias, para imponer el orden.328 

4.2 Acto para oír a las partes

Las partes, en la audiencia de juicio, deberán referir oralmente sus alegatos y pretensiones, comenzando con el accionante, quien expondrán los términos de su reclamación o pedimento, de la manera más clara y resumida, sin que pueda auxiliarse con la presentación o lectura de notas o escritos;329 luego, con la misma limitación, lo hará el demandado. En la consecución de esta etapa de la audiencia de juicio, el Juez, de considerarlo conveniente, puede dar por terminada la intervención de alguna de las partes, por entender que el expositor se ha extendido sin aportar los alegatos de una manera concentrada, sucinta, resumida.

El Juez al inicio de esta etapa de la audiencia de juicio deberá indicar a las partes los términos en que se evacuará ésta, con señalamiento expreso del tiempo de que dispone cada parte para su intervención oral y pública, de manera que cada uno de ellos pueda resumir apropiadamente los términos de su pretensión.

La gran importancia de este acto –exposición de las partes– radica en que prácticamente lo que ha de considerar el Juez es lo que a su vez oye el público presente en la audiencia, es lo que manifieste el interviniente en el acto; de aceptar que lo que tiene que tomar en cuenta el Juez es lo que está en el libelo o la contestación de la demanda, no tendría sentido la exposición oral, porque el que expone pudiera referirse a otros hechos o consideraciones, al extremo que cualquier abogado, sin conocer el caso que se ventila para decisión, pudiera venir al acto y exponer sobre cualquier cosa, porque, al final, la consideración es sobre los que está escrito, ¿para qué entonces ese acto tiene que ser oral si lo que debe valorarse es lo escrito?, por eso hemos sostenido que este proceso exige más a los litigantes, al extremo que se terminó “el litigio a distancia”, no se pueden traer escritos, que pudieran estar redactados por otra persona, y proceder a leerlos en público.

4.3 Evacuación de las pruebas

Cumplida la fase de oír los alegatos de las partes, se procede, con la dirección del Juez de Juicio, a la evacuación, examen y análisis de las pruebas promovidas por las partes o por el Juez, comenzando por las de la parte actora.

En el expediente constarán pruebas evacuadas –inspección judicial, experticia, solicitud de informes, reproducciones– y habrá otras pruebas cuya evacuación está pendiente para llevarla a cabo en la audiencia de juicio –examen y análisis de documentos, testimoniales, exhibición, declaración de parte, interrogatorio de expertos–, todo lo cual deberá ser dirigido, conducido por el Juez, de manera tal que las partes se entiendan respetados en su derecho.

4.4 Observaciones de las partes
a las pruebas evacuadas

La norma adjetiva plantea que cada parte puede hacer observaciones a la prueba de la contraparte,330 una vez que ésta se encuentre evacuada.

Estas observaciones tienen que hacerse oralmente y el Juez tomará debida nota de las mismas a los fines de su consideración cuando deba valorar la prueba. En cuanto a las pruebas que se encuentran evacuadas al momento de iniciar la audiencia de juicio, el Juez, una vez oídas las partes en su intervención inicial,331 debe ir presentando cada prueba a las partes, en la audiencia, para que éstas puedan hacer sus observaciones, con la advertencia de que este derecho lo tiene la parte sobre las pruebas de la contraparte, debiendo el juzgador cuidar el acto, de manera que no se convierta en un careo o en una exhibición de oratoria.

Con respecto a las pruebas que se evacuan en el transcurso de la audiencia de juicio, el Juez puede dar derecho a la intervención de la contraparte al promovente de la prueba, una vez que finaliza la consideración y evacuación de la prueba, fijando para el presentador de las observaciones un tiempo breve, muy corto, para evitar que se alargue innecesariamente la audiencia. Somos también de la opinión que el Juez, cuando considere suficiente la exposición, podrá dar por terminada la intervención y, así, pasar a la siguiente prueba, sin que esta decisión incidental pueda ser recurrida en apelación.

4.5 Prolongación de la audiencia de juicio

En cuanto a la posibilidad de prolongar la audiencia de juicio, el legislador trae la misma consideración que para la prolongación de las audiencias preliminares, en el sentido de que aquellas deben contar con la anuencia del Juez y deben agotarse las horas del día de inicio de la audiencia, para continuarla en el primer día hábil siguiente y así sucesivamente332; pero también tenemos que considerar que pueden surgir incidencias –tacha de documentos, desconocimiento de firmas, tacha de testigos–, cuya demostración implica esperar más allá de la finalización de la audiencia de juicio para, con los resultados, poder pronunciarse el Juez de Juicio en su fallo definitivo.333 No está previsto por el legislador y consideramos innecesario que se dé oportunidad a las partes para la presentación de informes finales, pretender la presentación, aunque sea oral, de estos informes se traduce en pretender repetir parte del procedimiento que quedó desechado por la nueva Ley; las partes han tenido oportunidad con la evacuación de cada prueba de hacer sus observaciones, no se requiere dar más etapas de intervención oral, iría contra claros y concretos principios procesales que sirven de fundamento a la LOPT.

5. Sentencia

5.1 Oportunidad para dictar la sentencia definitiva

Una vez que ha finalizado la audiencia de juicio, que concluye con la evacuación de las pruebas, salvo que haya que esperar por los resultados de las pruebas por las incidencias de tacha de documentos, reconocimiento de firma y tacha de testigos, el Juez de Juicio se retirará de la audiencia, por un lapso no mayor de sesenta (60) minutos,334 dentro de los cuales reingresará a la sala de audiencias y pronunciará oralmente su sentencia definitiva, que incluya la argumentación sobre todas las cuestiones que se plantearon en la audiencia de juicio, con una dispositiva concreta.

Sin embargo es bueno advertir, porque se da con alguna frecuencia, que el Juez de Juicio, al sentenciar el fondo, luego de transcurrida la audiencia de juicio, procede restando de lo que corresponde al trabajador la cantidad global que aparece probada en autos como pagada, cuando lo que debe hacer es revisar los conceptos y montos condenados a pagar y restarles los conceptos y montos pagados, pero examinados discriminadamente, por separado, individualizándolos, y no simplemente que del total se rebaje lo pagado. Se ha dado el caso de restar de lo que corresponde pagar, conceptos que no fueron demandados; por una sentencia que nos correspondió dictar se corrigió el error.335 

5.1.1 Diferimiento
A pesar de que el legislador impone en la letra de la Ley que el Juez de Juicio debe dictar la sentencia inmediatamente “después de concluido el debate oral”336 y que si no lo hace éste debe repetirse, fijando nueva oportunidad, debe entenderse que puede dictarse posteriormente, dentro de los sesenta (60) minutos siguientes a la conclusión de la audiencia de juicio o en la oportunidad establecida en el auto que acuerda el diferimiento, sin que por ello tenga que repetirse el debate.

En el primer caso, inmediatamente de finalizada la audiencia de juicio, el Juez, simplemente al concluir todas las actuaciones que integran la audiencia, procede seguidamente a dictar el fallo, sin ninguna otra consideración, diligencia o cumplimiento de formalidades.

En el segundo caso, no dicta la sentencia inmediatamente de concluida la audiencia de juicio, sino que se retira de la sala de audiencia y retorna dentro de los sesenta minutos siguientes y procede a dictar la sentencia; para esta forma tampoco se exige ningún requisito, porque las partes están obligadas a permanecer en la Sala de Audiencias y así la sentencia oral se dicta en presencia de ellos. Si alguna de las partes no está presente en ese momento –se retiró de la Sala– entendemos que la sentencia debe dictarse con apego a la normativa que rige cuando alguna de las partes no está presente al inicio de la audiencia preliminar o de la audiencia de juicio, esto es, que al no estar presente para oír la sentencia oral a dictarse, debe entenderse, si el que no está es el actor que desistió de la acción y si el que no está presente es el demandado, que está confeso en los hechos expuestos en el libelo.

En el tercer caso, si el Juez, excepcionalmente, considera que el asunto reviste la complejidad suficiente que obliga a un mejor estudio o por razones de caso fortuito o fuerza mayor, puede acordar un diferimiento, por una sola vez, hasta por un lapso de cinco días hábiles contados a partir de la finalización de la audiencia de juicio, pero en este caso sí debe exponer en el auto, de manera concreta, indubitable, el día y la hora en que va a dictar la sentencia oral, para que las partes concurran obligatoriamente a oír el fallo; si alguna de ellas no concurre, debe aplicar la consecuencia jurídica que hemos anotado, cual es, el desistimiento de la acción si incomparece el actor o la confesión sobre los hechos, si el que no acude es el demandado.

El supuesto de la norma que obliga al Juez a dictar el fallo cuando finalice la audiencia de juicio, se entiende como aquel en el que el Juez no dicte inmediatamente la decisión, ni dentro de los sesenta minutos posteriores, ni se haga presente para diferir la oportunidad de dictar el fallo oral. En este caso sí deberá repetirse el debate, pero abría que considerar también la sanción al Juez por no haber dictado la decisión.

5.1.2 Consecuencias de no dictar el fallo oportunamente

Si el Juez de Juicio no procede a dictar el fallo en alguno de los momentos que contempla el legislador –finalizando la audiencia de juicio o dentro de los sesenta minutos posteriores o en la oportunidad acordada en el diferimiento– puede ser sujeto de destitución, en aplicación de lo acordado en la disposición adjetiva sobre el punto.337

5.2 Contenido de la sentencia definitiva

5.2.1 Sentencia oral
La decisión deberá inmediatamente plasmarla el Juez a forma escrita en cuanto a su parte dispositiva, de manera que quede concretado el alcance del fallo en cuanto al aspecto condenatorio –con lugar, parcialmente con lugar o sin lugar– y, en los dos primeros casos, referir expresamente los conceptos y montos condenados a pagar por el demandado; incluso sostendríamos que es contrario al interés del proceso retardar el pronunciamiento del fallo oral para agregar o complementarlo con narrativa, exceso de argumentaciones, transcripciones de actas procesales cursantes al expediente. No hace falta, no lo exige el legislador, sólo se requiere una apreciación de los hechos y el derecho muy sucinta, en forma por demás reducida.

5.2.2 Sentencia escrita
La sentencia escrita debe redactarse por el Juez de Juicio en términos muy claros, precisos y lacónicos, sin vaguedades, indefiniciones o indeterminaciones, identificando a las partes y sus apoderados judiciales, así como expresar los motivos de hecho y de derecho –incluyendo análisis de pruebas– en que se fundamente la decisión, determinando la cosa u objeto sobre el cual recae lo decidido, absteniéndose de exponer narrativa o transcribiendo actas o documentos que consten a los autos, con lo cual se posibilita que las decisiones se redacten lo más resumido posible, sin omitir, claro está, las cuestiones que dan fundamentación al fallo. Pérez Sarmiento,338 sobre este punto, expone: “(…) el modelo de sentencia que aquí se enuncia es sencillamente genial, tanto por su simplicidad como por su concisión. Sin embargo, no será fácil meter a algunos operadores de justicia por el aro de la síntesis, ya que en este punto la tradición pesa demasiado.”

El dispositivo de la sentencia está limitado al dispositivo dictado con ocasión de la sentencia oral, en caso contrario, será nula. Se circunscribe por lo regular a declarar con lugar la demanda, o parcialmente con lugar la demanda, o sin lugar la demanda, con el consiguiente pronunciamiento sobre costas; también puede haber un pronunciamiento mediante una sentencia definitiva formal, que son aquellas que se dictan en la oportunidad de la definitiva, pero que no resuelven el fondo de la controversia, sino que anulan el fallo apelado.

 El Juez, de considerarlo conveniente, cuando en la sentencia deban hacerse cálculos o determinación de montos que exijan la utilización de fórmulas no conocidas por el Juez o que le restarían mucho tiempo, necesario para dedicarlo a otros casos o expedientes, podrá acordar en la sentencia que éstos se calculen por una experticia complementaria, en cuyo caso la experticia se realizaría por un perito designado por el Juez, de la lista que ha suministrado el TSJ.

 En conclusión, un Juez, cuando procede a dictar su sentencia escrita, debe considerar los siguientes aspectos: 1.- estudiar las pretensiones del actor; 2.- analizar los alegatos del demandado: a) hechos admitidos; b) hechos negados, ajustándose a lo prescrito por el artículo 135 de la LOPT; y, c) hechos nuevos; 3.- establecer la carga probatoria; 4.- analizar y valorar las pruebas y el cumplimiento por las partes de su carga probatoria; 5.- establecer, con base al principio de la comunidad de la prueba, los hechos demostrados y sus consecuencias jurídicas; 6.- dictar el dispositivo del fallo (partes, objeto sobre el que recae la decisión, condenatoria, costas, intereses de mora, corrección monetaria, experticia complementaria); 7.- Firma del Juez y del Secretario, fecha.

5.2.3 Costas
Sobre las costas, el texto adjetivo es muy claro. La norma va dirigida a los jueces, por lo que éstos están obligados a condenar su pago si se da el supuesto establecido, cual es, el vencimiento total –con lugar la demanda o sin lugar la demanda–,339 independientemente de que las partes, cada uno por su lado, soliciten se condene a la contraria al pago de las costas del juicio.

Este imperativo legal sólo tiene dos excepciones: uno, que la parte totalmente vencida fuera la República y, dos, si el perdidoso total fuera el trabajador, en cuyo caso no procede la condenatoria en costas cuando éste devengue menos de tres (3) salarios mínimos.

5.2.4 Corrección Monetaria (indexación)
También el Juez debe pronunciarse en relación con la corrección monetaria –indexación– en acatamiento a la doctrina sentada por la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia,340 en cuyo caso, cuando el dispositivo contiene una condena con lugar en contra de la demanda o parcialmente con lugar, que conlleve al pago de una cantidad de dinero, debe condenar su pago, calculándose el concepto de acuerdo con la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela y por el lapso que va desde la oportunidad en que se admite la demanda hasta que se decrete la ejecución del fallo; por el tiempo posterior, el legislador concibió su procedencia con una disposición adjetiva sobre el tema.341

5.2.5 Intereses de mora
Por lo que se refiere a los intereses de mora, la CRBV contempla en el artículo 96 que toda deuda del patrono al trabajador en el pago del salario y de las prestaciones sociales genera intereses por la mora; contempla además que estos intereses de mora son deudas de valor y gozan de las garantías y privilegios de la deuda principal.

Compartimos plenamente el contenido de la disposición constitucional. Es de justicia reconocer a los trabajadores una compensación por el dinero que le corresponde, pero que el patrono mantiene en su poder aplicando a la cantidad a pagar los intereses para las deudas laborales. Consideramos que los intereses de mora deben calcularse desde la finalización de la relación de trabajo hasta la ejecución de la sentencia.

En una oportunidad –03 de junio de 1994– nos pronunciamos sobre los intereses de mora, señalando:342 

“Si el patrono no paga cuando está obligado, cuando es exigible –no exigido sino exigible– por el trabajador, cae ineludiblemente en situación de mora. Se ha retardado en cumplir y debe pagar por su tardanza unos intereses moratorios, que no debe confundirse con la corrección monetaria por la pérdida del valor del dinero.
Ahora bien, la cuestión estriba en determinar la tasa de interés cuando no está prevista por el legislador, como sí lo prevé en el caso de la antigüedad y la cesantía, hoy indemnización por tiempo de servicio.
 Cuando el patrono no paga puntualmente a su trabajador las cantidades que le adeuda, está usando el dinero que no le pertenece, se está aprovechando de una suma y la invierte en su beneficio sin participación del y para el laborante.
(…)
Aplicar el interés civil ‘empujaría’ a los patronos a no pagar a su vencimiento, sin importarles que al final los condenaran a pagar intereses a la rata establecida en el Código Civil, por lo que resulta fantástico afirmar que por la mora se paga el interés civil en las deudas laborales. Debe pagarse por la mora el interés laboral que no es otro que el fijado por el Banco Central de Venezuela, el cual se ordena aplicar por interpretación extensiva.”

Por su parte, la Sala de casación Social del TSJ, por sentencia de fecha 14 de noviembre de 2002,343 expuso:

“Ahora bien, con relación a la cuestión relativa a la tasa que se debe aplicar para el pago de intereses de mora sobre las cantidades de dinero que el patrono adeuda al trabajador, con motivo de la finalización de la relación de trabajo que haya habido entre las partes, estima la Sala pertinente puntualizar los siguiente:
(…) si el patrono incurre en mora, deberá pagarle al trabajador el interés laboral contemplado en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, identificada bajo el correcto término de prestación de antigüedad y que no es otro que el fijado por el Banco Central de Venezuela.
(…)
Pues bien, el patrono al no pagar puntualmente a su trabajador las cantidades que le adeudad se está aprovechando de un dinero que no le pertenece invirtiéndolo por consiguiente en su beneficio, es decir, es la retención sin legalidad que hace el patrono de una suma que le corresponde al trabajador y que el patrono se negó a entregar en la oportunidad prevista por el legislador por lo que no debe generar los intereses previstos para las cuestiones mercantiles ni civiles sino las de orden laboral, debido al asunto tutelado en estos casos, puesto que indudablemente no es un acuerdo entre sujetos para una negociación sino que es un hecho que parte de la contraprestación que recibe el trabajador por poner a disposición del patrono su energía laboral, que éste aprovecha y hace suya para su único interés y beneficio
Aplicar el interés legal civil empujaría a los patronos a no pagar a su vencimiento sin importarles que al final de un largo proceso judicial, se le exigiera pagar intereses a la rata establecida en el Código Civil, por lo que resulta desacertado afirmar que por la mora debe pagar el interés civil en casos de deudas laborales. Por lo tanto debe pagarse por la mora del patrono el interés laboral que no es otro que el fijado por el Banco Central de Venezuela.”

Del texto de las sentencias transcritas parcialmente, se llega a la conclusión que los intereses a pagar por el patrono en concepto de intereses de mora es el fijado por el Banco Central de Venezuela para los intereses sobre prestaciones sociales, y así lo sentó la Sala en su fallo.

5.2.6 Aclaratoria y ampliación
La Ley no contempla en su articulado la posibilidad de solicitar aclaratoria o ampliación de la sentencia; pero tampoco lo prohíbe, por lo que somos de la idea de que cualquiera de los litigantes puede solicitar al Juez que dictó el fallo que se aclare o se amplíe, sólo que el ejercicio o la interposición de la solicitud no será de acuerdo a la oportunidad que tiene establecida la doctrina de la Sala Constitucional, en aplicación del CPC –el día hábil que se dicta la sentencia o en el siguiente–, sino de acuerdo con la doctrina sentada por la Sala de Casación Social, esto es, dentro del mismo plazo que se concede para ejercer el recurso de apelación o el de casación, según se trate; pero para pedir aclaratoria de la sentencia dictada por la Sala de Casación Social, sí rige el procedimiento de que sea el día hábil en que se dictó la sentencia o en el siguiente.

Con esta forma de computar el lapso para solicitar aclaratorias o ampliaciones se da una mayor seguridad a las partes en los juicios laborales, pues no tienen que estar pendientes del momento en que se dictó el fallo, sino de la oportunidad en que vence el plazo para dictarla.

5.3 Motivos de nulidad de la sentencia

El legislador no le ha querido establecer al Juez de Juicio exigentes requisitos sobre el contenido de las decisiones, no le ha impuesto cómo ha de dictar su fallo, más bien ha flexibilizado el rigorismo que los códigos procesales contemplan para las sentencias.

No obstante, algunos formas ha de imponer y por eso, en el texto adjetivo ha establecido que la sentencia será nula en los casos en que se dé alguna de las causales344 que integra la disposición procesal correspondiente: Por no contener la sentencia los datos sobre las partes, no estar redactada en términos claros, precisos y lacónicos, por no indicar los motivos de hecho y de derecho del fallo, por haber absuelto la instancia, por ser contradictoria al extremo de no poderse ejecutar o no saber que fue lo decidido, cuando sea condicional o contenga ultrapetita; más los otros requisitos que deben contener cualquier decisión, como sería la firma el Juez y del Secretario, la identificación del tribunal que la dictó y la fecha en que se publicó.

Con respecto a la ultrapetita, consideramos conveniente referir algunas consideraciones sobre esta institución, que se conciben de manera diferente en nuestra disciplina, en comparación con las materias que corresponden al derecho civil.

La ultrapetita sólo se da en la parte dispositiva de la sentencia definitiva, o en el considerando contentivo de una decisión de fondo.345 En materia civil, el vicio de ultrapetita se configura cuando el juez concede más de lo solicitado o cuando concede cuestiones que no le han sido planteadas –que también ha recibido por la doctrina el nombre de extrapetita–, también se habla en la doctrina procesal de citrapetita –omisión de pronunciamiento por el juez–; mientras que en nuestro derecho, cuando el juez acuerda más de lo solicitado por el trabajador, porque éste en la sumatoria de los montos discriminados totalizó una cantidad menor, no se incurre en vicio de ultrapetita, como así lo hemos acordado en varios fallos, durante muchos años.346

Pero también ahora, con la LOPT, el Juez de Juicio puede condenar al pago de un concepto que no haya sido demandado, siempre que se llenen ciertos extremos procesales;347 antes de la vigencia de la Ley adjetiva, esto constituía un vicio de la sentencia.348

En resumen, pretender la nulidad de una sentencia en materia laboral, alegando ultrapetita, no es fácil, pues, como dijéramos, cuando se dan algunos supuestos, se puede condenar a pagar más de lo demandado o condenar a pagar lo no demandado, sin que ello represente el vicio que conlleve a la nulidad del fallo.349 

6. Reproducción de la audiencia

Esta audiencia, la de juicio, comporta una novedad, que a la vez se convierte en exigencia; la audiencia de juicio deberá –imperativo– grabarse en su totalidad,350 los actos (alegatos de las partes, testimoniales, declaración de parte, consideraciones de las partes sobre las documentales, tachas, desconocimiento de firmas, entre otros) deben constar en cintas o medios de reproducción, para ser enviados en su oportunidad, como anexo del expediente, en los casos de apelaciones o de ejercer el recurso de casación.

Si el Tribunal de Juicio no dispusiera de los medios de grabación para efectuar la reproducción audiovisual, consideramos que pudiera hacerla sólo de audio; pero si esto tampoco fuera factible, el Juez deberá tomar nota de todas las actuaciones, reflejando los actos orales y a la vez dejar constancia de ello en la sentencia a dictar al finalizar la audiencia de juicio.

Quedaría por considerar la circunstancia de que si las actas forman parte del expediente, integrado por las formas escritas y por las grabaciones, ¿cómo se podría revisar fácilmente un expediente en cada oportunidad en que fuera requerido por una parte o por los Jueces –incluyendo en éstos a los que no son los llamados a decidir–, si en los expedientes se archivan separadamente la escritura de la reproducción? En la práctica la grabación se mantiene en archivo. No se envía al Superior en sobre cerrado, sino que éste, cuando la requiera, la solicita por oficio, debiendo esperar respuestas de quien corresponda, con lo cual se aumenta la excesiva tramitación en un procedimiento que se dice ser célere, rápido, sin formalidades innecesarias, en otras palabras, se supedita la revisión del expediente por el Juez de la causa, a la aprobación de otra persona.

7. Recursos

7.1 Apelación

De la sentencia definitiva –la escrita– dictada por el Juez de Juicio, se admitirá apelación por ante el Tribunal de Juicio para ante el Tribunal Superior, siempre que se interponga dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de los cinco (5) días hábiles que se dan para la publicación. La apelación debe proponerse en forma escrita por ante el Juez que la dictó y éste, una vez oída la apelación en ambos efectos (suspensivo), remitirá todo el expediente, junto con la grabación, de haberse efectuado, al Tribunal Superior.

La posibilidad del ejercicio de este recurso –la apelación– nos garantiza la realización de las dos instancias –o doble instancia– que caracterizan, salvo excepciones, al derecho procesal en Venezuela. Con la apelación se logra una revisión de lo decidido por la primera instancia, aunque ello conlleve una demora en la solución de las controversias, pero, en realidad, viene a constituir o representar una garantía de justa decisión, de imparcialidad, de una manera clara de administrar una justicia correcta.

En ocasiones el perdidoso, cuando es el patrono demandado, puede ocurrir a la apelación para ganar tiempo, al tener la apelación el efecto suspensivo, aun estando conciente de que en el Tribunal Superior no obtendrá la decisión a su favor, porque siendo confirmatoria del fallo de la primera instancia, únicamente se agravaría su condenatoria con las costas del recurso, pero hoy, con la adición de la corrección monetaria más los interese de mora, no es aconsejable la práctica de apelar por apelar, máxime cuando el apelante debe exponer oralmente en la audiencia, al Juez Superior, los argumentos que justificarían, a su decir, el ejercicio del recurso.

7.2 Recurso de hecho

Si el Tribunal de Juicio negare la apelación interpuesta o sólo la oyera en un efecto, tratándose de una decisión definitiva de fondo, el recurrente podrá interponer, para ante el Tribunal Superior, el correspondiente recurso de hecho.

El escrito contentivo del recurso de hecho se presentará ante la unidad encargada de la distribución de expedientes,351 quien lo remitirá, previa adjudicación por sorteo, al Tribunal Superior. En dicho escrito se expondrá la pretensión del apelante –que se ordene oír la apelación o que se admita en ambos efectos–, acompañándolo de las copias certificadas conducentes, que deberá considerar la alzada a los efectos de su pronunciamiento, debiéndose publicar la sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles. Consideramos que por cuanto en el caso del recurso de hecho no se ventilan hechos sino el derecho –el de apelación– no hay necesidad por el Juez Superior de fijar audiencia de parte; esto lo hará si se declara con lugar el recurso de hecho, luego de oída la apelación por la primera instancia y remitido otra vez a la segunda instancia, previa nueva distribución por sorteo.

Si el recurrente no acompaña las copias certificadas, el Juez Superior dará un plazo de cinco (5) días hábiles para que las consignen, como hemos sostenido en todas las oportunidades en que se ha dado el supuesto352, en caso contrario –no las consigna en el plazo concedido– se declarará terminado el procedimiento del recurso de hecho y la decisión de la primera instancia quedará firme.


TRIBUNAL SUPERIOR DEL TRABAJO



1. Decisión por el Tribunal Superior (apelación de la decisión del Juez de Juicio que decide el fondo). 1.1 Fijación de la audiencia de parte. 1.1.2 Celebración de la audiencia de parte y pronunciamiento. 2. Decisión por el Tribunal Superior (apelación de otras decisiones). 3. Anuncio del recurso de casación. 4. Recurso de hecho.


1. Decisión por el Tribunal Superior
     (apelación de la decisión del Juez de Juicio
     que decide el fondo)

1.1 Fijación de la audiencia de parte

Al quinto (5º) día hábil siguiente al recibo del expediente –no dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido del expediente– el Tribunal, por auto expreso, fijará la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, la cual deberá llevarse a cabo en un lapso no mayor de quince (15) días hábiles siguientes al auto que fijó la oportunidad para su celebración.

Señala la disposición adjetiva353 que el Tribunal Superior ordenará –imperativo– la comparecencia de los expertos, previa notificación, con lo cual pareciera que en cada oportunidad que en un juicio, en la audiencia de juicio, haya intervenido un experto, el Juez Superior deberá notificarlo para que concurra y éste deberá acudir a la cita. Pensamos que la norma debió ser redactada en forma facultativa o potestativa, en el sentido de que el Juez Superior decidiera, en cada oportunidad, si era necesario o no la comparecencia del experto, porque pudiera darse el caso de que la materia o asunto elevado a la alzada no tuviera nada que ver con la informado por el experto y su presencia sería inoficiosa, causándole además al experto la molestia para no hacer nada, recargando además la labor del Alguacilazgo.

En el anteproyecto354 y en el proyecto355 se da al Juez la posibilidad de ordenar la comparecencia “si lo estimaba pertinente”; en la Ley no quedó a la discreción del juzgador sino que el legislador le ordena proceder a la notificación para la comparecencia.

Pensamos que los jueces Superiores pudieran atemperar este rigorismo y, sin que esto se traduzca en una desobediencia expresa a lo ordenado por el legislador, omitir el llamado del experto cuando la apelación no tuviere relación con su actuación, y que así sea confirmado por la Sala de Casación Social. La falta de notificación del experto sería el incumplimiento de una formalidad no esencial –a menos que se requiera para decidir la apelación– y no acarrearía una reposición.

1.1.2 Celebración de la audiencia de parte
                  y pronunciamiento
En el día y la hora referida en el auto expreso que fijó la oportunidad para la audiencia de parte, se llevará a cabo la misma, bajo la dirección del Juez Superior, para oír al apelante. Si el apelante no concurre a dicha audiencia se entenderá que desistió de la apelación sin tener que pronunciarse el Juez Superior sobre el aspecto presentado en apelación, en cuyo caso, la decisión definitiva de fondo pronunciada por el Juez de Juicio quedará firme, debiendo, entonces, el Superior enviar el expediente al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución para que, a solicitud de la parte interesada, se decrete la ejecución de la sentencia.356

Si comparece el apelante a la audiencia, esta se llevará a efecto –con la utilización de sistemas de grabación–357 oyendo sus alegatos sobre los motivos de la apelación; finalizada la audiencia, el Juez Superior puede dictar su sentencia oral o retirarse de la audiencia por un lapso no mayor de sesenta (60) minutos, debiendo –imperativo–, en este caso, permanecer la parte apelante en la audiencia hasta el retorno del Juez Superior; también podrán –potestativo– permanecer la parte no apelante y aquellas personas que acudieron a la audiencia pública.

Dentro del lapso de los sesenta (60) minutos regresará el Juez Superior a la audiencia y pronunciará su sentencia oralmente, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes deberá reproducirla por escrito, sin formalismos innecesarios, dejando expresa constancia de su publicación. Cuando el legislador se refiere a “formalismos innecesarios”, entendemos la elaboración de narrativa, reproducción de actas que conforman el expediente, disquisiciones o exámenes rigorosos sobre cada aspecto reflejado en las actas procesales para desechar una prueba, si por el conjunto y apreciación de las demás se demuestra el hecho alegado.

Si el Juez considera que el caso sometido a su consideración presenta puntos complejos de decisión o por caso fortuito o fuerza mayor, podrá excepcionalmente –porque la regla es que dicte su sentencia el mismo día en que se celebra la audiencia de parte– diferir el pronunciamiento oral de la sentencia hasta por cinco (5) días hábiles, fijando en el auto el día y la hora para la cual dictará la decisión, a los efectos de que la o las partes apelantes estén obligatoriamente presentes en el Tribunal Superior para oír la sentencia que se dictará oralmente. Si no estuviere presente el apelante, se entenderá desistida la apelación, firme la sentencia dictada por el Juez de Juicio y se remitirá el expediente al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución para que proceda a su ejecución, previa solicitud de la parte interesada.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al día fijado para dictar la sentencia oral, el Juez Superior deberá reproducirla por escrito, sin formalismos innecesarios, dejando expresa constancia de su publicación.

2. Decisión por el Tribunal Superior
     (apelación de otras decisiones)

En los demás casos de apelación, al llegar las copias certificadas al Tribunal Superior, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, previa audiencia de parte, se dicta la sentencia oral y se reduce a escrito. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha decisión, se podrá anunciar recurso de casación, salvo las excepciones que hemos tratado en el curso de este trabajo.

3. Reproducción audiovisual

Por expresa disposición legal358 la audiencia celebrada en el Tribunal Superior debe grabarse en forma audiovisual, de manera que la Sala de Casación Social pueda apreciar la forma cómo se llevó a acabo dicha audiencia y precisar los alegatos de la parte apelante, y eventualmente de la contraparte, vistos y oídos de reproducción fiel. También contempla la norma que de no ser posible, excepcionalmente, la reproducción, el Juez Superior dejará constancia de ello en el fallo y levantará acta con el contenido de la audiencia oral.

4. Anuncio del recurso de casación

Contra la decisión proferida por el Tribunal Superior se podrá anunciar recurso de casación, de forma escrita359 y por ante el Juez que dictó la sentencia para ante la Sala de Casación Social, siempre que la causa, por la cuantía, tenga ese recurso.360 El ejercicio de este recurso deberá anunciarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que venció el lapso para publicar la sentencia dictada oralmente.361 Si el Juez Superior considera que la decisión no tiene recurso de casación –cuantía, extemporaneidad u otra razón valedera a su juicio–, no oirá el recurso de casación anunciado y deberá mantener el expediente por cinco (5) días hábiles, para dar oportunidad al recurrente de que interponga un recurso de hecho.

5. Recurso de hecho

Negado el recurso de casación anunciado, el Tribunal Superior mantendrá el expediente por cinco (5) días hábiles362 y la parte recurrente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha negativa, presentará escrito o diligencia contentiva de la voluntad de interponer ese recurso. Vencido los cinco (5) días para la interposición del recurso de hecho, el Tribunal Superior, si fue ejercido el recurso, remitirá el expediente a Sala de Casación Social, sin ningún pronunciamiento de su parte; si no se interpusiera el recurso de hecho remitirá el expediente al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, a los fines de la ejecución en la forma anotada supra.


recurso de casación laboral



1. Consideraciones Generales. 2. Sentencias recurribles. 3. Motivos para recurrir. 4. Procedimiento. 4.1 En el Tribunal Superior del Trabajo. 4.2 En la Sala de Casación Social del TSJ. 4.2.1 Sobre el recurso de hecho.4.2.2 Formalización. 4.2.3 Contestación a la formalización. 4.2.4 Audiencia de parte. 5. Sentencia. 5.1 Oportunidad para dictarla. 5.1.1 Diferimiento. 5.2 Contenido de la sentencia. 6. Doctrina vinculante.


1. Consideraciones Generales

La LOPT contempla todo un capítulo destinado a regir el recurso de casación en los juicios del trabajo, indicando las sentencias que tienen el recurso, la limitación por la cuantía, las violaciones que comportan la procedencia del recurso, el procedimiento, la audiencia de parte, interposición del recurso, escritos plausibles de presentación, sentencia, reenvío, doctrina vinculante.

En cuanto a la oralidad, la parte recurrente, o las partes, deberán exponer en la audiencia oralmente sus pretensiones, pero el anuncio del recurso, la formalización y contestación a ésta, como la promoción de pruebas –si fuera el caso– se llevan a cabo de manera escrita. La sentencia participa, como es una constante en este procedimiento laboral, de la oralidad y la escritura.

2. Sentencias recurribles

De acuerdo con la norma procesal363 que rige la materia, el recurso de casación laboral se podrá interponer contra las sentencias que pongan fin al juicio, esto es, las sentencias que emanan de los juzgados de segunda instancia que dan por terminado el proceso. Se incluyen en éstas las interlocutorias que hubieren producido un gravamen no reparado por la sentencia definitiva.

Aceptar que cualquier error intrascendente pueda lograr casar una sentencia, equivaldría, entonces, a negar vigencia a los principios establecidos en la CRBV, relativos a la garantía de una justicia expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos y reposiciones inútiles,364 con un procedimiento simplificado, uniforme, eficaz que no sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.365

Escobar León,366 ha expuesto concretamente que: “el criterio anteriormente señalado, permite eliminar la casación de forma cuando el vicio alegado no tenga ninguna trascendencia sobre la suerte del asunto debatido. No es posible buscar la nulidad por la nulidad misma, sino que el vicio que se plantea tiene que ser de tal entidad, que impida ‘resolver la controversia con fuerza de cosa juzgada, posibilidad de ejecución y suficiente garantía para las partes”.367

En cuanto a la homologación de una transacción judicial, el auto que la homologa es una interlocutoria que pone fin al juicio, aunque no se pronuncia sobre el fondo del pleito; con la homologación se pone fin al proceso, se considera dentro de las decisiones que ponen fin al juicio, por lo que en criterio de la Sala de Casación Social son “susceptibles de ser recurridas en casación.”368

También podrán proponerse contra los laudos arbitrales dictados por las Juntas de Arbitraje.

En ambos casos, para que sean recurribles, el interés principal del juicio debe tener una cuantía superior a 3.000 U. T. 369

Si la sentencia del Juzgado Superior no excede del monto fijado –3.000 U. T.– podrá recurrirse por control de la legalidad; si el laudo arbitral dictado por la Junta de Arbitraje no excede de dicha cantidad de U. T. no tendrá recurso de control de la legalidad.

De esta manera se modifica la forma de calcular la cuantía para acceder a casación. Antes de la vigencia de la Ley, el monto a exceder se fijaba en bolívares, lo que mantenía estática la cantidad; a pesar de que hubiere cambios en el poder adquisitivo de la moneda, requería de una resolución con una serie de requisitos y pasos a cumplir. Hoy los cambios económicos del país no afectan la cuantificación del monto para recurrir en casación, porque ahora se establecen por unidades tributarias, las cuales se ajustan periódicamente –anualmente, en enero– con lo cual el monto para recurrir en casación está adaptado al valor de la moneda y su poder para adquirir, limitando la excesiva posibilidad de recurrir ante la Sala de Casación Social del TSJ.

También son recurribles las decisiones de los Juzgados Superiores que se pronuncien sobre la admisión de la demanda,370 las que decidan sobre los motivos de incomparecencia de las partes a las audiencias preliminares y a las audiencias de juicio,371 contra el laudo arbitral dictado por la Junta de Arbitraje372 y contra la sentencia definitiva de fondo dictada por los Tribunales Superiores llamados de transición,373 mientras que se ha excluido ese derecho en los casos de sentencias de segunda instancia que se pronuncien sobre la no admisión de una prueba, sobre el acuerdo de medidas cautelares, sobre las decisiones en fase de ejecución o las decisiones en materia de estabilidad laboral. 374

3. Motivos para recurrir

El legislador redujo a tres los motivos para interponer el recurso extraordinario de casación.375

El primero está referido a la indefensión, o sea, cuando haya quebrantamiento u omisión de formas sustanciales que disminuyan o reduzcan el derecho a la defensa.

El segundo está circunscrito a los errores de juzgamiento, esto es, cuando exista error de interpretación, o se haya aplicado falsamente una norma, o se aplique una norma que no esté vigente o se niegue aplicación a una que lo esté o cuando se haya violado una máxima de experiencia.

Para que uno de estos motivos mencionados en segundo lugar pueda hacer prosperar un recurso de casación, debe tratarse de un hecho que sea determinante en lo dispuesto por al sentencia; si en una fallo se advierte una de los errores anotados, pero se aprecia que no es determinante en el dispositivo de la sentencia, no hará progresar el recurso. No tendría sentido casar un fallo, anulándolo, para que se aplique una norma vigente que no se aplicó, pero que no variará el dispositivo de la decisión, o para que no aplique una norma derogada, cuya exclusión no tendrá repercusión en el dispositivo de la sentencia.

El tercero lo representa lo que se conoce como inmotivación, reflejado en la falta, contradicción, error, falsedad o manifiesta ilogicidad. Sin embargo, si revisamos los motivos de nulidad de la sentencia376 advertimos que en las causales no está incluida la inmotivación, por lo que pudiera pensarse, en un primer momento, que no es nula una sentencia que le falte la motivación; pero si leemos el referido artículo 160 de la LOPT, vemos que nos remite al 159 ejusdem, en cuyo contexto exige que en la sentencia se deberán expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión, lo que aunado al contenido del artículo 168, que señala como motivo de declaratoria con lugar del recurso de casación la falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, forzoso resulta concluir que la motivación sí forma parte de los requisitos que debe contener una sentencia.

4. Procedimiento

4.1 En el Tribunal Superior del Trabajo

El recurso de casación se interpone por ante el Tribunal Superior del Trabajo, para ante la Sala de Casación Social del TSJ. El ejercicio del recurso se hace por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del término para la publicación de la sentencia contra la cual se recurre.377 

Al día hábil siguiente al vencimiento del lapso para interponer el recurso de casación, el Tribunal Superior se pronunciará sobre la admisión o no del recurso. Si admite el recurso anunciado, en el auto hará constar el último día hábil que correspondió para ejercer el recurso y remitirá inmediatamente el expediente a la Sala de Casación Social; si no lo admite, debe motivar la razón o causa de ello y mantendrá el expediente por un tiempo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la negativa, a los efectos de que el recurrente pueda interponer el recurso de hecho.

En este caso, el recurrente podrá interponer, por escrito en el mismo expediente, dentro de esos cinco (5) días hábiles, el recurso de hecho por ante el Tribunal Superior que negó la admisión del recurso de casación para ante la Sala de Casación Social del TSJ.378 El Tribunal Superior, una vez vencido los cinco (5) días hábiles, remitirá el expediente a la Sala.

4.2 En la Sala de Casación Social del TSJ

4.2.1 Sobre el recurso de hecho
La Sala se pronunciará, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del expediente, sobre la procedencia o no del recurso de hecho.

Declarada por la Sala procedente el recurso de hecho, comenzará a correr al día hábil siguiente el lapso para presentar el escrito de formalización; si fuera declarado sin lugar el recurso de hecho, la Sala enviará el expediente a la primera instancia para su ejecución, participando al Tribunal Superior que dictó el auto contra el que se interpuso el recurso de hecho, del contenido de la decisión.

Si la Sala considera que el recurso de hecho se interpuso maliciosamente, podrá imponer, por auto razonado, una multa al recurrente de hecho, hasta por la cantidad equivalente a 125 U. T. Si el multado no paga dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha del auto –recuérdese que la parte está a derecho, no hay que notificar la imposición de la sanción– la multa se convierte en arresto; si cumpliendo el arresto hace el pago correspondiente –consideramos que debe cesar el arresto, aplicando el concepto expuesto por el legislador en el artículo 48, encabezamiento del parágrafo segundo– y no mantener la privación de la libertad.

4.2.2 Formalización
La Formalización se presenta en la Sala de Casación Social del TSJ mediante un escrito “razonado”, conteniendo “los argumentos que a su juicio justifiquen la nulidad del fallo recurrido”, para lo cual el recurrente dispone de veinte (20) días consecutivos –no hábiles–; dicho escrito no podrá exceder de tres (3) folios y sus vueltos. Si el recurrente no cumple con enterar el escrito de formalización dentro de los veinte (20) días consecutivos o si se excediere del límite de los tres folios y sus vueltos, el recurso será declarado perecido. En este escrito, excepcionalmente, si fuere el caso, deberá promover las pruebas.379

4.2.3 Contestación a la formalización
Vencidos los veinte (20) días consecutivos otorgados para formalizar, si el recurrente consignó el escrito contentivo de la formalización, la contraparte podrá –potestativo– presentar un escrito –con la misma limitación de los tres (3) folios y sus vueltos– dentro de los veinte (20) días consecutivos siguientes con los argumentos que, a su decir, contradicen los alegatos esgrimidos en el escrito de formalización. En este escrito, excepcionalmente, si fuere el caso, deberá promover las pruebas.380 No hay en este procedimiento réplica ni contrarréplica.

4.2.4 Audiencia de parte
Transcurridos los veinte (20) días consecutivos para que la contraparte presente el escrito de contradicción a los alegatos del recurrente, la Sala de Casación Social del TSJ dictará una auto fijando el día y la hora para la celebración de la audiencia, en la que el recurrente y la contraparte deberán exponer oralmente, de manera pública y contradictoria, sus alegatos y defensas.

Si el recurrente-formalizante no acude a la audiencia, se entiende desistido el recurso de casación y se devuelve el expediente al tribunal de la primera instancia, para su ejecución; si no acude la contraparte –haya o no presentado escrito de contradicción–, no se tienen por aceptados los vicios denunciados, ni procedentes los motivos de casación.

En esta fase –casación–, como se dijera en precedencia, se realiza una audiencia de parte, en la cual, además de exponer las partes, oralmente, sus alegatos, se procede a la evacuación de las pruebas promovidas por las partes, si fuere el caso, cuando el recurso este fundamentado en la contradicción o disparidad existente entre la forma como se realizó algún acto y la manera como está reflejado en el acta o en la sentencia.

La promoción de esta prueba, como se indicará supra debe estar contenida en el escrito de formalización o en el de contestación, según se trate, y en ellos se expresará lo que se aspira probar, con lo cual, en esta oportunidad, sí exige el legislador que se indique en la promoción la utilidad de la prueba, qué se pretende probar con ella.

Esta audiencia, por disposición legal, puede prolongarse con la aprobación de los Magistrados, las veces que sean necesarias hasta agotarse el debate.
5. Sentencia

5.1 Oportunidad para dictarla

Finalizada la audiencia en la que se verificó el debate oral, la Sala deberá, inmediatamente, dictar su sentencia oral.

No señala el legislador en esta oportunidad que los Magistrados disponen de un tiempo de 60 minutos para retirarse a deliberar y luego reintegrarse a la audiencia para dictar el fallo, pero opinamos que con la posibilidad del diferimiento se logra el mismo efecto.381

5.1.1 Diferimiento
Contempla la Ley la posibilidad de que por razones basadas en la complejidad del asunto a resolver, los Magistrados puedan diferir, por una vez, la oportunidad para dictar el fallo; diferimiento que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados a partir de concluido el debate oral –finalizada la audiencia–, para lo cual, por auto expreso, deberán fijar la hora y el día en que se dictará la sentencia, a los fines de la comparecencia obligatoria de las partes, para oír la decisión. Ese diferimiento también puede ser de 60 minutos, con lo cual también hay la posibilidad de dictar el fallo el mismo día de finalizada la audiencia, aunque no en forma inmediata, como establece la norma.382

Si la parte recurrente no está presente en la oportunidad fijada en el diferimiento para oír la sentencia a dictar, se entenderá que desiste del recurso de casación y, entonces, la decisión deberá estar fundamentada en la incomparecencia y no en los motivos esgrimidos en el escrito de formalización del recurso.

Si los Magistrados de la Sala de Casación Social no deciden dentro de la oportunidad establecida en la Ley, no es causal de destitución.

5.2 Contenido de la sentencia

La Sala en su decisión “se pronunciará sobre las infracciones denunciadas en el escrito de formalización”, “extendiéndose al fondo de la controversia, al establecimiento y apreciación de los hechos que hayan efectuado los tribunales de Instancia”, de esta manera, a raíz de la vigencia de la Ley, la Sala no tiene limitaciones para conocer del fondo, equiparándose prácticamente a una tercera instancia, pues antes conocía de las cuestiones de fondo, por los motivos expresados en la ley adjetiva que regía para el recurso de casación laboral.

En el fallo la Sala de Casación Social se podrá decretar la nulidad de la sentencia recurrida, reponiendo la causa al estado que considere necesario para corregir el vicio y restablecer el orden jurídico, siempre que dicha reposición tenga un fin útil y que la infracción denunciada haya violentado el derecho a la defensa.

En los otros casos del artículo 160 de la LOPT, casada la sentencia, la Sala procederá a decidir el fondo, sin que pueda acordarse el reenvío, poniendo fin a la controversia, enviando el expediente a la primera instancia para su ejecución y remitiendo copia certificada del fallo al Tribunal Superior. Se terminó el pleito.

En la sentencia la Sala deberá también incluir un pronunciamiento sobre las costas, siendo obligatoria su imposición en los casos de desistimiento o de perecimiento del recurso.

Además de los motivos señalados por el formalizante, la Sala de Casación Social podrá, de oficio, casar el fallo con base en las infracciones de orden público y constitucionales que pudiere observar.

6. Doctrina vinculante

Las decisiones de la Sala de Casación Social del TSJ son obligantes, vinculantes, para los tribunales de instancia en materia laboral, debiendo aplicar su doctrina en casos análogos, con lo cual se lograría “defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia”.383, 384

En la oportunidad de la discusión de este punto en el seno de la Asamblea Nacional, presenciamos como algunos parlamentarios objetaron el grado “vinculante” de la doctrina, agregado en el texto de la disposición, y propusieron que más bien debería incluirse en la redacción la palabra “procurarán”, luego de lo cual se acordó el diferimiento de la aprobación del artículo para una oportunidad posterior. En reunión de la mesa técnica de la Subcomisión de Asuntos laborales, Gremiales y Sindicales de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, alegamos que de aceptarse que la doctrina no fuera vinculante, tácitamente quedaba derogado el recurso de control de la legalidad, pues los jueces no violarían ninguna doctrina, por no ser obligante o vinculante. Con base en esta argumentación insistieron en la Asamblea Nacional en dejar el texto del proyecto y así fue aprobado.

Esta doctrina de la Sala de Casación Social, al ser vinculante y continua, se convierte en reiterada a los efectos de su consideración para el recurso de control de la legalidad.



Recurso de CONTROL DE LA LEGALIDAD



1. Introducción. 2. Requisitos. 2.1 Sujeto activo del derecho a recurrir. 2.2 Interposición. 2.3 Sentencias recurribles dictadas por el Tribunal Superior. 3. Oportunidad para interponer el recurso. 4. Procedimiento. 5. Decisión. 6. Costas. 7. Decisiones no vinculantes.


1. Introducción

El control de la legalidad constituye una de las novedades introducidas por el legislador en los procesos laborales. Está contenido en el Capítulo VII del Título VII de la LOPT –dos artículo– y su vigencia data del 13 de agosto de 2002, pues, junto con el litisconsorcio, fueron de las materias a las cuales no se les concedió vacatio legis y, por tanto, su vigencia se inicia con la publicación oficial.385

El control de la legalidad es un recurso extraordinario que sólo puede ejercerse una vez que el Tribunal Superior a dictado su decisión de fondo, lo que excluye de su aplicación a las decisiones que aun cuando se hayan tomado por un Tribunal, dicha decisión no emana de un Superior.

No es una tercera instancia, sino que es un recurso para revisar la sentencia, previa determinación de los supuestos previstos por el legislador –que violente o amenace con violentar el orden público o que sea contrario a la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social del TSJ– aunque participa de varias disposiciones aplicables a los recursos de casación, como es una parte del procedimiento.

Esta institución no sustituye al recurso de casación. Se trata de dos figuras que controlan aspectos diferentes y tienen tratamientos y procedimientos distintos uno del otro; lo que sí representa una relación entre ellos –recurso de casación y control de la legalidad– es que uno excluye al otro, esto es, que si tiene recurso de casación no tienen control de legalidad o viceversa. No compartimos la tesis de que pudiera interponerse el recurso de casación y subsidiariamente el de control de la legalidad, si aquel resultara inadmitido,386 porque ello supondría una mezcla de procedimientos que al final impedirían cualquier solución legal, bastando con enunciar, para apoyar nuestro rechazo, que en el recurso de casación el escrito se presenta ante la Sala, mientras que en el control de la legalidad el escrito se presenta ante el Juez Superior, además, los motivos de procedencia de uno y otro son diferentes.

En la práctica, con el recurso de control de la legalidad se evita que el Juez Superior decida a su antojo, caprichosamente, prevalido de que la sentencia proferida no tiene recurso de casación387; para evitar que algunos jueces, la minoría afortunadamente, incurran en abusos y excesos de diferente índole.388 Con el ejercicio del recurso la sentencia no adquiere la condición de cosa juzgada hasta tanto no se pronuncie la Sala, resolviendo sobre el recurso de control de la legalidad.

El recurso de control de la legalidad no tiene ninguna correspondencia con los pronunciamientos de la Sala Constitucional en relación con el recurso de revisión constitucional, no representa un duplicado de formas para accionar, ni una se sobrepone a la otra; ni la violación de la doctrina vinculante de la Sala Constitucional puede atacarse por medio del recurso de control de la legalidad.

Merece un comentario la redacción en el encabezamiento del artículo 178 de la LOPT porque pudiera tenerse como una suposición posible, cuando el legislador, del contenido de la institución del control de la legalidad, es contundente al referirse como un requisito que la sentencia no tenga recurso de casación. Pudiera entenderse de la redacción que aún cuando no tuviere casación pudiera tener recurso de control de legalidad; y nos preguntaríamos ¿si tiene recurso de casación, tendría el de control de legalidad?, porque cuando dice “que aún y cuando no fueran recurribles en casación” no excluye a los que tuvieran el recurso de casación. En nuestro criterio ha debido asentarse en la disposición “que no fueran recurribles en casación”; sin embargo pensamos que del articulado389 no hay dudas sobre la exclusión, cuando la sentencia tiene recurso de casación.

2. Requisitos

2.1 Sujeto activo del derecho a recurrir

El control de la legalidad debe ser interpuesto por la parte que resulte perdidosa –total o parcialmente– por una decisión de un Juez Superior del Trabajo, no procede de oficio, a pesar de que en la decisión se den los otros supuestos previstos por el legislador. Debe haber el impulso inicial por el interesado; si el perjudicado no procede con el ejercicio del recurso, la decisión queda definitivamente firme y pasa a la condición de cosa juzgada, obligante para las partes.
2.2 Interposición

El control de la legalidad no se interpone oralmente; su ejercicio y la fundamentación del mismo debe constar en forma escrita. El escrito se presenta por ante el Tribunal Superior que dictó la sentencia contra la cual se quiere accionar y en ningún caso puede exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos.390

En el escrito se señalará expresamente los motivos por los cuales se interpone el recurso de control de la legalidad, esto es, indicar concretamente cuál es el orden público violentado o amenazado en violentar o cuál la reiterada doctrina jurisprudencial que ha sido contrariada.391

2.3 Sentencias recurribles dictadas
por el Tribunal Superior

En primer término debe tratarse de una sentencia que no tenga recurso de casación.

Además, el recurso de control de la legalidad sólo puede interponerse contra las sentencias dictadas por un Tribunal Superior del Trabajo que decida sobre los derechos que acuerda la LOT y la LOPT y que ponga fin al juicio o impida su continuación. No se puede interponer contra decisiones interlocutorias cuyo vicio u error puede ser corregido en la sentencia definitiva.392
De esta manera, puede ejercerse el recurso contra la decisión del Tribunal Superior que se pronuncia sobre la decisión de un Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución en relación con la inadmisibilidad de la demanda o que acordó desistida la instancia o admitidos los hechos por la incomparecencia de alguna de las partes, según se trate. También se puede interponer contra el fallo del Superior que se pronuncia sobre la sentencia dictad por un Juez de Juicio –siendo este el caso típico, pues es la decisión que se dicta en fase de juzgamiento– pronunciándose sobre el fondo, bien por ausencia de contestación del demandado o por inasistencia de alguna parte al inicio de la audiencia de juicio o en la oportunidad de dictar la sentencia oral de fondo.

Concurrente con los requisitos mencionados en precedencia, debe tratarse de una sentencia que violente o amenace con violentar el orden público. Sobre este punto señala la Sala de Casación Social del TSJ que “debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y derecho a la defensa”.393 Y que debe tratarse de “violaciones del orden público legal establecido”.394

También se considera recurrible cuando la sentencia sea dictada por un Tribunal Superior del Trabajo, que el fallo no tenga recurso de casación y que el mismo sea contrario a la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social del TSJ, esto es, por lo que se refiere al último requisito, que no se consideran a estos efectos la doctrina jurisprudencial de las otras Salas del TSJ –a pesar de que se refieran a materia laboral–, pero sí la de la Sala de Casación Social, aunque esta doctrina tenga su origen en fecha anterior a la vigencia de la LOPT, porque, independientemente de la oportunidad en que se sentó la jurisprudencia, emana de la Sala.

Por el contrario, contra los laudos arbitrales dictados por una Junta de Arbitraje no se puede ejercer un recurso de control de la legalidad, porque no llena los requisitos exigidos en la norma adjetiva. En efecto, el laudo arbitral no es una sentencia ni lo dicta un Juez Superior del Trabajo, por lo que contra él –el laudo arbitral– sólo es posible ejercer el recurso de casación, si llenare los requisitos de Ley.

Si la sentencia fue dictada en un procedimiento de amparo, habría que distinguir: si el Tribunal Superior se pronunció como primera instancia, corresponde su conocimiento, por ahora, a la Sala Constitucional del TSJ, por la apelación o bien por la consulta. Si la sentencia proviene del Tribunal Superior, pero actuando como segunda instancia, con ella se agota el procedimiento en las acciones de amparo y, en nuestro criterio, no tendrían tampoco control de la legalidad.

3. Oportunidad para interponer
el recurso

El recurso se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del fallo, por ante el Tribunal Superior del Trabajo que dictó la sentencia que se quiere invalidar.

En nuestro criterio el computo de los cinco días hábiles para la interposición se debe iniciar una vez vencido o concluido el lapso que tenía el Juez Superior para publicar la sentencia que antes había dictado en forma oral. Los lapsos procesales que se inician deben dejarse transcurrir íntegramente, para favorecer la seguridad en la administración de la justicia.

4. Procedimiento

El Tribunal Superior ante quien se interpuso el escrito contentivo del recurso de control de la legalidad remitirá inmediatamente el expediente a la Sala de Casación Social del TSJ.
La Sala procede a revisar el escrito contentivo del recurso y el contenido del expediente para pronunciarse en el sentido de conocer o no de la solicitud; no es el Tribunal Superior quien admite o no el recurso. Si la Sala considera que no debe conocer del recurso lo expondrá por escrito mediante auto que se integra al expediente; sin que sea requerido por el legislador la motivación de la negativa,395 es un acto discrecional de los magistrados.396 En caso de interposición maliciosa del recurso, la Sala deberá imponer al recurrente una multa, hasta un máximo de 125 U. T., pero en este caso sí se requiere motivar el auto que acuerde la sanción, esto es, indicar cual es la circunstancia que hace considerar maliciosa la interposición del recurso. Revisadas las decisiones de la Sala en las cuales no admite o declara inadmisible el recurso de control de la legalidad, observamos que no impone la multa mencionada supra, por no considerar que la interposición sea maliciosa.

Para el pago de la pena el legislador estableció un plazo de tres (3) días, entendiéndose que se computa por días hábiles después de elaborada la orden para enterar en el Fisco el monto de la multa.

Como una novedad en materia de sanciones, el legislador estableció que la multa se impondría al recurrente, no a la parte si ésta no lo había interpuesto.397 

Si por el contrario la Sala decide conocer del recurso de control de la legalidad, comienza a correr un lapso de 20 días calendarios consecutivos para que la otra parte pueda consignar su contestación al recurso;398 y vencido este lapso deberá fijar por auto expreso el día y la hora de la realización de la audiencia oral para la comparecencia del recurrente, a los efectos de que públicamente exponga sus alegatos, siguiéndose para ello el procedimiento previsto en los artículo 173 y 174 de la LOPT.399

A diferencia de la acción de amparo interpuesta contra decisiones de un Tribunal, en el control de legalidad no se requiere notificar al sentenciador a los efectos de que venga a exponer lo que considere conveniente. La persona que debe concurrir obligatoriamente a la audiencia es el recurrente. Somos del criterio que si la contraparte en el juicio cuya sentencia se ataca, se hace presente en la audiencia, siempre que haya presentado escrito de contestación, debe oírsele, pero ha de circunscribirse al punto planteado en el escrito contentivo del recurso.

Al igual que en el recurso de casación, el recurrente está obligado a asistir puntualmente a la audiencia oral; de no hacerlo se declarará desistido el recurso de control de la legalidad y la Sala remitirá el expediente al tribunal de la primera instancia para su ejecución, quedando firme la sentencia recurrida.

5. Decisión

La sentencia de la Sala de Casación Social que decida el recurso de control de la legalidad puede tener, por lo general, tres sentidos: Uno, que el recurso al final resulta inadmisible porque no se demostraron los supuestos de hecho previstos por el legislador –violación de normas de orden público o contradicción con la reiterada jurisprudencia– para la procedencia del mismo, en cuyo caso la sentencia recurrida queda definitivamente firme. Dos, que se encuentran demostrados los supuestos de la ley adjetiva y se anula el fallo del Tribunal Superior, con reenvío para que el Tribunal que resulte competente vuelva a decidir. Tres, que efectivamente se encuentran también demostrados los supuestos, pero decide al fondo, sin acordar el reenvío, facultad ésta también otorgada a la Sala de Casación Social en los casos de los juicios ordinarios.

6. Costas

En cuanto a las costas, en este procedimiento, como se dijera supra, sólo hay un escrito que presenta la parte recurrente, en la cual debe señalar cual es la norma de orden público violentada o amenazada de violentar por la sentencia o cual es la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social que fue contrariada por el fallo que se recurre; no hay actividad obligatoria para la contraparte en el sentido de presentar un escrito de contestación; y los hechos que permiten ejercer el recurso provienen del Juez Superior y están contenidos en la sentencia. De esta manera, consideramos que no debería haber condenatoria en costas en contra de la contraparte o del recurrente, cuando se decidiera el recurso de control de la legalidad porque en el fallo del Tribunal Superior se den los supuestos previstos por el legislador.

La Sala de Casación Social del TSJ no ha impuesto todavía costas en los recurso de control de la legalidad, pero es cuestión de esperar la conducta que asumirá en definitiva la Sala.

7. Decisiones no vinculantes

Las decisiones de la Sala de Casación Social del TSJ, en materia de Control de legalidad, no son obligantes para los jueces,400 pues en las mismas no se establece una doctrina de casación, sino que más bien controlan las sentencias que se dictan por los Tribunales Superiores cuando contraríen la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala en materia de casación. Es obligante en la sentencia contra la cual se declaró con lugar el recurso de control de la legalidad.



EJECUCIÓN



1. Régimen jurídico-procesal. 2. Tribunal competente para ejecutar. 3. Procedimiento. 3.1 Primera fase de ejecución. 3.2 Segunda fase de ejecución. 3.3 Facultades del Juez para cumplir con la ejecución. 4. Costo adicional por no cumplir voluntariamente con el fallo. 5. Recursos.


1. Régimen jurídico-procesal

El procedimiento de ejecución está contenido en la Ley en el Título VII, Capítulo VIII y establece una forma de ejecución distinto al utilizado hasta la vigencia de la misma.

2. Tribunal competente para ejecutar

De acuerdo con lo establecido por el legislador, la ejecución de las sentencia firmes en los casos de las demandas por prestaciones sociales y otras indemnizaciones, corre por cuenta del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, en su función de ejecución; también corresponde a este Juez, la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de calificación de despidos.

Consecuente con lo expuesto en precedencia, podemos afirmar que el Juez de Juicio no tiene competencia para ejecutar las sentencias dictadas a la luz de la LOPT; como se ha dicho, esta función sólo corresponde al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución.

Ahora bien, hemos sostenido supra que los jueces de sustanciación reciben la causa para proceder a la admisión de la demanda, previo sorteo efectuado en la oficina administrativa correspondiente;401 también hemos dicho que estos jueces reciben el expediente para ocuparse de llevar a cabo todo lo concerniente a la audiencia preliminar, previo sorteo en la forma anotada. Cuando se trata de la ejecución de una sentencia, participamos del criterio de que entonces en estos casos se remita directamente el expediente sin nuevo sorteo de distribución, para que este Juez, que conoce los términos de la contravención, concluya con el juicio, ejecutando el fallo.

Para la ejecución de la sentencia firme, el Juez puede solicitar el auxilio de la fuerza pública,402 en concordancia con el artículo 27 de la LOPT.

3. Procedimiento

El procedimiento para la total y definitiva ejecución de la sentencia dictada por los Tribunales del Trabajo, en apego al procedimiento pautado por la LOPT, consiste en seguir parte del articulado de esta Ley y parte de las disposiciones del CPC, constituyendo uno de los dos ejemplos de normas supletorias previstos en el texto adjetivo.403

3.1 Primera fase de ejecución

Consideramos que una vez que la sentencia a quedado definitivamente firme, la parte interesada en la ejecución debe acudir al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, a solicitar que se dispongan la actuaciones necesarias para la ejecución, esto es, la realización de las gestiones referentes a cálculos por experticia complementaria del fallo, corrección monetaria e intereses de mora, si fuera el caso. Recibida por el Tribunal la información requerida y necesaria para cuantificar la condena, el interesado pedirá se decrete la ejecución de la sentencia.

Al día hábil siguiente comenzará a transcurrir el lapso para la ejecución forzosa, la cual se llevará a cabo al 4º día hábil siguiente al decreto de ejecución, siempre que no conste a los autos que el obligado cumplió voluntariamente con los términos de la condena, en los tres días previos a éste.

Si la ejecución forzosa no pudiera llevarse a cabo en ese cuarto día hábil siguiente al decreto de ejecución de la sentencia, por razones, a nuestro entender, que sean muy justificables por el Tribunal, éste fijará, por auto expreso, la nueva oportunidad para procederá a la ejecución forzosa. En este caso no se requiere de notificación a las partes, éstas están a derecho y sería exagerado que el ejecutado exija que se le notifique cuando se llevará a cabo la ejecución forzosa; él debe y tiene que pagar, incluso, moralmente, ha debido hacerlo sin que se le ejecute, tuvo oportunidad en la audiencia preliminar y en el resto del procedimiento para llegar a un acuerdo con la contraparte y no lo hizo, además se dictó una sentencia en su contra que conoce, dándosele oportunidad para que cumpliera voluntariamente y tampoco lo hizo. No puede prestarse la administración de justicia a permitir que las diligencias de ejecución se prolonguen por un tiempo, a veces, superior al del juicio donde se ventiló el derecho reclamado.

El Juez encargado de la ejecución debe tener presente que si no hace el embargo en la primera oportunidad que fija el legislador y no tiene excusa suficiente por no haberlo hecho en ese momento y el obligado por la demora obtiene el tiempo necesario para insolventarse, pudiera estar sujeto a responsabilidad.

3.2 Segunda fase de ejecución

Una vez practicada la ejecución forzosa, con sujeción a las disposiciones del CPC, debe tenerse presente que en su aplicación no se desvirtúe lo dispuesto en la LOPT.404

En caso de que se requiera el remate de bienes embargados, no se seguirá lo establecido en el CPC, sino que se hará de acuerdo con lo establecido por el legislador en la LOPT. En este caso éste se hará con la publicación de un único cartel de remate.

Para establecer el valor o justiprecio de los bienes a rematar, tampoco se seguirá lo pautado en el CPC, se hará con la designación por el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de un perito, escogido de la lista que suministra la Sala de Casación Social del TSJ.

3.3 Facultades del Juez para cumplir
con la ejecución

El Juez encargado de la ejecución de la sentencia, en cumplimiento de su encargo, está facultado para dictar cualquier medida que considere necesaria para lograr la ejecución del fallo, medidas que está obligado a tomar para garantizar la ejecución, para que la sentencia no quede en estado de inejecutabilidad o se haga ilusoria.405

4. Costo adicional por no cumplir
voluntariamente con el fallo

Si el obligado a pagar o condenado no pagare voluntariamente lo acordado en la sentencia, procede el pago adicional de intereses de mora y por corrección monetaria; pero estos dos conceptos son adicionales a los que pudieran estar incluidos en la sentencia a ejecutar, pues éstos se calculan hasta el decreto de ejecución de la sentencia, mientras que aquellos406 se cuantifican a partir del decreto de ejecución de la sentencia hasta el momento de la ejecución definitiva del fallo, esto es, hasta el pago efectivo de la obligación. Sin embargo, consideramos que las partes tienen toda la libertad de llegar a cualquier acuerdo sobre estos conceptos y sus montos, incluso renunciar a su cobro, no pudiendo interferir el Juez en ello.

Sobre el cumplimiento voluntario, en nuestro criterio, habría que precisar que por cumplimiento voluntario debemos entender que el obligado pagó dentro de los tres días que precedieron al día que correspondía, por imperio legal, proceder a la ejecución forzosa.

Si el obligado paga “voluntariamente” en la oportunidad que se presenta el Tribunal para iniciar la ejecución, no puede entenderse que lo hizo voluntariamente; por tanto proceden los conceptos de intereses moratorios y corrección monetaria, que han de calcularse posteriormente por el Tribunal, a solicitud del interesado.

El monto de los intereses moratorios o de la corrección monetaria en esta etapa se calculará con base a la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela para los intereses sobre prestaciones sociales.407

5. Recursos

Contra las decisiones que tome el juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, con ocasión de la ejecución del fallo, se admite el recurso de apelación a ser oído en un único efecto –devolutivo–, con el fin de evitar que, por las apelaciones, se suspenda una ejecución.408

La parte que se sienta perjudicada podrá intentar su recurso solamente en el lapso preclusivo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se dictó el auto que impugna, contra el que persigue su revocatoria, en el entendido que de transcurrir el plazo sin interponer la apelación, el auto queda firme.

La apelación se interpone por ente el Juez que dictó el auto que se apela, para ante el Tribunal Superior, quien decidirá de forma oral, previa audiencia de la parte apelante, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Si el apelante no concurre a la audiencia, se entenderá que desistió de la apelación, quedando firme el auto apelado sobre la ejecución de la sentencia.

El legislador en este punto no fue preciso, pues no define a partir de qué momento se computan los cinco días: si es a partir del recibo del expediente, si es a partir del auto que fija la audiencia de parte o si en a partir de que se lleve a cabo la audiencia de parte.

A diferencia de lo que ocurre en las apelaciones por la inadmisibilidad de la demanda, por las incomparecencias de las partes a las audiencias preliminares o a las de juicio, en las que sí señala de manera precisa que los cinco (5) días hábiles se computan a partir del recibo del expediente, en el caso de las apelaciones de los autos dictados en ejecución de sentencia no precisa, en modo alguno, a partir de que momento o actuación se cuenta el plazo para decidir.

Dice textualmente la norma:
Contra las decisiones del Juez en la fase de ejecución, se admitirá recurso de apelación a un solo efecto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir del acto que se impugna, la misma será decidida en forma oral e inmediata, previa audiencia de parte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, por el Tribunal Superior del Trabajo; contra dicho fallo no se admitirá recurso de casación.
(…).”

Consultados los autores patrios, unos no hacen referencia al tema,409 otro se inclinan por sostener que es a partir del recibo del expediente,410 la exposición de motivos no hace alusión al tema.

 A pesar de que de una interpretación apegada estrictamente a la letra de la Ley, pudiera sostenerse que los cinco (5) días hábiles siguientes que tiene el Juez Superior para dictar la sentencia oral se cuentan a partir de la realización de la audiencia de parte, en nuestro criterio, de acuerdo con el tratamiento procesal que da el legislador a los demás procedimientos de apelación que se siguen ante el Tribunal Superior, considerando igualmente la celeridad que inspira este procedimiento del trabajo y de que la apelación se oye a un efecto –devolutivo–, requiriéndose una decisión rápida, célere, porque las actuaciones de ejecución no fueron suspendidas, el lapso para pronunciarse el Juez de alzada es a partir del recibo del expediente, esto es, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de las actuaciones, en copia certificada, provenientes del sistema de distribución por sorteo.








estabilidad



1. Disposiciones legales. 1.1 Excepción (empresas con menos de diez trabajadores) 2. Requisitos a cumplir por las partes. 2.1 Participación por el patrono. 2.1.1 Omisión de la participación por el patrono. 2.1.2 Contenido de la participación. 2.2 Solicitud del trabajador. 2.2.1 Omisión de la solicitud del trabajador. 2.2.2 Contenido de la solicitud. 3. Procedimiento. 3.1 Hasta sentencia definitiva. 3.2 En la fase de ejecución. 4. Persistencia en despedir. 4.1 Manifestación del patrono y pago de los derechos del trabajador. 4.1.1 Manifestación en el transcurso del procedimiento. 4.1.2 Inconformidad del trabajador con el pago ofrecido. 4.2.1 Manifestación en la etapa de ejecución. 5. Recursos. 5.1 Apelación para ante el Tribunal Superior. 5.2 Decisión definitiva del Tribunal Superior. 5.2.1 Recurso de casación. 5.2.2 Control de la Legalidad. 5.2.3 Autos en ejecución de sentencia.


1. Disposiciones legales

La LOPT contempla en su articulado todo un capítulo referido a la estabilidad,411 donde incluye el procedimiento, persistencia en el despido e inconformidad del laborante con el monto del pago ofrecido por el patrono, así como la excepción en las empresas que ocupan determinado número de trabajadores.412 Como consecuencia, en la Ley se derogan todas las disposiciones de la estabilidad que tenían carácter adjetivo, esto es, que quedan sin vigencia los artículo del 116 al 124 de la LOT que conformaban todo el procedimiento para reclamar al patrono el despido sin justa causas y obtener del Juez la calificación del despido para ordenar el reenganche con el pago de los salarios caídos. Ahora el articulado está condensado en la LOPT, desde el 187 hasta el 192, más el procedimiento único previsto en la Ley.

La competencia le viene dada también a los Tribunales del Trabajo por disposición del artículo 29 de la LOPT, que establece que éstos son competentes para sustanciar y decidir “Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas con base a la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral”.

Como excepción tenemos el caso de la mujer embarazada, los trabajadores con fuero sindical, los trabajadores que tengan suspendida la relación de trabajo,413 discutiendo contratos colectivos o apoyando constitución de sindicatos.

Adicionalmente a estos supuestos de inamovilidad que requieren la calificación de despido por ante el respectivo órgano administrativo, se agrega el caso de inamovilidad laboral cuando la misma es decretada por el Ejecutivo Nacional.414

En estos momentos el volumen de solicitudes de calificación de despido se encuentra reducida considerablemente, debido a los decretos que establecen la inamovilidad de trabajadores –no para todos, hay excepciones–, inamovilidad que se extiende desde el 01 de mayo de 2002 hasta el 30 de septiembre de 2004. Una vez finalizada la inamovilidad, los trabajadores podrán acudir por la vía de la estabilidad –si tiene derecho a ella–, salvo los que conserven inamovilidad, los cuales deberán ventilar su calificación por ante las autoridades administrativas del Ministerio del Trabajo.

1.1 Excepción (empresas con menos
de diez trabajadores)

A las empresas con menos de diez trabajadores no le es aplicable este procedimiento de estabilidad, ni debe el Juez pronunciarse calificando el despido.415 Hemos sostenido de siempre esta idea, porque nos parece de una ilogicidad jurídica, que se califique un despido, pero si es injustificado no se ordene el reenganche.

El trabajador en estas condiciones, debe acudir por juicio ordinario y reclamar el pago de las prestaciones e indemnizaciones por el despido sin justa causa, calificado previamente por el Tribunal del Trabajo, pero no para acordar el reenganche con el pago de los salarios caído, sino par condenar al pago de los conceptos mencionados en precedencia.416

Llama la atención el contenido del artículo 191 de la LOPT porque en el mismo se establece una condición que pareciera contrariar el espíritu de la institución de la estabilidad, en cuanto a su indemnización.

En efecto, reza la norma:

“Los patronos que ocupen menos de diez (10) trabajadores, no estarán obligados al reenganche del trabajador despedido, pero si al pago de las prestaciones e indemnizaciones a que se refiere la Ley Orgánica del Trabajo, cuando el despido obedezca a una justa causa que en todo caso será objeto de calificación por el Tribunal competente.”

Del texto de la norma transcrita se lee que la indemnización procede, previa calificación por el Tribunal competente, cuando el despido obedezca a un despido justificado, cuando la lógica jurídica nos hace entender que cuando el despido ocurra en una empresa con menos de diez trabajadores, el trabajador despedido no puede aspirar a que se califique el despido para que se ordene el reenganche con el pago de los salarios caídos; a lo que tiene derecho es a que se le pague las indemnizaciones a que se refiere la LOT, previa calificación por el Tribunal competente, cuando el despido obedezca a causa injustificada o sin justa causa.

2. Requisitos a cumplir por las partes

El legislador en relación con el artículo 116 de la LOT, derogado, no hizo ninguna modificación. El artículo 187 de la LOPT tiene la misma inteligencia y persigue el mismo fin, cual es, establecer obligaciones para las partes, con lapsos preclusivos, procedimiento aplicable y formas de ejecución.

2.1 Participación por el patrono

De manera clara se prescribe por el legislador que el patrono que despida a un trabajador protegido por la estabilidad laboral tiene que participarlo al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de su jurisdicción. Cuando el despido ocurre contra un trabajador que no tiene la protección de la estabilidad, el patrono no está obligado a hacer la participación del artículo 187 de la LOPT.

El Artículo 112 de la LOT prohíbe los despidos sin justa causa; cuando el patrono procede a despedir a un laborante debe participarlo y el trabajador puede solicitar que se le califique el despido, para precisar si se hizo con o sin justa causa y, en este segundo caso, se acuerde el reenganche con la pago de los salarios caídos.

Esta participación debe hacerla el patrono por escrito, indicando los hechos o las causas,417 no las causales establecidas en el artículo 102 de la LOT, éstas son potestativas de mencionar; lo que interesa es que se le expongan al Juez los motivos que, a juicio del empleador, justifican el despido que ha ordenado en contra de quien le prestaba servicios.

Para considerar que el empleador ha cumplido con su obligación debe constar que la participación fue recibida por el Juez dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a al ruptura de la relación de trabajo por parte del patrono, entendiéndose por hábiles de lunes a viernes, con exclusión de los feriados.

En relación a la consideración de los días hábiles para hacer la participación, la Sala de Casación Social, por sentencia del 09 de octubre de 2003, sentó que los días de vacaciones judiciales se toman en cuenta como días hábiles para solicitar la calificación del despido, por lo que entendemos, y así debe tenerse presente, que también se consideran días hábiles para participar el despido por parte del empleador. 418

Esto en modo alguno significa que en los días de vacaciones se podrá sustanciar una solicitud de despido, este tiempo es sólo para presentar la solicitud y evitar que ocurra la caducidad por no ejercer la acción tempestivamente.
Este lapso de cinco (5) días hábiles puede interrumpirse para evitar que transcurran y ocurra la caducidad, cuando no hay posibilidad física para cumplir la obligación, como sería en el caso de huelga de los trabajadores de los tribunales.

2.1.1 Omisión de la participación por el patrono
Si el patrono no participa al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución el despido, estando obligado a ello porque el trabajador despedido gozaba de la protección de la estabilidad, el legislador prevé una consecuencia jurídica, como es, que el despido se llevo a cabo sin causa de justificación419 y en caso de que el trabajador solicite la calificación del despido, el Juez deberá declarar con lugar la solicitud y ordenar el reenganche con el pago de los salarios caídos.

La omisión la califica el legislador como una confesión de que el despido se hizo sin justa causa –no confesión ficta, que luego permite desvirtuar los hechos con pruebas. Si el patrono no participa, luego no puede demostrar que tenía suficientes meritos para poner fin, unilateralmente, a la relación de trabajo; lo que puede procesalmente hacer el patrono es discutir si el sueldo reflejado por el trabajador en su solicitud era el correcto, o el tiempo de trabajo, o la condición o carácter con que prestaba labores para la demandada, o si el trabajador convino con el patrono en poner fin al vínculo de trabajo que los unía.

2.1.2 Contenido de la participación
La participación del despido del trabajador debe hacerse al Juez para dos fines específicos: uno, para enterar al Juez de las causas que, a juicio del empleador, justifican el despido; y dos, para establecer las causas que alega el patrono, sin que pueda luego cambiarlas durante el juicio de calificación del despido.

De esta manera, debe decir con suficiente detalle los hechos que a juicio del patrono justifican el despido; pero además debe indicar de manera concreta y precisa la fecha del ingreso del trabajador, para determinar si éste tiene la antigüedad necesaria para gozar de la estabilidad –tres (3) meses–; la remuneración del laborante, para determinar el salario a los efectos del pago de salarios caídos; también debe señalar la información del momento –fecha– en que ocurrieron los hechos, para establecer si ocurrió el perdón de la falta a que alude el artículo 101 de la LOT; por último, debe señalar la información relativa a la empleadora y la persona que concurre por ésta a los efectos de participar el despido.

2.2 Solicitud del trabajador

Para que pueda iniciarse en los tribunales el procedimiento de calificación del despido, se requiere la iniciativa del trabajador, en el sentido de acudir tempestivamente para comunicar el despido del cual fue sujeto y pedir se califique de injusto el mismo.420 Aun cuando el patrono no proceda a participar el despido, si el laborante no acude a solicitar la calificación no se inicia el juicio de estabilidad y, por tanto, no produce la omisión del empleador la consecuencia jurídica prevista por el legislador. Si el laborante no acude al Juez para que decida lo injustificado del despido, no se da comienzo al procedimiento.421

Es un derecho que tiene el trabajador y puede ejercerlo o no, a su arbitrio, sólo que para tener derecho al reenganche tiene que haber solicitado la calificación del despido; por lo demás, si no hay procedimiento, tampoco habrá condenatoria de salarios caídos a su favor.

2.2.1 Omisión de la solicitud del trabajador
Como el procedimiento de calificación de despido persigue determinar lo justificado o no de la ruptura de la relación por voluntad unilateral del patrono, si no acude el trabajador no da lugar al procedimiento de calificación, pero ello no conlleva a que pierda sus derechos laborales, pues puede demandar los demás derechos que tiene como trabajador, pero sin seguir el articulado para la estabilidad, porque sí perdió la posibilidad de que se acordara su reenganche con el pago de los salarios caídos.

2.2.2 Contenido de la solicitud
La solicitud del trabajador debe contener la información relativa a la identificación del trabajador, empresa donde prestaba servicios laborales, fecha de ingreso en la misma, oportunidad en que fue despedido, persona que procedió a despedirlo, y, lo más importante, solicitar que se calificara el despido para que se acuerde el reenganche con el pago de los salarios caídos. Esta solicitud la presenta el trabajador sin necesidad de estar asistido o representada de abogado; para continuar el procedimiento sí debe estar de su lado un profesional del derecho, asistiéndolo o representándolo judicialmente.

En la práctica, debido al lapso tan corto que tiene el trabajador para solicitar la calificación y para evitar la caducidad, se facilita su presentación, con el llenado en el Tribunal de un formato que tiene el espacio para suministrar la mínima información que se requiere. Posteriormente la solicitud pasa al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución para proceder a ordenar la notificación, a los efectos de la celebración de la audiencia preliminar.

3. Procedimiento

3.1 Hasta sentencia definitiva

Consecuente con el principio de un único procedimiento, en la reclamación para la calificación del despido, se ha de seguir el procedimiento establecido en la LOPT.422 

De esta manera ha de pasar la acción por el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución para que este Juez, luego de revisada la solicitud y que ésta cumpla los requisitos procesales, se inicie la fase en la audiencia preliminar a los fines de una mediación.

Si no fuera posible la mediación, ni el arbitraje, finaliza la audiencia preliminar, se agregan las pruebas y, de ser el caso, se produce el segundo despacho saneador, el demandado contesta la demanda y se pasan las actas procesales al Juez de Juicio para que se pronuncie siguiendo el procedimiento general y de haberse contestado la solicitud se lleva acabo la audiencia de juicio, con su posterior decisión definitiva, que se dictará en forma oral, declarando con o sin lugar la solicitud de calificación de despido, acordando el reenganche con el pago de salarios caídos, si el despido resultara injustificado.423

Esta decisión definitiva tiene apelación para ante el Tribunal Superior, pero contra ésta no acordó el legislador el recuso de casación, sino que expresamente lo excluyó de este procedimiento;424 pero el interesado puede ejercer el recurso de control de la legalidad en los términos establecidos en la Ley.

3.2 En la fase de ejecución

Se sigue el procedimiento establecido en la LOPT425, con la novedad de que en la ejecución de una sentencia de estabilidad se aplicará, si fuere el caso, la corrección monetaria y los intereses de mora, por el tiempo posterior al vencimiento del lapso para el cumplimiento voluntario, no por el tiempo transcurrido en el procedimiento.

4. Persistencia en despedir

Es un derecho que tiene el demandado, que por el sólo hecho de ejercerlo, está reconociendo la existencia de la relación de trabajo, el despido y lo injustificado del mismo; al persistir en el despido debe indubitablemente proceder a pagar los salario caídos y todas las indemnizaciones laborales.

4.1 Manifestación del patrono y pago
de los derechos del trabajador

El patrono, en cualquier estado del juicio –transcurso del procedimiento o en la fase de ejecución– puede persistir, constando por escrito, en el despido, insistir en éste, de manera tal, que el trabajador reclamante no sea incorporado a sus labores.

4.1.1 Manifestación en el transcurso del procedimiento
Si el patrono hace uso de esta facultad prevista por el legislador, en la etapa anterior a que se dicte la sentencia definitiva, finaliza el procedimiento, pues su persistencia se tendrá como aceptación de que el despido ocurrió sin justa causa; no tiene el Juez de Juicio que proceder a la calificación del despido, pues con su acción ya el patrono reconoció lo injustificado del mismo.

 Pero el ejercicio de este derecho no se agota con la simple manifestación de persistir en el despido, sino que la misma debe ir acompañada del monto correspondiente a los salarios caídos, más lo que corresponda al trabajador por las indemnizaciones establecidas en la LOT, más las cantidades que le correspondan al laborante por los conceptos derivados de la relación de trabajo.

El pago, entonces, debe estar integrado por el monto de los salarios caídos, calculados desde el momento en que se notificó a la parte demanda para acudir a la audiencia preliminar, hasta el pago completo de dicho concepto, que debe contener también las prestaciones sociales que correspondan al trabajador, como sería, entre otros, antigüedad, vacaciones, utilidades, intereses sobre prestaciones sociales, más lo que incumba por los otros conceptos que correspondan al trabajador, contenidos en acuerdos individuales de trabajo, usos o costumbres en la empresa, o en contrataciones colectivas.

4.1.2 Inconformidad del trabajador
                  con el pago ofrecido
Si el trabajador no está conforme con el monto del pago enterado por el patrono –salarios caídos, indemnizaciones de la LOT y conceptos derivados de la relación de trabajo– lo expresará, también en forma escrita, indicando el por qué no esta de acuerdo con el monto, para que en caso de que no lleguen a un acuerdo las partes, el Juez pueda pronunciarse.426

En atención a la inconformidad manifestada por el trabajador, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución convocará a las partes para una audiencia que tendrá lugar al segundo día hábil siguiente al acuerdo de convocatoria –recuérdese que las partes están a derecho y no hace falta ningún tipo de notificación o llamado mediante oficio o cartel, bastando el contenido del auto que lo acuerde– para que las partes se reúnan y logren un acuerdo que ponga fin al pleito.

El Juez, en dicha reunión, buscará con la mediación que se allanen las diferencias entre las partes, que cese el conflicto; si esto no pudiera lograrse, al término de las conversaciones, se pronunciará el Juez estableciendo lo que corresponda al trabajador, en cuyo caso el patrono debe consignar entonces el monto establecido por el Juez para que el juicio pueda darse por terminado y proceda el trabajador a retirar el monto acordado por el Juez y consignado por el empleador.

Si el demandado no cumple con enterar el monto establecido por el Juez, se considera dicho monto como una condenatoria y se puede proceder a la ejecución de la decisión, como si se tratara del fallo definitivo, ya que por la persistencia del patrono, aceptó lo injustificado del despido que había efectuado.

4.2.1 Manifestación en la etapa de ejecución
Si el patrono hace uso de la facultad prevista por el legislador para ejercerla en la etapa de ejecución del fallo,427 esto es, que consigna las cantidades a que se refiere el legislador –salarios caídos, indemnizaciones de la LOT y conceptos derivados de la relación de trabajo– y el trabajador manifiesta su inconformidad con dicho monto, el juez de la ejecución –Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución– instará a las partes a que lleguen a un acuerdo, que concilien su disputa. De no ser aceptado, el Juez continuará con la ejecución definitiva de la sentencia.

5. Recursos

5.1 Apelación para ante el Tribunal Superior

La decisión dictada por el Juez de Juicio tiene recurso de apelación para ante el Tribunal Superior y se regirá su sustanciación –la de la apelación– por el procedimiento establecido en la Ley para las apelaciones contra las sentencias definitivas de la primera instancia.428

Igualmente tendrán apelación para ante el Tribunal Superior las decisiones de la primer instancia dictadas con ocasión de la incomparecencia a la audiencia preliminar, falta de contestación de la demanda, decisión que no admite pruebas promovidas por las partes, incomparecencia a la audiencia de juicio, acuerdo de medidas cautelares, las cuales se regirán por el procedimiento establecido en la Ley.429

5.2 Decisión definitiva del Tribunal Superior

5.2.1 Recurso de casación
Contra dicha decisión el legislador no concedió el recurso de casación,430 tampoco lo previó el legislador en la LOT, en el artículo 122, hoy derogado.

 5.2.2 Control de la Legalidad
Habíamos señalado en precedencia que contra la decisión del Tribunal Superior, en materia de estabilidad, no se concedió el recurso de casación, por lo que, en atención al principio que rige para el recurso de control de legalidad, sí podrá ejercerse éste, siempre que se cumplan los extremos del artículo 178 de la LOPT.

5.2.3 Autos en ejecución de sentencia
La Sala de Casación Social del TSJ, por sentencia de fecha 30 de julio de 2003,431 estableció que contra los autos que dicte el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución en ejecución de sentencias, en los procedimientos de estabilidad, puede proponerse el recurso de legalidad si dichos autos resuelven puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él o que proveen contra lo ejecutoriado o lo modifiquen sustancialmente.432






amparos



1. Consideraciones generales. 2. Competencia. 3. Materia. 4. Procedimiento.


1. Consideraciones generales

La LOPT contempla en su articulado una disposición433 relativa a al acción de amparo, en la que el legislador sólo hace referencia a que la competencia es de los Tribunales del Trabajo y que se aplicará el procedimiento establecido al efecto. Ninguna otra referencia se hace en la Ley.

La competencia le viene dada también a los Tribunales del Trabajo por disposición del artículo 29 de la LOPT, que establece que éstos son competentes para sustanciar y decidir “Las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

En el anteproyecto de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo434 se establecía la competencia en los Tribunales del Trabajo, pero también se hacía referencia a que el procedimiento era el previsto en la CRBV, en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en el que determinara la Sala Constitucional del TSJ.

En el proyecto entregado para su discusión por la Asamblea Nacional no se incorporó ningún articulado que hiciera referencia al amparo.
En la mesa técnica de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, Subcomisión de Asuntos Laborales, Gremiales y Sindicales de la Asamblea Nacional, cuando se analizaba el proyecto, no se suministró ningún texto sobre el amparo porque no venía integrado en el mismo, pero ello no fue óbice para que no se tratara el tema. En una de las reuniones435 se propuso incluir la figura del amparo en el proyecto a presentar para su sanción por la Asamblea Nacional, con el agregado de que el conocimiento de la acción en el TSJ correspondiera a la Sala de Casación Social y no a la Sala Constitucional. Se aprobó en la Ley la inclusión de la institución del amparo, pero nada se señaló sobre la Sala competente en el TSJ.

2. Competencia

De acuerdo con el texto de la disposición adjetiva la competencia está atribuida a los Tribunales del Trabajo.

Si examinamos la LOPT436, nos encontramos que en la misma se establece que:

“Los Tribunales del Trabajo son:
a)     Tribunales del Trabajo que conocen en primera instancia.
b)     Tribunales Superiores del trabajo que conocen en segunda instancia.
c)      Tribunal Supremo de justicia, en Sala de Casación Social.”

Ahora bien, concatenando el contenido del artículo 193 con el del artículo 14, forzosamente tenemos que concluir –es nuestro criterio– que si la primera disposición mencionada, habla de la competencia en amparo de los Tribunales del Trabajo, y la misma ley, en la otra disposición, señala cuáles son los Tribunales del Trabajo, la conclusión no puede ser otra que las acciones de amparo se tramitan en los Tribunales del Trabajo que conocen en primera instancia437, correspondiéndole el conocimiento de las apelaciones o la consulta a los Tribunales Superiores del Trabajo que conocen en segunda instancia; cuando éstos –los Superiores– tienen competencia como primera instancia, entonces la apelación o la consulta corresponden a la Sala de Casación Social del TSJ, no a la Sala Constitucional.

En otro orden de ideas, pero en el mismo tema, también pudiéramos sostener que los Tribunales del Trabajo, incluidos en éstos la Sala de Casación Social del TSJ, son los competentes para conocer de las acciones de amparo que pretenden el reestablecimiento de los derechos o garantías constitucionales de carácter laboral, por aplicación del artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en razón de la materia afín con la naturaleza del derecho o garantía que se denuncian violados.

3. Materia

La competencia que le asigna el legislador a los Tribunales del trabajo referidos en la Ley, es para conocer de la violación o amenaza de violación de los derechos y garantía constitucionales de carácter laboral. La acción de amparo no está prevista por el legislador para la interpretación de las relaciones entre partes, sino para reestablecer la violación de una garantía o derecho constitucional. La acción de amparo no está estructurada para dilucidar interpretaciones sobre las relaciones entre partes.438 

Pero la acción de amparo es extraordinaria, su aplicación depende de que en el ordenamiento jurídico no esté vigente alguna norma o algún procedimiento que sea capaz de resolver el conflicto;439 si existe, entonces debe utilizarse y dejar la acción de amparo para situaciones extraordinarias. Hemos sostenido que en caso de presentarse la violación de un derecho o garantía constitucional, el presunto agraviado debe poner en marcha los mecanismos judiciales ordinarios preexistentes que le permitiesen definir su situación frente al patrono y no recurrir a la vía constitucional, lo cual resulta improcedente, pues ello implicaría sustituir con la figura del amparo constitucional los procedimientos y recursos ordinarios establecidos en la Ley, los cuales tienen su propia función protectora de los derechos que en su especificidad cada uno de ellos tutela.440

4. Procedimiento

El procedimiento a seguir es el establecido por la Sala Constitucional del TSJ,441 cuyo contenido se ajusta de manera sencilla al establecido por el legislador en al LOPT y, en este caso, las normas de procedimiento de la LOADGC deben adaptarse a las prescripciones de los artículos 27 y 49 de la CRBV. Ambos procedimientos participan de la oralidad, de las consecuencias jurídicas por la incomparecencia a las audiencias y de la sentencia oral, reduciéndola posteriormente a escrito, sólo que en el amparo no se prevé un procedimiento oral en la segunda instancia.

En cuento a las causales de inadmisibilidad y demás aspectos tratados en la LOADGC, rigen exactamente igual para las acciones de amparo en materia laboral.








OFERTA REAL Y DEPÓSITO



1. Consideraciones generales. 2. Ofrecimiento. 3. Admisión de la oferta y orden de depósito. 3.1 Admisión de la oferta. 3.2 Gestiones de depósito por el oferente. 4. Notificación al oferido para la audiencia preliminar. 5. Audiencia preliminar y efectos. 5.1 Comparecencia de las partes a la audiencia preliminar. 5.2 Incomparecencia de las partes o de alguna de ellas.


1. Consideraciones generales

La institución de la oferta real y el subsiguiente depósito está contemplada dentro de las posibilidades que tiene el patrono de liberarse de una obligación, sin esperar a que se le demande, evitando el recargo por la corrección monetaria y por el pago de los intereses de mora.

El procedimiento no está pautado en la LOPT, pero en uso de las facultades concedidas por le legislador a los jueces, se estableció un procedimiento ágil, seguro y definitivo para lograr su implementación en los casos de terminación de la relación de trabajo, pero que se distingue diametralmente del contemplado en las disposiciones adjetivas civiles.

2. Ofrecimiento

Cuando el patrono quiera hacer uso de la figura de la oferta y el depósito real, deberá concurrir a los Tribunales del Trabajo e introducir por ante la oficina correspondiente442 el escrito contentivo de la oferta real. Una vez recibida la oferta, se distribuirá por sorteo entre los Jueces de Sustanciación, Mediación y Ejecución, a los fines de que, una vez analizada, si llena los requisitos de Ley, se admita.

El escrito contentivo de la oferta deberá contener el nombre e identificación de la persona del patrono que se presenta para ofrecer, nombre identificación del trabajador –y decimos trabajador porque al pretender pagar un dinero en los Tribunales del Trabajo, el oferente está reconociendo la existencia de la relación de trabajo– tiempo de servicio, salario devengado y toda la información laboral relativa a los conceptos que se pretenden pagar y el monto de los mismos, discriminadamente.

3. Admisión de la oferta y orden
de depósito

3.1 Admisión de la oferta

Admitida la oferta presentada por el patrono, al constatar el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución que llena los requisitos, se ordena al oferente que se traslade al banco para hacer el consiguiente depósito a nombre del trabajador; a tal efecto se le provee de un oficio dirigido al banco con la orden de apertura de la cuenta.

3.2 Gestiones de depósito por el oferente

Una vez efectuado por el oferente todas las gestiones en la institución bancaria; depositado el dinero y en poder del comprobante respectivo, regresa a la oficina correspondiente, mencionada supra, y consigna la constancia del depósito bancario y la comunicación entregada por el banco, la cual es agregada al expediente, para su entrega al Juez de la causa.

4. Notificación al oferido
para la audiencia preliminar

Cuando el Juez a verificado el depósito, procede a ordenar la notificación del trabajador a los efectos de que concurra a la audiencia preliminar, junto con el patrono oferente, quien no requiere notificación pues está a derecho para que el día y hora señalados en el auto que ordena la notificación del trabajador, para mediar sobre la oferta real. Las partes deberán concurrir asistidos de abogados o representados por éstos.

5. Audiencia preliminar y efectos

5.1 Comparecencia de las partes a la audiencia
preliminar

Si las partes concurren puntualmente a la audiencia preliminar, se dará comienzo a la misma con el interés por el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de mediar sobre los conceptos referidos por el patrono y los montos para el pago de esos conceptos.

Si el trabajador acepta las cantidades ofrecidas por el patrono en concepto de pago de los derechos laborales mencionados en el escrito de oferta real, se consideran cancelados en relación con futuras reclamaciones.

Si el trabajador no está de acuerdo con el monto, no se consideran transados los conceptos mencionados en el escrito de oferta real, pero el dinero está a su disposición y por tanto al presentar un reclamo futuro, los conceptos y montos mencionados en la oferta están exentos del pago de corrección monetaria y de intereses de mora. Por su parte el patrono, si no acepta el trabajador transar los conceptos por los montos ofrecidos, no puede retirar el dinero depositado y queda en abono a una mayor suma que se le pudiera reclamar por el trabajador oferido, porque, entre otras razones, cuando el empleador consigna la suma de dinero está confesando deberla al trabajador y si este no la retira pierde la posibilidad de destinarla en su beneficio o, dicho en otros términos, cuando el patrono ofrece y deposita una cantidad a favor de un trabajador, no le retorna, aunque el trabajador no la quiera recibir.

5.2 Incomparecencia de las partes
o de alguna de ellas

Si no comparecen las partes o alguna de ellas no se puede aplicar la consecuencia jurídica prevista por el legislador para los juicios; la oferta real no es un juicio en el que se deba aplicar sanción de desistimiento de la acción o de admisión de hechos por la incomparecencia, pues no se sigue el procedimiento pautado en la Ley, no hay audiencia de juicio, ni sentencias.

Si no comparecen las partes, el dinero depositado sigue a la orden del trabajador y si éste en el futuro incoa una acción contra el patrono, éste podrá demostrar la oferta real y el depósito y evitar que en su contra, por los conceptos y monto oferidos, se le aplique la corrección monetaria o los intereses de mora.

Si no comparece el trabajador y comparece el patrono, la situación queda exactamente igual, pues el empleador no puede retirar el dinero consignado ni puede aplicársele al trabajador una sanción por no acudir a una audiencia fuera de juicio. Sólo que se perdió la posibilidad de mediar para lograr una transacción que pusiera fin a los reclamos incluidos en la oferta.

Si no comparece el patrono y lo hace el trabajador, éste tiene la posibilidad de aceptar la cantidad ofrecida como pago de los conceptos mencionados en la oferta, o puede retirar la cantidad a reserva de reclamar complementos por no estar de acuerdo con los conceptos y monto ofrecidos o puede negarse a recibir el monto, en cuyo caso permanecerá en el banco, pero con el derecho a favor del patrono de alegar su depósito y así evitar una condenatoria por corrección monetaria e intereses de mora, por los conceptos y montos oferidos.

  
estadísticas DE MEDIACIÓN
Fuente: Centro Financiero Latino




1. Discriminación por semanas. 2. Global (24-09-03 hasta 27-02-04).



1.Discriminación por semanas

Resultado de la mediación desde el 24-09-03 hasta el 27-02-04

causas:: FINALIZADA LA AUDIENCIA PRELIMINAR
media: CAUSAS MEDIADAS
desist: DESISTIMIENTO POR INCOMPARECENCIA DEL ACTOR
admis: ADMISIÓN DE LOS HECHOS POR INCOMPARE-CENCIA DEL DEMANDADO
juicio: CAUSAS QUE VAN A LA FASE DE JUICIO

Fecha  causas       %       media      %        desist       %        admis       %            %        juicio        %

24-09         15          100           6           40            3           20            3           20           80           3            20
26-09
29-09
03-10         22          100           4        18,18        10       45,45         5         22,73      86,36         3         13,64
06-10
10-10         10          100           5           50            5           50            0            0           100          0             0
13-10
17-10         24          100           7        29,17         7        29,17         8         33,33      91,67         2          8,33
20-10
24-10         17          100           8        47,06         7        41,18         0            0         88,24         2         11,76
27-10
31-10         48          100          24       50,00        12       25,00         6         12,50      87,50         6         12,50

TOTAL 136 100         54        39,71       44        32,35       22        16,18     88,24        16        11,76

03-11
07-11         24          100          14       58,33         4        16,67         2          8,33       83,33         4         16,67
10-11
14-11         27          100          18       66,67         5        18,52         3         11,11      96,30         1          3,70
17-11
21-11         49          100          25       51,02         9        18,37         7         14,29      83,68         8         16,32
24-11
28-11         61          100          24       39,35        14       22,95        14        22,95      85,25         9         14,75

TOTAL      161         100          81       50,31        32       19,88        26        16,15      86,34        22        13,66

01-12
05-12         51          100          21       41,18        12       23,53        11        21,57      86,28         7         13,72
08-12
12-12         50          100          25          50           11          22            1            2            74          13           26
15-12
19-12         50          100          27          54           12          24            6           12           90           5            10
22-12
23-12          5           100           3           60            1           20            0            0            80           1            20

TOTAL      156         100          76       48,71        36       23,08        18        11,54      83,33        26        16,67



07-01
09-01         26          100           6        23,07        14       53,84         4         15,39      92,30         2          7,70
12-01
16-01         41          100          17       41,47        12       29,27         6         14,63      85,37         6         14,63
19-01
23-01         49          100          22       44,90         9        18,37         6         12,24      75,51        12        24,49
26-01
30-01         46          100          17       36,96        16       34,78         6         13,04      84,78         7         15,22

TOTAL      162         100          62       38,27        51       31,48        22        13,58      83,33        27        16,67

02-02
06-02         52          100          22       42,30        11       21,15         9         17,30      80,76        10        19,24
09-02
13-02         49          100          29       59,18         7        14,29         6         12,24      85,71         7         14,29
16-02
20-02         53          100          25       47,17        11       20,75         3          5,66       73,58        14        26,42
25-02
27-02         43          100          22       51,16         5        11,63        14        32,56      95,35         2          4,65

TOTAL      197         100          98       49,75        34       17,25        32        16,25      83,24        33        16,75

01-03
12-03         47          100          19       40,43        12       25.53         9         19,15      85,11         7         14,89
15-03
19-03         70          100          33       47,14        13       18,57        13        18,57      84,28        11        15,72
22-03
26-03         62          100          31          50           14       22,58        13        20,97      93,55         4          6,45
29-03
31-03         44          100          17       38,64        16       36,36         7         15,91      90,91         4          9,09

TOTAL      223         100         100      44,84        55       24,66        42        18,84      88,34        26        11,66

TOTALGENERAL

TOTAL     1.035        100         471      45,50       252      24,35       162       15,65      85,50       150       14,50





2. Global (24-09-03 hasta 27-02-04)

MEDIACIÓN                                                     471                       45,50
DESISTIMIENTO                                                 252                       24,35
ADMISIÓN DE LOS HECHOS                      162                       15,65
A JUICIO                                                             150                       14,50
TOTAL                                                                   1.035                    100,00



BIBLIOGRAFÍA





Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Nº 128, año LXXVI. Editorial Texto. Caracas, 1994

Estudios sobre Derecho del Trabajo. Libro Homenaje a José Román Duque Sánchez. Varios autores (Consultados: Román José Duque Corredor, Ramón Escobar León, Francisco Carrasquero López, Carlos Sarmiento Sosa, Benjamín Klahr Z. y Juan García Vara). Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2003. 2 Volúmenes

García Vara, Juan. Estabilidad Laboral en Venezuela. Editorial Pierre
Tapia, Caracas 1995.

González Escorche, José. La Reclamación Judicial de los Trabajadores.
 Vadell hermanos Editores. Caracas-Valencia 2003

González F., Arquímedes y González G., Ángel. Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ediciones Liber. Caracas 2003

Henríquez La Roche, Ricardo. Nuevo Proceso Laboral Venezolano. Ediciones Liber. Caracas 2003

Hung Vaillant, Francisco. El arbitraje en la novísima Ley Orgánica del Trabajo. Publicaciones Monfort, C. A. Caracas, 2003

Montoya Melgar, Alfredo y otros. Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral (España). Editorial Aranzadi - Thomson. Navarra (España) 2003

Obando Garrido, José María. Derecho Procesal Laboral. Ediciones Tunvimor, Santafé de Bogotá 1993

Pérez Sarmiento, Eric. Comentarios a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Vadell hermanos Editores. Caracas-Valencia 2002

Sainz Muñoz, Carlos. Valoración Crítica Nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Cedil. La Victoria (Venezuela) 2002

Villamil Briceño, Fernando y Villamil Velásquez, María. Nuevo Procedimiento Laboral Venezolano. Librería Europa. Maracaibo 2003

LEGISLACIÓN NACIONAL:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con exposición de motivos, anteproyecto y proyecto
Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica
Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo
Ley Orgánica del Trabajo
Ley de Abogados
Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República
Código de Procedimiento Civil
Código Civil
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales

LEGISLACIÓN EXTRANJERA:

Ley 18.345 de la Organización y Procedimiento Laboral (Argentina)
Código Procesal Laboral (Colombia)
Ley de Procedimiento Laboral (España)
Reglamento de Peritos de la Justicia Nacional del Trabajo (Argentina)

JURISPRUDENCIA:

Oscar R. Tapia. Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia.
Ramírez & Garay. Jurisprudencia

                                                                                                                                                                    

1     Obando Garrido, José María. Derecho Procesal Laboral, Ediciones Tunvimor, Santafé de Bogotá 1993, p. 44
2     Cuenca, Humberto. Derecho Procesal Civil, Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca, Caracas, 1965.
3     En principio se habló de Código y de libre convicción de la prueba, entre otras particularidades, y con el diálogo y la confrontación de ideas se fue adaptando al interés laboral nacional.
4     Publicado en el Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Nº 128, año LXXVI, pp. 143 y ss.
5     Entregado en mayo 2000 al Instituto Venezolano de Derecho Social para su publicación en la Revista.
6     En el anteproyecto de la LOPT –artículo 1– se habló de la garantía para el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada; el proyecto de la LOPT –artículo 1– se refirió a la “protección de los trabajadores y trabajadoras” y en la mesa técnica de la Comisión –observaciones al artículo 1– sugerimos que era más correcto referirse a los “derechos de los trabajadores”, para limitar la Ley al campo laboral (6). Fue acogida la sugerencia.
7     Hay ciudades o localidades que no justifican, por el poco volumen de causas, un tribunal por cada materia, saldría muy oneroso para el Estado. Al cambiar la situación cesa el impedimento y podría otorgarse al tribunal una competencia única.
8     Obando Garrido, op. cit., p. 206.
9     Porque la que no tiene casación por la materia o la cuantía tienen control de legalidad.
10  …4. Una ley orgánica procesal del trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada …
11  Artículos 70 y 183 del CPC, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en la LOPT.
12  Obando Garrido, op. cit., p. 211.
13  Ibídem, p. 213.
14  Artículo 177 de la LOPT.
15  Academia de Ciencia Políticas y Sociales, Serie Estudios Nº 47, Caracas 1994.
16  Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica (CPCMI). Tema II, Base 1º.
17  LOPT Arts. 47 y 48, CPCMI, Tema II, 4º.
18  LOPT Art. 30; CPCMI, Tema II, 7º.
19  LOPT Art. 149; CPCMI, Tema II, 8º.
20  LOPT Art. 133; CPCMI, Tema II, 14º.
21  LOPT Arts. 103; CPCMI, Tema II, 15º.
22  LOPT Art. 70; CPCMI, Tema II, 16º.
23  LOPT Art. 71; CPCMI, Tema II, 16º.
24  LOPT Art. 10; CPCMI, Tema II, 16º.
25  LOPT Art. 48; CPCMI, Tema II, 19º.
26  LOPT Art. 2 y 3; CPCMI, Tema II, 20º.
27  LOPT Art. 162 y 166; CPCMI, Tema II, 22º.
28  LOPT Art. CPCMI, Tema II, 26º.
29  LOPT Art. 161; CPCMI, Tema II, 28º.
30  LOPT Art. 14; CPCMI, Tema II, 29º
31  LOPT Arts. 2 y 8; CPCMI, Tema II, 33º.
32  Artículos 2, 3, 4 y 8.
33  Montoya Melgar, Alfredo y otros. Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral (España), Thomson Aranzadi, Navarra 2003, pp. 246 y 247.
34  García Vara, Juan. La Oralidad en los Juicios del Trabajo, Estudios sobre Derecho del Trabajo, Libro homenaje a José Román Duque Sánchez, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2003, artículo de colaboración, Vol. I, pp. 573 y ss.
35  Ibídem, pp. 576 y s.
36  Ibídem, p. 578.
37  Exposición de motivos de la LOPT.
38  Montoya Melgar, Alfredo y otros. op. cit., p. 246.
39  Artículos 129 y 152 de la LOPT.
40  Exposición de motivos de la LOPT.
41  Klahr Z., Benjamín. El Debate Probatorio en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Estudios sobre Derecho del Trabajo, Libro homenaje a José Román Duque Sánchez, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2003, artículo de colaboración, Vol. I, p. 701.
42  Como ejemplo de excepción tenemos la audiencia preliminar –artículo 129 de la LOPT– y la posibilidad en la audiencia de juicio –artículo 4º LOPT–, por moral, seguridad y protección personal.
43  Incluido en el artículo 10 de la LOPT.
44  Artículo 10 de la LOPT.
45  Artículo 9 de la LOPT.
46  V. Capítulo de amparo, infra.
47  Sentencia Nº 2458, de fecha 28 de noviembre de 2001. (Jurisprudencia del TSJ. Oscar R. Pierre Tapia, año 2001, Vol. 11, p. 393).
48  Sentencia Nº 345, expediente Nº 02-0119. (Ramírez & Garay, tomo 189, pp. 665 y ss).
49  Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo (LOTPT).
50  Somos testigos de excepción; ello ocurrió el 12 de marzo de 2002 y la proposición la formuló el Dip. Luis Franceschi.
51  González Escorche, José. La Reclamación Judicial de los Trabajadores, Vadell Editores, Caracas 2003, p. 226
52  La Ley 18.345 de Organización y Procedimiento Laboral (Argentina), artículo 43, señala: “En caso de litisconsorcio facultativo sólo se podrán acumular acciones fundadas en los mismos hechos o en títulos conexos (…)”
53  Sentencias de la Sala de Casación Social Nº 610, expediente Nº 02-174, de fecha 06 de noviembre de 2002 y Nº 663, expediente Nº 02-414, de fecha 05 de diciembre de 2002;
54  Sentencia Nº 498, expediente Nº 02-000086, de fecha 26 de septiembre de 2002. Sentencia Nº 511, expediente Nº AA60-S-2002-000342, de fecha 08 de octubre de 2002. Sentencia Nº 514, expediente Nº 2002-000064, de fecha 08 de octubre de 2002. Sentencia Nº RC643, expediente 02365, de fecha 14 de noviembre de 2002 (Jurisprudencia del TSJ, Oscar R. Pierre Tapia, año 2002, vol. 11, pp. 271 y ss.).
55  De fecha 19 de febrero de 2004, expediente Nº: 03-0934.
56  Pérez Sarmiento, Eric. Comentarios a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Vadell Editores, Caracas 2002, p. 84.
57  Nuevo Proceso Laboral Venezolano, Ediciones Liber, Caracas 2003, p. 169.
58  Expediente Nº R.C. Nº AA60-S-2004-000029, de fecha 25 de marzo de 2004.
59  Artículo 1 de la LOPT.
60  Artículos 2, 3 y 9 de la LOPT.
61  Esta disposición no formaba parte del Anteproyecto, del Proyecto, ni de la Ley sancionada. Los diputados estaban consientes de que la ley era un único procedimiento para trabajadores y patronos; sólo que el Ejecutivo solicitó se levantara la sanción y se incorporara el texto recomendado, que luego se sancionó por la Asamblea Nacional y vino la posterior promulgación de la Ley.
62  Artículos 128, 131 y 151 de la LOPT.
63  Artículo 135 de la LOPT.
64  Artículo 73 de la LOPT.
65  Artículo 161 de la LOPT.
66  Artículo 158 de la LOPT.
67  Comisión de Desarrollo Social, Subcomisión de Asuntos Laborales, Gremiales y Sindicales.
68  Expediente Nº 00-280, sentencia Nº 421, (Jurisprudencia del TSJ, Oscar R. Pierre Tapia, V 10. pp. 65 y ss.; Ramírez & Garay, T 169. pp. 667 y ss.).
69  Sentencia de fecha 25 de marzo de 2004, expediente R.C. Nº AA60-S-2004-000029.
70  Así nos hemos pronunciado en sentencia de fecha 15 de abril de 2004,expediente AP21-R-2004-000199.
71  Dra. Marisol Plaza Irigoyen y Dr. Mario Aquino Pisano.
72  Artículo 11.
73  Sentencia del Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 22 de octubre de 2003, expediente AP21-R-2003-000017, caso: A. Méndez contra Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). (Ramírez & Garay, Tomo 204, pp. 23 y ss.).
74  Ibídem.
75  La Sala de Casación Social, por sentencia de fecha 15 de mayo de 2003, permite la cesión de derechos litigiosos (Jurisprudencia. Oscar R. Pierre Tapia, año 2003, vol. 5, pp. 343 y ss.)
76  Artículos 49 y ss.
77  Artículos 52 y ss.
78  Artículo 53 de la LOPT.
79  Henríquez La Roche. op. cit. p. 189.
80  Único aparte del artículo 53 de la LOPT.
81  Único aparte del artículo 53 de la LOPT.
82  Artículo 59 del CPCMI.
83  Sentencia de fecha 08 de mayo de 2002, expediente 1700 (Jurisprudencia Ramírez & Garay, tomo 188. p. 64).
84  Artículo 54 de la LOPT.
85  Artículo 55 de la LOPT.
86  Artículo 59 de la LOPT.
87  Los honorarios que debe pagar el cliente a su abogado se rigen por el artículo 22 de la Ley de Abogados.
88  Parágrafo único del articulo 62 de la LOPT.
89  Artículo 61 de la LOPT.
90  V. Sala de Casación Social, sentencia Nº RC493, de fecha 19 de septiembre de 2002, expediente 02232, (Jurisprudencia del TSJ, Oscar R. Pierre Tapia, vol. 8-9, pp. 333 y ss.).
91  Artículo 62.
92  Artículo 59.
93  Se dijo en esa oportunidad: “Resulta inconveniente otorgar al juez facultades para eximir de constas al perdidoso total; ello podría ser motivo o fuente de corrupción. El que resulte totalmente vencido en una incidencia o en el juicio debe ser condenado a pagar las costas, según se trate, pero nunca poner en manos del juez la posibilidad de eximir costas. En los casos de juicios de sumas considerables, donde se condene al demandado a pagar lo reclamado, pudieran ‘negociar’ con el juez la condenatoria en costas”.
94  Sin embargo, la Sala de Casación Social, por sentencia de fecha 10 de julio de 2003 se abstuvo de condenar en costas a una gobernación (Apure,) reconociéndole privilegios. Nos preguntamos: ¿Cómo se interpreta el artículo 64 de la LOPT?, entonces, ¿Por qué no se excluyeron de la LOPT?. (Ramírez y Garay, Tomo 201, p. 678).
95  Artículos 23 a 29.
96  Juzgado Cuarto Superior del Trabajo……expediente AH21-X-2003-0000010
97  Expediente 02-2403, sentencia 2140, de fecha 7 de agosto de 2003 (Jurisprudencia del TSJ, Oscar R. Pierre Tapia, 2003, vol. 8, pp. 350 y ss.).
98  Artículo 43 de la LOPT.
99  Artículo 44 de la LOPT.
100          Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, artículo 289.6.
101          Artículo 11 de la LOADGC.
102          Artículo 32.
103          Artículo 32 de la LOPT.
104          Artículo 31 de la LOPT.
105          Pérez Sarmiento, Eric, op. cit. p. 50.
106          V. Artículo 31 de la LOPT.
107          Artículo 37 de la LOPT.
108          Artículo 41 de la LOPT.
109          Artículo 26.
110          V. Costas.
111          Artículo 36 de la LOPT.
112          Artículo 150 de la LOPT.
113          Henríquez La Roche: “Toda recusación es infamante pues constituye la descalificación, repulsa y petición de apartamiento del juez del conocimiento de la causa; de allí que amerite una sanción cuando resulte infundada.” Op. cit. p. 143.
114          Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, Coordinación Judicial del Circuito del Trabajo respectivo.
115          V. también 4.1 en este capítulo.
116          V. Costas.
117          Artículo 150 de la LOPT.
118          Artículo 41 de la LOPT.
119          Artículo 14 de la LOPT.
120          En la Comisión de Desarrollo Social cit. …sugerimos poner Tribunales Superiores en lugar de Cortes Superiores y alegamos en esa ocasión: “Los tribunales de segunda instancia deben ser unipersonales. Los tribunales colegiados fueron una experiencia en el pasado, no muy positiva, por lo que fueron transformados en unipersonales. La experiencia de las Cortes de Apelación en la jurisdicción penal tampoco es satisfactoria. Los juzgados unipersonales siempre mantienen un rendimiento superior a los colegiados, porque el juez redacta su sentencia y la publica, mientras que en los colegiados se pasa a los otros jueces quienes estudian, hacen observaciones, hasta de formas del idioma, salvan votos, etc; y viceversa con las ponencias de los otros miembros del colegiado, lo que se traduce en lentitud y bajo rendimiento. En el Tribunal Supremo de Justicia funciona de otra manera porque cada Magistrado tiene a su cargo cinco asistentes que se pueden ocupar de las revisiones del expediente y de las ponencias de los otros Magistrados”.
121          Artículo 30 de la LOPT. En la oportunidad de la revisión del Anteproyecto del TSJ en la Comisión de Desarrollo Social, Subcomisión de Asuntos Laborales, Gremiales y Sindicales pudimos proponer la posibilidad de acordar entre las partes un domicilio especial, pero, por supuesto, sin que con ello se renunciara a la competencia por el territorio de los tribunales naturales.
122          En Argentina, por ejemplo, –Ley 18.345 de Organización y Procedimiento Laboral– se excluye de la competencia territorial el lugar donde se pudo fin a la relación de trabajo.
123          Artículo 123, Parágrafo Único, de la LOPT.
124          Artículo 123 de la LOPT.
125          URDD.
126          Artículo 123 de la LOPT.
127          Duque Corredor, Román José sostiene: “Y, en caso de su presentación por escrito sólo se hace referencia a la identificación del demandante, sin exigirle que si actúa por si debe estar asistido de abogado.” Apuntaciones sobre el Procedimiento Oral contemplado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Estudios sobre Derecho del Trabajo, Libro homenaje a José Román Duque Sánchez, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2003, artículo de colaboración, Vol. I, pp. 425 y s.
128          Artículo 123 LOPT.
129          Artículos 130 y 131 de la LOPT.
130          Artículo 123 de la LOPT.
131          Artículo 7 de la LOPT.
132          URDD, Coordinación Judicial.
133          V. supra 2.1 en este tema..
134          Artículo 123 de la LOPT.
135          Obando Garrido, op. cit. p. 388.
136          Artículo 123 de la LOPT.
137          El artículo 81 de la Ley de Procedimiento Laboral (España) también contempla la revisión por el órgano judicial, con la advertencia al actor de que debe suministrar la información omitida, apercibido de perención.
138          Artículo 124 de la LOPT.
139          Ibídem.
140          Artículo 167 de la LOPT: poner fin al proceso y exceder la cuantía del juicio 3.000 U. T.
141          Artículo 123 de la LOPT.
142          Parágrafo Primero del artículo 130 de la LOPT.
143          Juzgado Cuarto Superior del Trabajo…, sentencia de fecha 31 de octubre de 2003, expediente AP21-R-2003-000020. (Ramírez & Garay, Tomo 204, pp. 29 y s.).
144          El presidente de la República, en comunicación que le enviara al presidente del Asamblea Nacional, en fecha 17 de junio de 2002, cuando le fue remitida la LOPT sancionada, a los efectos de la promulgación, en relación con el artículo 7, en las observaciones de fondo, sugirió “sustituir el vocablo ‘notificación’ por ‘citación’, por ser este el término jurídicamente aplicable”. No prosperó la apuntación.
145          En la Comisión de Desarrollo Social cit…expusimos “No está claro cómo utilizarán los jueces y secretarios (haciendo referencia al artículo 20 del proyecto, hoy 23 de la LOPT) el servicio de alguacilazgo, porque si hay un servicio de alguacilazgo, las órdenes de los jueces y secretarios deberán ser canalizadas por un funcionario designado para tal fin”. Se creó la Coordinación Judicial, de la cual depende el alguacilazgo.
146          Artículo 7 de la LOPT.
147          Primer aparte del artículo 126 de la LOPT.
148          Procedimos en la Comisión de la Asamblea Nacional a proponer que los medios electrónicos deberían pertenecer al Tribunal, para evitar que las partes se dedicaran a notificarse mutuamente por disponer de medios electrónicos o ponerlos a disposición del Tribunal. Segundo aparte del artículo 126 de la LOPT. En el anteproyecto –artículo 121– y en el proyecto –artículo 132– no se hacía esta exigencia.
149          Artículo 127 de la LOPT.
150          Parágrafo Único del artículo 126 de la LOPT.
151          Exposición de motivos de la LOPT. Disposiciones Generales.
152          Sainz Muñoz, Carlos. Valoración Crítica. Nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Cedil, La Victoria 2002, p. 82.
153          González, Arquímedes y González, Ángel. Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Ediciones Liber, Caracas 2003, p. 175.
154          La estadística de los tribunales ubicados en el Centro Financiero Latino (Caracas), tomada desde el 24 de noviembre de 2003 al 24 de febrero de 2004 destacan que sólo el 15,27% de las causas has llegado a la fase de la audiencia de juicio, en el resto –84,73 %– se cerró el expediente por mediación, aceptación de los hechos o desistimiento. V. Estadística de Mediación, al final de este trabajo.
155          Como una excepción podríamos mencionar a la acción de amparo y el referido en el numeral 5º del artículo 29 de la LOPT.
156          Se ha propuesto utilizar para la distribución por sorteo el método conocido como “Teoría de Colas” –Edgar Elías Osuna, profesor emérito del IESA–, que garantiza la pulcritud en la distribución e impide que un determinado asunto sea encausado por las partes o atraído por el juez.
157          Artículo 31 de la LOPT.
158          Artículos del 32 al 45 de la LOPT. V. De la Inhibición y la Recusación.
159          Artículo 36 de la LOPT.
160          Artículo 129. Parágrafo Único.
161          Artículo 131 de la LOPT.
162          Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, artículo 300.1.
163          Artículo 103 de la LOPT.
164          Pérez Sarmiento, Eric. op. cit. p. 165.
165          V. Exposición de Motivos: Procedimiento ante los Tribunales del Trabajo.
166          En el Anteproyecto figuraba “extinción de la acción y del procedimiento” Artículo 89.
167          En el anteproyecto estaba excluido el recurso de casación. Artículo 89. Parágrafo Primero.
168          Cuando el interés principal exceda de 3.000 U. T.
169          En el anteproyecto –artículo 127– sí se hablaba de confesión ficta, pero en el proyecto y la LOPT sólo se hizo referencia a confesión, sin poder desvirtuar los hechos con los elementos de autos.
170          V. 4.1.4 Recursos en este capítulo.
171          En el anteproyecto estaba excluido el recurso de casación. Artículo 90.
172          Cuando el interés principal exceda de 3.000 U. T.
173          En la mesa técnica de la Comisión de Desarrollo Social cit… se propuso dejar exclusivamente el caso fortuito y la fuerza mayor. Fue acogida la proposición.
174          En la mesa técnica de la comisión manifestamos que el procedimiento de presentar primero las pruebas y luego contestar la demanda era una forma más clara y viable para traer la verdad a los autos.
175          Artículo 73 de la LOPT.
176          Artículo 11 de la LOPT.
177          El Código Procesal Laboral (Colombia) establece que las partes al formular y contestar la demanda deben indicar los medios probatorios de que se han de valer.
178          Artículo 4 de la LOPT.
179          En el anteproyecto –artículo 125– se proponía que la audiencia preliminar fuera pública.
180          Si finaliza la audiencia preliminar el Juez puede llamar a un Secretario para que colabore en la elaboración del acta, pero no que éste participe oyendo las tratativas de las partes.
181          Duque Corredor, op. cit., pp. 436-437.
182          Artículo 136 de la LOPT.
183          Artículo 132 de al LOPT.
184          Artículo 136 de la LOPT.
185                     Sentencia de la Sala de Casación Social del TSJ, de fecha 17 de febrero de 2004, R.C. Nº AA60-S-2003-000866: “Por ende, en el escenario específico de la contumacia del demandado a la prolongación de la audiencia, surten idénticas consecuencias jurídicas a la de la incomparecencia al inicio o apertura de la misma.”
186          Sin embargo se observa: Si el trabajador no acude en una prolongación equivale a desistimiento, luego podría demandar modificando su libelo porque ya conoce las pruebas de su contraparte. El laborante al ver que se equivocó, desiste tácitamente –no acude a la prolongación– y corrige el error con una ventaja desproporcionada frente al empleador.
187          Op. cit., p. 348.
188          Capítulo III, Título VII de la LOPT.
189          Sentencia de la Sala de Casación Social del TSJ de fecha 28 de octubre de 2003, expediente AA60-S-2003-000402, sentencia 739. (Jurisprudencia del TSJ, Oscar R. Pierre Tapia, 2003, vol. 10, Tomo II, pp..597 y ss.).
190          Así lo hemos expuesto en jornadas, talleres y foros.
191          Nuevo procedimiento laboral venezolano, Librería Europa, Maracaibo 2003, p. 116.
192          Oficina de adscripción de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD).
193          Formando parte de la mesa técnica de la Comisión de Desarrollo Social cit…rechazamos el proyecto donde concebía la apelación a un doble efecto; sugerimos en ese momento que se oyera a un efecto, porque de lo contrario daríamos oportunidad a suspender el proceso al dictarse una medida, en detrimento de la celeridad que caracterizaba al proceso. La sugerencia fue acogida.
194          Artículo 137 de la LOPT.
195          V. Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 24 de septiembre de 2004, expediente 01-1833 (Jurisprudencia del TSJ, Oscar R. Pierre Tapia, 2003, vol. 09, p. 268).
196          Artículo 253 de la CRBV.
197          Artículo 258 de la CRBV.
198          Artículo 6 de la LOPT.
199          Recomendación de la Junta de Conciliación (artículo 486), reanudación de las faenas en caso de huelga (artículo 504), procedimiento de arbitraje (artículo 490), reunión normativa laboral (artículo 549), despidos masivos (artículo 34), todos de la LOT.
200          Artículo 364.
201          Expediente 02-0049. Sentencia Nº 289.
202          Artículo 138 de la LOPT.
203          Artículo 149 de la LOPT.
204          Hung Vaillant, Francisco. El arbitraje en la novísima Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Publicaciones Monfort, Caracas 2003. p.132.
205          Artículo 140 de la LOPT.
206          Artículo 11 de la LOPT.
207          Artículo 31 de la LOPT.
208          Artículo 141 de la LOPT.
209          Primer aparte del artículo 143 de la LOPT.
210          Artículo 97 de la LOPT.
211          En la Comisión de la A. N. sugerimos que las decisiones se tomarán por mayoría, en contrario a lo propuesto en el proyecto, que era por unanimidad. Fue aceptada la propuesta.
212          Artículo 4 de la LOPT.
213          Sarmiento Sosa, Carlos. Reflexiones sobre el Arbitraje Procesal Laboral en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Estudios sobre Derecho del Trabajo, Libro homenaje a José Román Duque Sánchez, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2003, artículo de colaboración, Vol. II, p. 583.
214          Sarmiento Sosa, op. cit. p. 568.
215          Artículo 59 de la LOPT.
216          Artículo 64 de la LOPT.
217          Artículo 149 de la LOPT.
218          Artículos 171 y 178 de la LOPT.
219          Artículo 149 de la LOPT.
220          Artículos 149 y 168 de la LOPT.
221          Artículo 168 de la LOPT.
222          Artículo 149 de la LOPT.
223          Op. cit. pp. 113 y 114.
224          Capítulo VIII del Título VII de la LOPT
225          Artículo 124 de la LOPT.
226          Artículo 124 de la LOPT.
227          Artículo 130 de la LOPT.
228          Artículo 131 de la LOPT.
229          Artículo 137 de la LOPT.
230          Artículo 186 de la LOPT.
231          Artículo 135 y 161 de la LOPT.
232          Artículo 76 de la LOPT.
233          Artículo 151 de la LOPT.
234          Artículo 151 de la LOPT.
235          Artículo 161 de la LOPT
236          Artículo 96 de la LOPT.
237          Artículo 135 de la LOPT.
238          Primer aparte del artículo 135 de la LOPT.
239          Artículo 68 de la LOTPT.
240          Nos correspondió dictar en fecha 12 de junio de 1995 un fallo, en el que establecíamos, en interpretación del artículo 68 de la LOTPT, la obligación del demandado en la contestación de demanda en los juicios laborales (Jurisprudencia de los Tribunales de Última Instancia. Oscar R. Pierre Tapia, año 1995, volumen 6, pp. 200 y ss.). Estos criterios prácticamente están vertidos en el artículo 135 de la LOPT.
241          Expediente Nº 98-819, sentencia Nº 41. (Jurisprudencia del TSJ, Oscar R. Pierre Tapia, 2000, vol. 3, pp. 343 y ss.).
242          Expediente Nº AA60-S-2003-000829, sentencia Nº 116.
243          “Rechazo y contradigo la presente demanda en todas y cada una de sus partes”.
244          “Rechazo y contradigo tal cosa por incierto; Rechazo y contradigo tal cosa por incierto; Rechazo y contradigo tal cosa por incierto; Rechazo y contradigo tal cosa por incierto; … ” y así hasta el final.
245          Sentencia de fecha 27 de julio de 1994, dictada por la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia., expediente Nº 93-65 (Jurisprudencia de la CSJ, Oscar R. Pierre Tapia, año 1994, vol. 7, pp. 175 y ss.).
246          Argentina la contempla en el artículo 75 de la Ley 18.345 de Organización y Procedimiento Laboral y Colombia en el artículo 75 del Código Procesal Laboral.
247          Habíamos sostenido en el Juzgado Superior Quinto del Trabajo del AMC, en varias oportunidades, ese criterio, en contra del sentado por las Salas Constitucional y de Casación Civil. Ahora la Sala de Casación Social establece la doctrina de no exigir la indicación del objeto de la prueba como requisito para la validez de la promoción. Sentencia Nº 535, expediente Nº AA60-S-2003-000568 de fecha 18 de septiembre de 2003. (Jurisprudencia del TSJ, Oscar R. Pierre Tapia, 2003, vol. 9, pp. 654 y ss.).
248          En la Ley 18.345 de Organización y Procedimiento Laboral (Argentina), artículo79, el Derecho Procesal del Trabajo no tiene autonomía de pruebas, sino que remite expresamente al texto procesal civil y comercial; en la nuestra –LOPT– sí hay una autonomía, pues las contempla en su texto y con diferente tratamiento al civil.
249          Artículo 70.
250          Artículo 71 de la LOPT.
251          Artículo 77 de la LOPT.
252          Artículos 83 y ss. de la LOPT.
253          Artículos 86 y ss.
254          Artículo 78 de la LOPT.
255          Artículo 86 y ss.
256          Artículo 79 de la LOPT.
257          Artículo 78 de la LOPT.
258          Artículos 98 y 99 de la LOPT.
259          Artículo 80 de la LOPT.
260          Artículo 81 de la LOPT.
261          Tuvimos oportunidad en la Comisión de la Asamblea Nacional de proponer que se agregara la frase “que no sean parte en el proceso” y fue acogida. El anteproyecto –artículo 77– y el proyecto –artículo 82– traían la redacción del CPC.
262          Artículo 81 de la LOPT.
263          Por la experiencia en las oportunidades del análisis de esta prueba, consideramos que había que demostrar, en ambos casos, la presunción de que el original está o estuvo en poder de la contraparte y así lo expusimos con detalles en la Comisión de la Asamblea Nacional. Fue acogida la proposición. El anteproyecto –artículo 78– y en el proyecto 83– no se exigía tal requisito.
264          Artículos 209, 235, 265, 297, respectivamente, de la LOT.
265          El Reglamento de Peritos de la Justicia Nacional del Trabajo (Argentina) establece en su artículo 11 que los peritos que resulten designados no entran nuevamente al sorteo hasta tanto no se haya agotado la lista. Esto debería incluirse en nuestro procedimiento.
266          En la Comisión de Desarrollo Social cit…sugerimos que si el proyecto tenía sanciones para el experto que era funcionario público, que también debía preverse una sanción para el perito que no fuera funcionario público. Al final se redactó una sanción que consiste en la inhabilitación.
267          Artículo 98 de la LOPT.
268          Oficiar al Ministerio Público, anexando las actas procesales en donde se evidencia la responsabilidad penal.
269          Artículo 153 de la LOPT.
270          Artículo 153 de la LOPT.
271          Ministerio Público.
272          El anteproyecto –artículo 99– y el proyecto –artículo 104– contemplaban la confesión (posiciones juradas), pero el legislador prohibió éstas y en su lugar se aprobó la declaración de parte. Por encomienda de la Comisión de Desarrollo Social cit… preparamos un proyecto de una prueba sustitutiva de la confesión. Fue admitida la proposición.
273          “Se hace la salvedad que no pueden ser empleadas las pruebas de confesión provocada o posiciones juradas y de juramento decisorio, pues la segunda, calificadas por algunos doctos como ‘fósil jurídico’, se considera absolutamente prescindible, toda vez que desde hace muchos años está en desuso y la primera, porque se ha considerado más conveniente redimensionar la función de la confesión como medio de prueba, para limitar su uso por las partes y su finalidad probatoria.”
274          En la exposición de motivos de la LOPT, sobre la prueba “Declaración de Parte”, se lee “Ahora se transforma en un mecanismo procesal de uso potestativo y exclusivo del Juez, quien podrá formularle a las partes juramentadas en la audiencia de juicio, las preguntas que estime pertinentes sobre los hechos controvertidos (…)”.
275          Obando Garrido, op. cit. p. 211.
276          Artículos 103 y 106 de la LOPT.
277          Artículo 162 de la LOPT.
278          Artículo 49, ordinal 5º de la CRBV.
279          Artículos 6, parágrafo dos y 33 parágrafo cuarto de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
280          Artículo 104 de la LOPT.
281          Artículo 110 de la LOPT.
282          Artículo 112 de la LOPT.
283          En el anteproyecto las partes “pueden” concurrir –artículo 110; en el proyecto las partes “deberán” concurrir –artículo 116–, al final –LOPT– debe concurrir obligatoriamente el promovente de la prueba.
284          Parágrafo único del artículo 112 de la LOPT.
285          En el CPC el artículo 234, en su único aparte, no lo permite.
286          Artículo 116 de la LOPT.
287          Expediente Nº 98-546, sentencia Nº 61.
288          Artículo 119 de la LOPT.
289          Artículo 187 de la LOPT.
290          Artículo 120 de la LOPT.
291          Artículo 65 de la LOPT.
292          Artículo 122 de la LOPT.
293          Ver supra 5.7.3
294          Artículo 83 de la LOPT.
295          Artículo 84 de la LOPT.
296          Artículo 83 de la LOPT
297          En la Comisión de Desarrollo Social cit… manifestamos nuestra complacencia por haber incluido en la Ley las causales en lugar de remitir a otro texto adjetivo; materialización del principio de autonomía.
298          Artículo 73 de la LOPT.
299          Artículo 158 de la LOPT.
300          Primer aparte del artículo 101 de la LOPT.
301          V. 5.10.1.3 supra
302          Artículos del 86 al 91 de la LOPT.
303          En el anteproyecto –artículo 83– y en el proyecto –artículo 88– se establecía la oportunidad para desconocer la firma en la audiencia preliminar.
304          Artículo 91 de al LOPT.
305          Parte final del artículo 90 de la LOPT.
306          Artículo 158 de la LOPT.
307          V. 5.10.1.4 supra.
308          Artículo 91 de la LOPT.
309          Único aparte del artículo 87 de la LOPT, en clara correspondencia con el artículo 61 ejusdem.
310          Artículo 64 de la LOPT.
311          Artículo 6.
312          Artículo 8.
313          Nos correspondió dictar una sentencia en el sentido anotado. Expediente AP21-R-2004-200087, de fecha 05 de abril de 2004, Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.
314          Artículo 135 de la LOPT.
315          En el anteproyecto –artículo 149– y en el proyecto –artículo 157– la contestación de la demanda era en forma oral en la audiencia de juicio y luego se consignaba por escrito dicha contestación.
316          Artículo 135 de la LOPT.
317          Artículo 136 de la LOPT.
318          Artículo 75 de la LOPT.
319          Artículo 76 de la LOPT.
320          En la mesa Técnica de la Comisión de Desarrollo Social cit…. nos opusimos al doble efecto previsto en el proyecto –artículo 72– y que tal posibilidad propiciaría las apelaciones por quien pretende retardar el juicio. Se aceptó la sugerencia.
321          Artículo 150 de la LOPT.
322          Artículo 151 de la LOPT.
323          Ibídem.
324          Cuando el interés principal exceda de 3.000 U. T.
325          En el Anteproyecto –artículo 148– se contemplaba como causas para justificar una incomparecencia “caso fortuito o fuerza mayor, enfermedad, calamidad, huelga de transporte, lluvia torrencial, terremoto; comprobables a criterio del Tribunal”.
326          Se trata de una sanción superior a la perención, que se le impone a las partes que tienen el deber y la carga procesal de impulsar la causa, defendiendo sus respectivos intereses. Arquímedes González y Ángel González op. cit. p. 196.
327          Cuando el interés principal exceda de 3.000 U. T.
328          Dice Obando Garrido sobre el punto que “El contacto directo con las partes en el proceso, las personas que intervienen con testigos o peritos, las prácticas de las diligencias probatorias y el poder rehuir las actuaciones sinuosas, tendientes a entorpecer el normal curso del proceso o de utilizarlo con fines torticeros o simulados, y de hacer la sana crítica de las pruebas para su valoración, le permite llegar a la reconstrucción exacta de los hechos que lo conduzcan a una entera convicción de la verdad y a la realización, en sus sentencias, de la justicia.” op. cit. p.p. 206 y 207.
329          Artículo 152 de la LOPT.
330          Artículo 155 de la LOPT.
331          V. 4.2 en este capítulo.
332          Artículo 157 de la LOPT.
333          Artículos 85, 91 y 102 de la LOPT.
334          En el anteproyecto y el proyecto se acordaban 30 minutos. Artículos 157 y 165, respectivamente.
335          Juzgado Cuarto Superior del Trabajo…expediente 000045, sentencia de fecha 11 de diciembre de 2003.
336          Primer aparte del artículo 158 de la LOPT.
337          Parágrafo único del artículo 158 de la LOPT.
338          Op. cit. p. 183.
339          Artículo 59 de la LOPT.
340          Expediente Nº 92-210, sentencia de fecha 17 de marzo de 1993 (Jurisprudencia de la CSJ, Oscar R. Pierre Tapia, 1993, vol. 3, pp. 350 y ss.), ratificada permanentemente por la Sala de Casación Social del TSJ.
341          Artículo 185 de la LOPT.
342          Jurisprudencia de los Tribunales de Última Instancia, Oscar R. Pierre Tapia, 1994, vol. 6, pp. 147 y ss.
343          Jurisprudencia del TSJ, Oscar R. Pierre Tapia, 2002, vol. 11, pp. 291 y ss.
344          Artículo 160 de la LOPT.
345          Rengel-Romberg, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Editorial Arte, Caracas 1994, p. 323.
346          Juzgado Superior Quinto del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, desde una del 15 de mayo de 1992, expediente 054, hasta una del 10 de abril de 2002, expediente 1750.
347          Parágrafo único del artículo 6 de la LOPT: que los hechos se hayan discutido en el proceso, que los hechos estén probados, que la suma reclamada sea inferior a la que corresponde al trabajador y, por último, que dicha suma no se haya pagado.
348          Obando Garrido, op. cit. p. 212 sostiene que el juez puede sentenciar “extra y ultra petita, en aplicación de la idea de la protección de quien más necesita de la justicia”.
349          En una conferencia que le oí a Hung Vaillant, 15 de noviembre de 2003, éste decía que en el procedimiento laboral se habían acabado las “petitas”; no le falta razón, casi es así, lo impone el carácter social de esta materia.
350          Artículo 162 de la LOPT.
351          URDD
352          Sentencia del Juzgado Cuarto Superior del Trabajo…, de fecha 21 de octubre de 2003, expediente AP21-R-2003-000015 (Ramírez & Garay, Tomo 204, pp. 22 y s.).
353          Artículo 163 de ala LOPT.
354          Artículo 165.
355          Artículo 172.
356          Nos correspondió decidir en fecha 05 de noviembre de 2003 que: “(…) La doctrina que orienta el procedimiento oral de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se fundamenta en la comparecencia de las partes para ser oídos en audiencia; la incomparecencia acarrea consecuencias jurídico-procesales, que para los casos en que esto ocurra ante una alzada, se entiende desistida la apelación y, como consecuencia de ello, firme la decisión recurrida, salvo las limitaciones contempladas en la Ley (…)”. Juzgado Cuarto superior del Trabajo…, expediente AP21-R-2003-000029.
357          Artículo 166 de la LOPT.
358          Artículo 166 de la LOPT.
359          En el Anteproyecto (artículo 171) y en el proyecto (artículo 176) sólo se señalaba el anuncio, sin expresar la forma –oral o escrita. En el seno de la Comisión de la Asamblea Nacional propusimos que debía hacerse en forma escrita. El legislador optó por la forma escrita.
360          Artículo 167 de la LOPT
361          Artículo 169 de la LOPT, salvo en las incidencia. V. supra.
362          Artículo 170 de la LOPT.
363          Artículo 167 de la LOPT.
364          Artículo 26 de la CRBV.
365          Artículo 257 de la CRBV.
366          Refiriéndose a la doctrina sentada por la Sala de Casación Social del TSJ en fecha 15 de marzo de 2000, relativa a no declarar la nulidad del fallo si alcanzó su fin, “el cual no es otro que resolver la controversia con fuerza de cosa juzgada, posibilidad de ejecución y suficiente garantía para las partes”.
367          Ramón Escobar León, La Nueva Casación Laboral, Estudios sobre Derecho del Trabajo, Libro homenaje a José Román Duque Sánchez, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2003, artículo de colaboración, Vol. I, p. 494.
368          R.H. Nº AA60-S-2003-000658, de fecha 20 de enero de 2004. (Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Oscar R. Pierre Tapia, 2004, Vol. 1, pp. 238 y 239).
369          En el anteproyecto se establecía una cuantía superior a 3.500 U. T., al igual que en el proyecto.
370          Artículo 125 de la LOPT.
371          Artículos 130, segundo parágrafo, 131 y 151 de la LOPT.
372          Artículo 149 de la LOPT.
373          Artículo 198 de la LOPT.
374 Artículos 76, 137, 186 y 188 de la LOPT, respectivamente.
375          Artículo 168 de la LOPT.
376          Artículo 160 de la LOPT.
377          En el anteproyecto y en el proyecto no se exige que se interponga por escrito, como sí lo hace cuando se niega el recurso de casación y se interpone el recurso de hecho. Para evitar erradas interpretaciones de la Ley se exigió que se interpusiera por escrito.
378          En la LOPT, por error, en el artículo 170, aparece que se recurre de hecho “por” ante el Tribunal Supremo de Justicia, cuando el sentido es “para” ante el Tribunal Supremo de Justicia.
379          Artículo 173 de la LOPT.
380          Artículo 173 de la LOPT.
381          V. 5.1.1 en este tema.
382          Artículo 174 de la LOPT.
383          Artículo 177 de la LOPT.
384          En el anteproyecto no se incluyó disposición en este sentido; el proyecto sí lo reflejó en el artículo 186.
385          Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.504, de fecha 13 de agosto de 2002.
386          Henríquez La Roche, op. cit. p. 506.
387          Carrasquero López, Francisco sostiene, refiriéndose al control de la legalidad: “…tiene por finalidad atacar la legalidad del acto que por ende pudiera comprometer la justicia del mismo y evitar los excesos de los tribunales de última instancia.” El Recurso de Control de Legalidad (sic) en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Estudios sobre Derecho del Trabajo, Libro homenaje a José Román Duque Sánchez, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2003, artículo de colaboración, Vol. I, p. 291.
388          Exposición de Motivos de la LOPT.
389          Artículos 178 y 179 de la LOPT.
390          Se nos ocurre sugerir que el escrito debe ser presentado en papel de tamaño normal, que para los tribunales es el tamaño oficio y utilizar un tipo y tamaño de letra también normal. No se aconseja utilizar la letra más pequeña en el número menor, porque triplicaríamos el límite de los tres (3) folios y sus vueltos, pero correríamos el riesgo de que no se pueda leer fácilmente y no se admita, sin que la Sala tenga que justificar o motivar la negativa de admisión.
391          Señalan Villasmil, Fernando y Villasmil, María que “Es entonces indispensable que el recurrente invoque la violación o amenaza de violación de normas de orden público o denuncie el desacato de doctrina reiterada de la casación social” op. cit. p. 233.
392          Sala de Casación Social del TSJ, 30 de julio de 2003, expediente Nº AA60-S-2003-000211, sentencia 506. (Ramírez & Garay, tomo 201, pp. 741 y s.).
393          Sentencia C. L. Nº AA60-S-2003-000855, del 17 de febrero de 2004.
394          Sentencia C. L. Nº AA60-s-2003-000921, del 17 de febrero de 2004.
395          Segundo aparte del artículo 178 de la LOPT
396          González Escorche, José. op. cit. p. 473.
397          En la Comisión de Desarrollo Social cit…. sugerimos que a diferencia de lo que se proponía en el proyecto, se aplicara la multa al abogado, no a la parte que representa; no se justificaba multar a un trabajador o a una empresa por el ejercicio abusivo de este recurso por parte del abogado; que en la mayoría de los casos las parten ni saben de la existencia de muchos recursos inútiles que interponen los abogados con el fin de retardar cualquier ejecución.
398          Sentencia de la SCS del TSJ C. L. Nº AA60-S-2003-000864, del 17 de febrero de 2004.
399          Sentencia de la SCS del TSJ C. L. Nº AA60-S-2003-000864, del 17 de febrero de 2004.
400          Artículo 177 de la LOPT.
401          Coordinación Judicial. Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD).
402          Artículo 182 de la LOPT.
403          El otro, es el de la utilización de los medios de prueba contemplados en el CPC.
404           Artículo 183 de la LOPT.
405          Artículo 184 de la LOPT.
406          Artículo 185 de la LOPT.
407          El criterio sobre la tasa a aplicar en el caso de intereses de mora lo expusimos en nuestra sentencia de fecha 03 de junio de 1964. V. Jurisprudencia de los Tribunales de Última Instancia, Oscar R. Pierre Tapia, 1994, Vol. 6, p.p. 147 a 149 ó V. 5.2.5 supra: Del Procedimiento de Juicio.
408          En la Comisión de Desarrollo Social cit… al presentar el proyecto una apelación a dos efectos, señalamos: “Nos parece contrario a la justicia y a la celeridad del proceso que las apelaciones en fase de ejecución se oigan en doble efecto, porque ello equivaldría a suspender la ejecución mientras se resuelve la apelación, dando oportunidad, entre otros, a insolventarse u ocultar los bienes que responderían por la deuda, haciendo nugatorio el derecho reclamado o reconocido por la sentencia ejecutoriada”.
409          Henríquez La Roche, op. cit.; Pérez Sarmiento, op. cit.; González F. Y González G., op. cit.
410          Villasmil Briceño y Villasmil Velásquez, op. cit.; González Escorche, op. cit., Sainz Muñoz, op. cit.
411          En le anteproyecto –artículos 186 a 189– y en el proyecto –artículos 196 a 199– se incluían los sujetos activos (trabajadores que gozan el derecho a la estabilidad, los que no lo tienen y definía los trabajadores permanentes, temporeros, eventuales u ocasionales); esta parte sustantiva se excluyó del texto adjetivo.
412          A las empresas con menos de diez trabajadores no le es aplicable este procedimiento de estabilidad, ni debe el Juez pronunciarse calificando el despido.
413          Artículo 94 de la LOT.
414          Sentencia de la Sala Político-administrativa, de fecha 10 de diciembre de 2003, expediente Nº 2002-0572 (Jurisprudencia del TSJ, Oscar R. Pierre Tapia, 2003, vol. 12, pp. 519 y ss.).
415          Sentencia de la Sala de Casación Social del TSJ, de fecha 30 de julio de 2003, expediente Nº AA60-S-2003-000161, sentencia Nº 505 (Ramírez & Garay, tomo 201, pp. 708 y ss.).
416          Artículo 191 de la LOPT.
417          García Vara, Juan. Estabilidad Laboral en Venezuela, Editorial Pierre Tapia, Caracas 1996, 2da. Edic., p. 84
418          Sentencia Nº 666, expediente Nº AA60-S-2003-000626, del 09 de octubre de 2003.(Ramírez & Garay, tomo 204, pp. 652 y ss.).
419          Artículo 187 de la LOPT.
420          Único aparte del artículo 187 de la LOPT.
421          García Vara, Juan. Estabilidad Laboral en Venezuela, p. 99.
422          Artículo 188 de la LOPT.
423          Artículo 189 de la LOPT.
424          Artículo 188 de la LOPT.
425          Título VII, Capítulo VIII.
426          Primer aparte del artículo 190 de la LOPT “(…) deberá decidir sobre la procedencia o no de lo invocado por el trabajador.”
427          Último aparte del artículo 190 de la LOPT.
428          V. Título VII, Capítulo V de la LOPT.
429          V. supra: Apelaciones para ante el Superior.
430          Artículo 188 de la LOPT.
431          Jurisprudencia Ramírez & Garay, Tomo 201, pp. 708 y ss.
432          Expediente AA60-S-2003-000161, sentencia 505.(Ramírez & Garay, tomo 201, pp. 708 y ss.).
433          Artículo 193.
434          Artículos 200 y 201.
435          Concretamente el doctor Carlos Sainz Muñoz.
436          Artículo 14.
437          Los tribunales llamados a conocer son los Tribunales de Juicio, porque tratándose de derechos y garantías constitucionales, que no aceptan transacción –artículo 25 –LOADGC–, no tiene sentido llevarlos a una audiencia preliminar para mediar una solución.
438          Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del …, sentencia del 09 de octubre de 2003, expediente AP21-R-2003-0000005 (Ramírez & Garay, tomo 204, pp. 19 y ss).
439          Ibídem, sentencia del 28 de octubre de 2003, expediente AP21-R-2003-0000013 (Ramírez & Garay, tomo 204, pp. 27 y ss).
440          Ibídem, sentencia del 09 de octubre de 2003, expediente AP21-R-2003-0000005 (Ramírez & Garay, tomo 204, pp. 19 y ss).
441          Sentencia 07 de fecha 01 de febrero de 2000, expediente Nº 00-0010 (Jurisprudencia del TSJ, Oscar R. Pierre Tapia, año 2000, vol. 02, pp. 9 y ss.).
442          URDD adscrita a la Coordinación Judicial.