Laboral

REQUISITOS DE LA APELACIÓN EN LA AUDIENCIA ORAL



Requisitos de la Apelación en la Audiencia Oral

Juan GARCÍA VARA *
           
Sumario

Introducción

1.- Fases procesales que requieren la forma escrita previa. 1.1 Escrito contentivo del libelo de la demanda. 1.2 Escrito contentivo de la contestación de la demanda. 1.3 Escrito contentivo de la formalización del recurso de casación. 1.4 Escrito contentivo del recurso de control de la legalidad.
2.- Fases procesales que no requieren la forma escrita.
3.- Consideraciones sobre la oralidad en los juicios.
4.- Observaciones a ser seguidas en la audiencia oral en la alzada.
5.- Criterio de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia sobre el tema. 5.1 Contenido parcial de la sentencia. 5.2 Consideraciones de orden doctrinal y legislativo.

Conclusiones


Introducción

            Con este trabajo se pretende destacar la diferencia legal existente en relación con los requisitos que debe cumplir el recurrente para tener acceso a la audiencia en la alzada, en contraposición a los requisitos exigidos a las partes en las otras fases o etapas del juicio, para éstas concurrir a la audiencia preliminar, audiencia de juicio y en las audiencias ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, para sustanciar los respectivos recursos –de casación y de control de la legalidad.  En la primera –la alzada- no se requiere o exige la presentación de una forma escrita; en las otras fases sí hay obligación de presentar previamente un escrito, según se trate, aunque la oralidad priva en todas ellas.

En los procesos laborales ente la primera instancia y la Sala existe un determinante influjo de la oralidad sobre la escritura, pero en el Superior


*Juez Superior del Trabajo. Profesor Postgrado UCV. Magíster Scientiarum UCV. Autor de publicaciones y ensayos. Expositor en congresos, jornadas y talleres en materia laboral.
este predominio se encuentra reflejado con mayor intensidad o proporción que en las otras fases del juicio laboral, cuando se cumple el procedimiento establecido en la LOPT.

El juicio laboral, actualmente, es un proceso mixto –parte oral y parte escrita-, pero se impone predominantemente la oralidad, y esa oralidad se materializa con mayor énfasis en la audiencia de alzada.

Se precisa que para intervenir en el Superior, fungiendo éste como alzada, no se requiere la presentación previa –ni posterior- de un escrito que contenga una pretensión o los fundamentos de la apelación.

En tal sentido, considerando las diferentes fases de un proceso laboral –sustanciación, mediación y ejecución; juicio; alzada; recurso de casación; y, recurso de control de la legalidad- encontramos que a excepción de la  fase que  se cumple en el juzgado superior –actuando éste como segunda instancia-, en todas se requiere –exigencia formal- un escrito para acceder a ellas. Veamos.


1.- Fases procesales que requieren la forma escrita previa.

El proceso laboral está integrado por una primera instancia que se cumple en los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución y en los Tribunales de Juicio, una segunda instancia a cargo de los Tribunales Superiores, y, para concluir, las actuaciones en la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

En el proceso laboral, la normativa adjetiva exige para algunas actuaciones en juicio ciertos requisitos que deben constar en forma escrita.

Para iniciar un juicio en materia del trabajo se requiere la presentación de un escrito llamado libelo de demanda –Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución-; para tener lugar, en principio, a la audiencia de juicio es indispensable presentar un escrito de contestación de la demanda –Tribunal de Juicio-;  para intervenir como recurrente ejerciendo un recurso de casación, es imprescindible presentar un escrito de formalización del recurso –Sala de Casación Social-; por último, para solicitar un recurso de control de la legalidad se debe presentar el escrito correspondiente –Sala de Casación Social- aunque dicho escrito se consigna por ante el juzgado superior que dictó el fallo del cual se recurre, para que éste lo envíe a la Sala, formando parte de las actas procesales.

Si no consta el respectivo escrito previo, no se podrá llevar a cabo la audiencia respectiva.


1.1 Escrito contentivo del libelo de demanda.

           Así tenemos que todo juicio del trabajo debe iniciarse mediante un libelo de demanda que se presenta en forma escrita –no es posible que un Tribunal del Trabajo inicie un juicio de oficio-, a los fines de su admisión por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución, para lo cual el accionante –demandante o actor- debe cumplir con los requisitos previstos por el legislador[1], que señalan que “Toda demanda que se intente ante un Tribunal del Trabajo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución se presentará por escrito”.

Esta exigencia –la escritura- también abarca la presentación de la demandada en forma oral[2], porque el Juez, oída la exposición del reclamante,  ha de reducirla a escrito para su admisión, con lo cual se mantiene el requisito que el libelo conste de manera escrita.

Si el libelo no llenare los requisitos de Ley y conforme el contenido de la disposición adjetiva correspondiente[3] quien acciona estuviera obligado a una corrección, ésta también deberá presentarse en forma escrita.

En resumen, las demandas en esta materia, se presentan por el demandante en forma escrita; no siendo permitido tampoco –no le está dado- al Tribunal del Trabajo, como se indicara en precedencia, instruir por su cuenta el inicio de una demanda.

Este es el presupuesto preparatorio o precedente para que se pueda iniciar un proceso de naturaleza laboral, es decir, siguiendo el procedimiento previsto por el legislador en la LOPT. Esta exigencia laboral no exime a la parte actora que adicionalmente exponga, de manera oral, sus pretensiones cuando se da inicio a la audiencia de juicio.


1.2 Escrito contentivo de la contestación de la demanda.

En cuanto a la actividad a cumplirse en el Tribunal de Juicio, también la disposición adjetiva correspondiente[4] exige la utilización de la forma escrita, cuando sienta como obligación para el demandado que debe “consignar por escrito la contestación de la demanda”.

En ambos casos –escrito contentivo del libelo de la demanda y escrito contentivo de la contestación de la demanda- no queda excluida por dichos escritos, la obligación de la exposición oral en la fase de la audiencia de juicio[5] –al inicio-, sólo que la escritura es un requisito esencial –una exigencia formal-,  impuesta por el legislador. Por ello, si no hay demanda escrita no hay inicio del juicio; si no hay contestación escrita se termina el proceso.


1.3 Escrito contentivo de la formalización del recurso de casación.

 Las actuaciones en la Sala de Casación Social del TSJ también están marcadas por este requisito de la escritura.

Si la comparecencia a la audiencia en la Sala es por un recurso de casación, debemos anunciar por escrito el recurso por ante el Tribunal Superior[6] y presentar tempestivamente por ante la Sala, el escrito conteniendo los términos de la formalización[7], lo que no excluye la obligación del recurrente en casación de comparecer a la audiencia oral y exponer oralmente su pretensión[8]. Si el recurrente en casación no formaliza por escrito no hay recurso de casación, se entiende perecido[9]; pero si formaliza y luego no comparece a exponer oralmente en la audiencia, se entiende desistido el recurso de casación[10]

No se trata, como fue en el pasado, una secuencia de actuaciones mediante la presentación de escritos –formalización,  contestación, réplica y contrarréplica-, sino un único escrito obligatorio  –formalización o también denominado escrito razonado- y otro de orden potestativo –argumentos para contradecir la formalización-, pero estableciendo el legislador, en ambos casos, limitaciones de extensión[11]. Adicionalmente, y como requisito de formalidad, contempla la normativa exposiciones orales en la audiencia ante la Sala; ahora hay actuaciones escritas y actuaciones orales.


1.4. Escrito contentivo del recurso de control de la legalidad.

Si la presencia en la Sala se debe al ejercicio del recurso de control de la legalidad, debemos solicitar el recurso por ante el Tribunal Superior que dictó el fallo contra el cual se recurre, presentando el escrito contentivo del recurso de control de la legalidad[12], lo que no exime la obligación del recurrente en control de la legalidad de exponer oralmente su pretensión en la audiencia ante la Sala. Si no presenta solicitud escrita en el Juzgado Superior no hay recurso de control de la legalidad; si presenta el escrito contentivo del recurso de control de la legalidad y luego no comparece a la audiencia oral en la Sala, se entiende desistido el recurso, porque estas audiencias se tramitan en los mismos términos establecidos para el recurso de casación, esto es, escrito y exposición oral.


2.- Fases procesales que no requieren la forma escrita.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su exposición de motivos, en relación con el procedimiento a seguir en la segunda instancia, contempla que dicha audiencia se llevará a cabo “oralmente en todos sus estados”, que es el propio Tribunal Superior quien “fijará el día y la hora de la celebración de la audiencia oral”, para culminar señalando que el recurrente deberá acudir a la audiencia oral “para formular sus alegaciones”, las cuales, claro está, deberán exponerse oralmente.

            De esta manera, resulta indubitable la intención del legislador de exigir en la segunda instancia en los procesos laborales una actividad procesal ceñida, apegada en todo a la oralidad, como principio que orienta e identifica el nuevo derecho procesal del trabajo[13], donde la escritura no tiene cabida como forma primaria, sino como un corolario, en todo caso, de lo que ha de alegarse oralmente. En esta fase ante el juzgado superior, la escritura no puede sustituir el mandato de hacer la exposición en forma oral. No se exige ninguna forma escrita previa para comparecer a la audiencia oral en la alzada, como sí ocurre en los casos mencionados en precedencia[14].

            Consecuente con lo expuesto arriba, resulta fácil concluir, que el proceso laboral está imbuido del principio de la oralidad, como forma de predominio, no de exclusividad, pero particularmente, por lo que atañe a las actuaciones relativas a la apelación para la audiencia oral, no se requiere ninguna forma escrita previa para acudir a ella y sí se exige la exposición oral que exprese los fundamentos de la apelación.

La exigencia en el Superior es la oralidad (la exposición oral), no la presentación de escritos.

            Ahora bien, el hecho que se exija la oralidad como forma de expresarse en las actuaciones en la audiencia de la alzada, no prohíbe que la parte interesada presente, previamente a la audiencia oral, un escrito que contenga los fundamentos sobre los cuales se base el recurso, pero esto no exime al apelante de exponer oralmente los fundamentos de su apelación, al extremo que lo que ha de considerar el juez de alzada es el contenido de la exposición oral y no la del escrito que pudo haberse consignado; por esto, la exposición oral no tiene que coincidir necesariamente con el texto del escrito, porque lo que priva es el contenido de la exposición oral.

            En efecto, el contexto de un escrito que se acompañe, conteniendo las razones de la apelación, no limita la exposición oral en la audiencia en la alzada, pudiendo coincidir el escrito con la exposición oral, o ajustarse parcialmente a ésta, o ignorarlo al alegar oralmente razones distintas a las reflejadas en el escrito; en suma, lo que debe considerar el Juez para decidir es el contenido de la exposición oral, y lo que debe esperar el apelante que le decidan es lo expuesto oralmente en la audiencia de alzada.

            De esta manera, en criterio del autor de este trabajo, no es posible presentar un escrito con el fundamento de la apelación y luego, en la oportunidad de la audiencia oral en la alzada, remitir al juez al escrito cursante a los autos; no, los fundamentos hay que exponerlos oralmente, de viva voz, frente a toda la audiencia.


3.- Consideraciones sobre la oralidad en los juicios.

            Sobre el valor de los escritos y las exposiciones orales en las audiencias se ha pronunciado la Sala Constitucional del TSJ[15], así:

(…) no le es dado a los intervinientes presentar escritos (…) siendo las audiencias orales las únicas oportunidades para exponer lo que crean conveniente.
  (…)
En consecuencia, a las partes no se les recibirá argumentos, ni pedimentos escritos siendo la audiencia oral la única oportunidad para exponer.”

            Las actuaciones en los procesos orales que se ventilan en las Salas Constitucional y de Casación Social se llevan a cabo en forma oral, no siendo suficiente a las partes presentar únicamente escritos con los alegatos que deben exponerse verbalmente.

             En materia procesal era frecuente leer y oír el aforismo jurídico consistente en sostener que lo que no estaba en el expediente en forma escrita no estaba en el mundo[16], o como expresó el tratadista y profesor Mauro Capelletti “Inexistencia jurídica de todo acto procesal que no hubiese asumido la forma escrita”[17], porque los juicios se ventilaban antes bajo la modalidad de la escritura total, todo tenía que constar en forma escrita, no aparecía la oralidad, ni siquiera circunstancial o parcialmente.

En nuestro abrogado procedimiento laboral[18], todos los actos eran escritos, hasta la declaración de testigos, pues a pesar que el declarante deponía verbalmente, su dicho se copiaba textualmente en un acta, que era lo que después leía el Juez –al mes, al año, a los seis años-; porque tampoco regía el principio de la inmediatez o inmediación, de hecho, los jueces usualmente no presenciaban los actos de absolución de posiciones juradas –hoy no permitidas-, ni la de los testigos que rendían declaración en el tribunal.

            Con la oralidad –que en nuestro proceso alcanza su mayor manifestación en las audiencias –preliminar, juicio y en la alzada- se produce un verdadero cambio, se da al traste con lo que hemos llamado “el litigio a distancia”, se introduce una manera de representación judicial por abogado, donde predomina la forma oral, donde en algunas etapas o fases del juicio prácticamente no se advierten actuaciones escritas de las partes, como sería en las audiencias preliminar y de alzada; de ahí la importancia de la argumentación o requisito de la apelación en la audiencia oral. Es requerimiento del razonamiento o fundamento de la apelación en la alzada, hacerlo de manera oral, no siendo potestativo de las partes intervenir mediante escritos, utilizando la forma escrita de manera absoluta, ni parcialmente. Se hace necesario, vital, emplear la oralidad.


4.-Observaciones sugeridas para ser seguidas en la audiencia oral en la alzada.

No es posible limitar la intervención oral en la alzada utilizando únicamente frases como: “apelo de lo que no favorece a mi representado”, “apelo de la sentencia por no estar de acuerdo con su contenido”, “solicito se revise todo el fallo de la primera instancia”, o “fundamento la apelación en lo expuesto en el escrito de fecha tal”

            Por eso los abogados que asisten a las audiencias orales deben prepararse muy bien, porque la verdad es lo que percibe el juez, no lo que sabe el abogado si no logra comunicárselo. Para que el Juez pueda captar lo que quiere trasmitir el abogado, éste debe venir preparado a la audiencia; estando en ella, no puede comenzar a buscar papeles y estudiarlos para argumentar frente al Juez. Hay que recordar que para la exposición oral en la alzada el juez superior limita la exposición de las partes a un tiempo determinado, que en casos muy precisos y no frecuentes, puede ser extendido.

            El autor Kenney Hegland, había expresado que en el juicio oral no hay que impresionar, la tarea es convencer, concluyendo en su reflexión que convence más señalar hechos que clamar justicia[19]. La escritura sirve para comunicarse entre ausentes; los presentes usan la palabra hablada[20].

            De nuestra experiencia en la alzada se constata o evidencia que los abogados que se encargan de representar intereses en los procesos orales que se siguen por el procedimiento pautado por el legislador en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no se han capacitado suficientemente, en su mayoría, para su intervención directa en un proceso oral.

            Muchos abogados han estudiado exhaustivamente el articulado de la Ley Adjetiva Laboral, han hecho interpretaciones y estudios que han reflejado en diversas obras escritas; pero no se han preparado para los juicios orales.

            Para algunos, los menos por ventura, la oralidad pudiera entenderse como la lectura de un escrito; que lo importante, lo que priva, es la labor intelectual de análisis y valoración de los hechos, que es lo trascendente en toda confrontación de derechos, siendo de interés menor que los juicios se rijan por el principio de la oralidad; que no importa cómo se expresa una posición, lo importante es hacerlo.

            Pues bien, estas afirmaciones expresadas supra, no pueden, en su contexto general, considerarse como absolutamente inexactas, sólo que de seguirlas, como se hacía en el pasado, se traducen en exagerados retardos procesales; cuando se dictaba la sentencia que pretendía imponer justicia, ya era tarde. 

En  la  fase  de  la  segunda instancia como alzada, la oralidad –absoluta en la intervención de terceros y compartida con la escritura en la relación con el juzgador- e una administración de justicia expedita y más apegada a la realidad de los hechos, que la forma escrita.

            La escritura permite exponer de manera fría, sin inmutarse, hechos que ciertamente no pertenecen a la realidad o verdad, son mentiras; la exposición oral no puede contener con tanta facilidad una falsedad. De ahí que actualmente se venga imponiendo la oralidad como forma de expresión judicial en todas las jurisdicciones[21].

            La oralidad en la alzada no es una representación teatral, el Juez no debe –no puede- dejarse impresionar por la oratoria del abogado, utilizando éste de la retórica.

            Al Juez Superior lo que le interesa oír en la audiencia oral son los hechos o afirmaciones de la sentencia de primera instancia con los que no está de acuerdo el apelante; no con lo que acepta el recurrente o con lo que no formó parte de la controversia. En la primera instancia se hacen recuentos de la relación entre actor y demandado; en la segunda instancia se hace una revisión de los aspectos sobre los cuales no está de acuerdo el que recurre.

            Sólo se puede acudir en alzada para pedir oralmente la revisión de lo que no favorece los intereses del mandante o poderdante.

            Pero esa forma oral en la alzada, sin lectura ni presentación de escritos, no puede entenderse como la manifestación mayor de una improvisación, para ir diciendo lo que se le vaya ocurriendo al abogado en el curso de su intervención.

Sostiene Humberto Cuenca: “El proceso oral requiere jueces y abogados de gran capacidad mental, experiencia y preparación jurídica”[22].

            La intervención debe tener una ilación casi perfecta, puntualizando de manera clara y expresa cada punto o asunto decidido por la primera instancia y con el que no se está de acuerdo, razón de la interposición del recurso. El apelante debe referirse a los aspectos que quiere sean revisados, considerando que las intervenciones individuales –regularmente- están limitadas a un tiempo que no excede de 10 minutos, por eso la claridad y concreción.

            La contraparte del apelante –si hace uso de su derecho a intervenir- debe seguir la secuencia desarrollada por el apelante, para contradecir o rechazar cada cuestión esgrimida por el recurrente; debe limitar su intervención oral a exponer para contrarrestar, contradecir, atacar los fundamentos expuestos oralmente por el apelante, reforzar lo acordado por el a quo, en favor del derecho que representa. La contraparte del recurrente debe referirse exclusivamente a los fundamentos expuestos por el apelante, dentro del mismo tiempo otorgado al recurrente para la intervención oral.

Si la conducta procesal del apelante en la audiencia oral se circunscribe a lo expuesto en precedencia, esto es, señalar concretamente las cuestiones decididas en el fallo impugnado con las que no está de acuerdo, sin lugar a dudas el juzgador se encuentra obligado a pronunciarse sobre ellas; a decidir conforme a lo fundamentado por el apelante, siempre y cuando esto esté alegado y probado a los autos. Así, el Juez de alzada podrá decidir y pronunciarse sobre cada uno de los temas llevados a su consideración por virtud de la apelación.


5.- Criterio de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia sobre el tema.

            Hemos desarrollado supra la importancia de la oralidad en las audiencias en la alzada, al extremo, que con base en la doctrina que surge –incluso- de la exposición de motivos de la LOPT, la interpretación que hace la Sala Constitucional del TSJ sobre los argumentos escritos en la audiencias orales[23] y el tratamiento seguido por los Juzgados Superiores[24], no hay duda sobre la importancia de la exposición oral en la alzada, privando sobre la forma escrita; pero, recientemente aparece otro criterio –distinto-, surgido de la Sala de Casación Social, donde pareciera que la escritura se impone sobre la oralidad, o, dicho en otros términos, la oralidad esta supeditada o limitada por lo que se exprese mediante la forma escrita.

5.1 Contenido parcial de la sentencia.

En efecto, la Sala, en fallo de fecha 11 de diciembre de 2007[25] dispuso que:

En nuestro proceso laboral por mandato de artículo 161 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ‘la apelación se propondrá en forma escrita ante el Juez de Juicio’, e igualmente se dispone en el artículo 163 que deberá celebrarse una audiencia oral para resolver la misma. Surgen entonces, las siguientes interrogantes ¿cuál es la oportunidad que debe ser considerada a los efectos de circunscribir el ámbito de la apelación?, ¿es el momento en que se propone la apelación en forma escrita, o es la ocasión en la que se lleva a cabo la audiencia de apelación?

Considera esta Sala que la oportunidad que definitivamente deberá ser tomada en cuenta para el establecimiento de los puntos sometidos a apelación es el momento en que ésta es propuesta en forma escrita y de allí que sea determinante para la aplicación del principio tantum devolutum quantum appellatum la forma en que sea planteado el recurso; si es de manera genérica, el juez adquirirá pleno conocimiento de la causa, en caso contrario deberá limitar su examen a los aspectos especificados en el escrito de apelación. Ante tal afirmación, conviene profundizar en las razones que la motivan y para ello es necesario comprender el sentido y los límites del principio de la oralidad contenido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

(…)

Como bien puede apreciarse, la oralidad es entendida como un instrumento que permite la efectiva realización de la justicia, el cumplimiento del fin social de la misma y un instituto procesal fundamental porque garantiza el principio de inmediación que a su vez humaniza el proceso, permitiéndole al Juez obtener una percepción directa y clara de los hechos controvertidos y a las partes una mejor defensa de sus derechos e intereses. Tal propósito no puede ser desvirtuado para convertirse en un rigorismo que traiga como consecuencia que todo lo que no sea expresado oralmente carezca de validez y por ende sea ignorado por el juzgador.

(…)

Del estudio del presente caso, se evidencia que ambas partes ejercieron el recurso de apelación en forma escrita y genérica, por lo que correspondía a la Juez de Alzada conocer la causa en toda su extensión y no limitarla a los aspectos sobre los cuales manifestaron su inconformidad los recurrentes en la audiencia de apelación. Sin embargo, la Juez consideró que las cuestiones sometidas a su pronunciamiento quedaron expresadas en la audiencia de apelación y sólo en cuanto a ellas profirió su fallo, bajo el entendido que los aspectos restantes al ser decididos por el a quo y no ser sometidos a su conocimiento, se encontraban inmutables y con autoridad de cosa juzgada. (…)”


5.1 Consideraciones de orden doctrinal y legislativo.

La exposición de motivos de la Ley Adjetiva y las normas contenidas en dicha Ley, señalan de manera indubitable que la oralidad es el principio fundamental y principal pilar de este nuevo procedimiento en materia laboral; es el elemento que orienta el proceso del trabajo y, particularmente, el  procedimiento. Veamos.

Los términos del fallo fueron considerados en foros y conversaciones con profesores, jueces y litigantes, concluyendo que el criterio expuesto en la sentencia trastoca los principios que orientan el derecho procesal del trabajo, entre los que se mencionan, en la CRBV, la gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, equidad, rectoría del juez en el proceso (constitucionales), y en la LOPT, la uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos, equidad, insistiendo que el proceso será oral, breve y contradictorio, para concluir que sólo se admitirán las formas escritas previstas en la LOPT

La exposición de motivos de la LOPT hace alusiones directas a la utilización de la forma oral como forma regular de la sustanciación de un proceso de naturaleza laboral, destacándose que la oralidad, junto con la inmediación y la concentración “son tres de los pilares fundamentales del moderno proceso laboral venezolano.”

  El legislador ha querido sustituir en el proceso laboral la forma escrita, imponiendo la oralidad como mecanismo preferente, que priva y orienta estos juicios del trabajo, porque el sistema anterior era “escrito, lento, burocrático y tardío”

En la propia exposición de motivos se señala que “nuestro proceso laboral está caracterizado por ser un proceso excesivamente escrito, lento, pesado, formalista, mediato, oneroso y no provechoso, para nada, a la justicia.”, para agregar que “la oralidad permite que los actos procesales se realicen de viva voz” y, sostiene, además, que “La estructura fundamental del proceso laboral, descansa sobre la base del principio de la oralidad”.

Se lee también en la citada exposición de motivos que “La oralidad, como principio básico, rige y condiciona todas las actuaciones procedimentales”, para enfatizar de modo terminante y definitivo que “La manera más clara en que se concreta este principio se encuentra en la propia existencia de un proceso oral, en el que de forma verbal se exponen la alegaciones de las partes.” (subrayado por quien suscribe este trabajo).

Se aprecia, del mismo modo, en la exposición de motivos que “Este principio (se viene refiriendo a la oralidad) no consiste tan sólo en que las alegaciones de las partes, las declaraciones de testigos y peritos deban hacerse en forma oral, sino en que también las determinaciones del Tribunal serán dictadas y dadas a conocer oralmente”, para culminar que “El sistema establecido en la Ley, desarrolla el principio de la oralidad a través de la audiencia.”

En otro orden de ideas, la exigencia de la exposición oral de lo pretendido por la respectiva parte, no se traduce en un examen de memoria, ni del llamado caletre, pues se permite, de hecho todos lo usan, un papel “ayuda memoria”, que sirve de orientación o favor al expositor.

Lo que sí se ha logrado, con la exigencia de exponer oralmente en la alzada los fundamentos de la apelación, es que se ha erradicado definitivamente el ejercicio de la profesión desde el bufete o escritorio jurídico, porque para exponer oralmente en la audiencia en la alzada, se requiere que primero el abogado se haya dedicado al estudio y solución del caso, y luego venir a la audiencia oral a explicar su pretensión. Se ha dado al traste con lo que hemos llamado “el litigio a distancia”; no se puede enviar a un abogado que no conoce el caso, para comparecer en la alzada y sólo indicar que el fundamento de su apelación está en la diligencia de apelación.

Ahora bien, si la CRBV establece el principio de oralidad como orientación en los procesos laborales y así lo ratifica el legislador en la LOPT, artículos 2 y 3, no puede privar la escritura.

Ciertamente, en la LOPT se exige la forma escrita para algunas actuaciones: libelo, escrito de pruebas, contestación de la demanda, interposición de la apelación y de recursos,  escrito de formalización de para el ejercicio del recurso de casación y escrito de solicitud del recurso de control de la legalidad, sentencia, estas formas escritas van acompañadas de la actuación oral, salvo, por ejemplo, la promoción de pruebas o la interposición de recursos; pero en modo alguno exige que la interposición de la apelación para ante el Superior debe incluir en forma escrita los términos o alcance de dicha apelación.

Si para las partes en la alzada la escritura privara sobre la oralidad, el juez también pudiera hacer privar la escritura sobre la oralidad y cambiar incluso los términos del fallo pronunciado en forma oral, lo cual sería –indubitablemente- contrario a derecho, pues la exigencia legal de la comparecencia el apelante en la audiencia oral es para que de viva voz y en ese momento se enteren –actor y demandado- del dispositivo que luego será reproducido en la sentencia en extenso. La sentencia escrita que contiene además de la parte dispositiva expresada oralmente, la parte motiva sobre los hechos y el derecho, viene a representar la materialización del resultado final del juicio oral, pero lo decidido por el juez se obtiene, en primer lugar, de la exposición oral del dispositivo.

Ahora bien, no compartimos el último criterio de la Sala[26], porque de aceptarse, estaría limitando la posibilidad del apelante, que tendría entonces que estampar su diligencia de apelación agregando los puntos que a su decir deben ser modificados por el Superior; no dispondría del tiempo necesario para su evaluación, habida cuenta que de los cinco días que se dan para interponer la apelación, las partes no disponen del primer día siguiente para ver el expediente en el archivo, a veces ni al comienzo del cuarto día, con lo cual, regularmente, el lapso se reduciría para la intención de la sentencia a tres días y  medio, para leer la sentencia y establecer los fundamento de la apelación. Sería  más cómodo apelar de todo el fallo, a pesar que sólo se difiera por algún o algunos puntos precisos, porque con ello permitiría al recurrente prepararse para la audiencia en la alzada y agregar todos los demás puntos que no advirtió en los tres días y medio.

             Más jurídico y cónsono con los principios sociales del Derecho del  Trabajo, tratándose además de un proceso oral, es dejar que el recurrente en la audiencia correspondiente señale de viva voz cuál o cuáles son los puntos que adversa del fallo de la primera instancia. Sostener el criterio expuesto en la sentencia de la Sala equivaldría a pensar y sustentar que al momento de anunciar el recurso de casación, el recurrente debe indicar en su diligencia los motivos de la formalización, con lo cual quedaría inútiles los veinte días otorgados para redactar y presentar el escrito contentivo de los motivos de la formalización del recurso de casación. No fue este el propósito del legislador.

            En resumen, reiterando lo expuesto supra, pensamos que el recurrente dispone de toda la libertad para presentar en la audiencia de alzada los fundamento de su apelación, independientemente de lo que haya podido incluir en su diligencia de apelación o por escrito adicional.

Conclusiones

·      La Ley Adjetiva Laboral no exige ningún requisito de escritura para  interponer el recurso de apelación para ante el Superior y comparecer a la audiencia oral, salvo por lo que se refiere a la manifestación de apelación, estampada tempestivamente, en forma simple, en una diligencia o en un escrito.

·      El legislador con esta forma de interponer el recurso o apelación excluyó requisitos formales y facilitó la revisión de la sentencia del a quo; pero en contraposición a esto, los abogados que comparecen a la audiencia oral en el Superior deben extremar su preparación para la exposición oral.

·      Las actuaciones en la alzada se limitan a exposiciones orales de las partes; a señalar de viva voz los fundamentos de la apelación o los alegatos de contradicción de la contraparte, sin presentación de escritos, ni pruebas –como ha establecido el legislador en la exposición de motivos de la LOPT[27]-, salvo en los casos de justificación de incomparecencia a la audiencia preliminar o a la audiencia de juicio, presentando como excusa el caso fortuito o la fuerza mayor o cualquier otro acto asimilable a éstos.

  




[1] Artículo 123 LOPT.
[2] Parágrafo Único eiusdem.
[3] Artículo 124 eiusdem.
[4] Artículo 135 LOPT.
[5] Artículo 152 ibid   
[6] Artículo 169   “      
[7] Artículo 171   “
[8] Artículo 173   “
[9] Artículo 171   “
[10] Artículo 173  “     
[11] Artículos 171 y 172 “
[12] Artículo 178 ibid.       
[13] Principio contemplado en los artículos 257 y Disposición Transitoria 4.4 CRBV; 2 y 3 LOPT.
[14] Ver 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4.
[15] Sentencia de fecha 12 de mayo de 2003, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente N° 03-0817, sentencia N° 1090, caso José Benigno Rojas Lovera y otro.
[16] «quod nom est in actis non est de hoc mundo»
[17] La Oralidad y las Pruebas en el Proceso Civil.
[18] Seguido por las disposiciones de la LOTPT y del CPC.
[19] Manual de Prácticas y Técnicas Procesales, Editorial Heliasta, Buenos Aires 1995, 2ª Edición, pp. 72 y
    45, en ese orden.
[20] Chiovenda, citado por Humberto Cuenca, Derecho Procesal Civil, Caracas 1965, tomo I, p. 244.
[21] Artículo 859 CPC.
[22] Derecho Procesal Civil, Caracas 1965, Tomo I, p. 243.


[23] Sentencia de fecha 12 de mayo de 2003, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero,
    expediente N° 03-0817, sentencia N° 1090, caso José Benigno Rojas Lovera y otro.
[24] Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.
[25] Sentencia N° 2469, expediente AA60-S-2006-001963.
[26] Sentencia N° 2469, expediente AA60-S-2006-001963.
[27] “Es de resaltar que ya no se admite ningún tipo de pruebas en segunda instancia, ni siquiera los instrumentos públicos, pues el amplio debate desarrollado en primera instancia no lo justifica.”